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Por Butros Nicola Bazia desde Yuba (Sudán del Sur)
Sudán del Sur, independizado de Sudán en 2011 tras dos décadas de guerra civil, se encuentra en el precipicio debido a otro conflicto que comenzó a finales de marzo de 2025, cuando la escalada de tensiones entre el presidente, Salva Kiir, y el vicepresidente primero, Riek Machar, amenazó con deshacer el frágil Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en Sudán del Sur (R-ARCSS), firmado en 2018. Las tensiones de marzo, que condujeron al arresto domiciliario de Machar, no solo han desestabilizado al Gobierno Transitorio de Unidad Nacional, sino que también han desencadenado una retirada de la presencia diplomática extranjera.
El R-ARCSS, rubricado para poner fin a una guerra civil que causó la muerte de casi 400 000 personas, estableció un Gobierno de poder compartido con Kiir como presidente y Machar como vicepresidente primero. Sin embargo, la aplicación del acuerdo se ha visto obstaculizada por la desconfianza mutua y los retrasos en disposiciones claves. Las tensiones estallaron en febrero de 2025, cuando los enfrentamientos en el estado del Alto Nilo entre las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF) y el Ejército Blanco, alineado con los nueres y vinculado al Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés en Oposición (SPLM-IO), de Machar, causaron 21 muertos y miles de desplazados.
El 26 de marzo de 2025, un convoy de 20 vehículos, encabezado por el ministro de Defensa, entró en la residencia de Machar en Yuba, desarmó a sus guardaespaldas y los puso a él y a su esposa, la ministra del Interior, Angelina Teny, bajo arresto domiciliario, acusados de incitación a la rebelión. Esta acción ha «cuestionado la aplicación del acuerdo y la legalidad del arresto domiciliario forzoso», afirma Mad Gabriel, analista político sursudanés. El SPLM-IO condenó la medida como una «flagrante violación» del R-ARCSS. El Gobierno de Kiir confirmó la detención dos días después, alegando que Machar estaba agitando la guerra civil para desbaratar las elecciones, ahora aplazadas a diciembre de 2026.
La detención de Machar marca una ruptura crítica en la relación entre los dos principales políticos sursudaneses, que ha oscilado entre una cooperación incómoda y un conflicto abierto desde la guerra civil de 2013. Las medidas adoptadas por Kiir, entre ellas el nombramiento de Benjamin Bol Mel –sancionado por EE. UU.– como vicepresidente segundo, y la invitación a las tropas ugandesas a asegurar Yuba, apuntan a un intento de consolidar el poder en detrimento de Machar. Gabriel advierte que sustituir al vicepresidente primero, como se intentó en 2016, cuando huyó de Yuba y estalló una guerra civil, puede «poner en peligro el acuerdo».
La reforma del sector de la seguridad y los preparativos electorales, componentes críticos del R-ARCSS, están estancados. Gabriel destaca la afirmación de Kiir de que el embargo de armas de la ONU desde 2018 obstaculiza la integración de las fuerzas de la oposición en el SSPDF, mientras que el SPLM-IO culpa a Kiir de la falta de financiación del proceso. «Los partidos alineados con Kiir carecen de interés en la reforma, preocupados solo por beneficiarse de este sistema colapsado», afirma el analista, que apunta a un desinterés similar por parte del SPLM-IO, entre otros.
También preocupan los retrasos electorales. El aplazamiento de las elecciones a diciembre de 2026, anunciado en 2024, incluye tareas incompletas como el censo y el registro de votantes. Gabriel argumenta que esto refleja un «patrón de una década de retrasos políticos» para mantener el statu quo, como se vio en el acuerdo no aplicado de 2015. La retórica de paz de ambas partes oculta acciones que perpetúan el estancamiento y socavan el período de transición, que finaliza en febrero de 2027.
El actual contexto ha tensado también los lazos diplomáticos de Sudán del Sur, con el cierre temporal de la embajada de Alemania el 22 de marzo de 2025, al que siguió, el 17 de abril, la clausura permanente de la delegación de Países Bajos, en ambos casos como señal de protesta por la intransigencia del Gobierno. Mad Gabriel señala que los líderes de Sudán del Sur «carecen de voluntad política para aplicar el acuerdo de paz debido a la codicia y la mala gestión». Las tres prórrogas del periodo transitorio, añade, han convencido a aliados como Alemania de que «el Gobierno no quiere celebrar elecciones». Estos cierres amenazan la entrada de ayuda, fundamental para 9,3 millones de personas –el 69 % de la población– que necesitan asistencia. La reducción de personal en la embajada estadounidense, de la que se informó en abril de 2025, reduce aún más las perspectivas de que los donantes vuelvan a comprometerse con el país.
La supervivencia del R-ARCSS pende de un hilo, ya que Sudán del Sur corre el riesgo de sufrir una nueva guerra civil. Para explicar esto, Gabriel cita los continuos enfrentamientos en Unity, Alto Nilo y Ecuatoria, motivados por disputas como el conflicto de la sustitución de los soldados en Nasser, los ataques del Ejército a las fuerzas del SPLM-IO y el colapso económico tras la explosión de un oleoducto en Sudán en 2024. «La falta de confianza entre las partes, la violencia local y las deserciones de militares han contribuido a retrasos significativos» y hacen inviable el reparto del poder, afirma Gabriel.
El aplazamiento de las elecciones se considera una táctica para extender el poder, lo que erosiona aún más la confianza de todos los actores. Gabriel advierte de que los problemas no resueltos -crisis económica, disputas militares y la táctica del palo y la zanahoria de Kiir contra la oposición- podrían revivir la violencia de 2016, con la resistencia de los leales a la sustitución de Machar alimentando el conflicto.
Para evitar el colapso, Gabriel propone la celebración de una conferencia inclusiva con la participación de las fuerzas políticas, la sociedad civil y los grupos de oposición de la Plataforma de Roma con el objetivo de fijar un calendario electoral. El historial de Gobiernos de transición fallidos en Sudán del Sur desde 2011 hace necesario este cambio. «La ausencia de elecciones desde la independencia demuestra que el reparto del poder ha fracasado», argumenta. Un gobierno tecnocrático, con el mandato de supervisar las elecciones y disolverse tras los comicios, podría romper el ciclo. Los actores regionales –como el IGAD– o la ONU deberían patrocinar y mediar en esta conferencia, venciendo la resistencia de las facciones del Gobierno de Unidad Nacional que se aferran al poder.
Sudán del Sur se enfrenta a tres escenarios: una reactivación del R-ARCSS, poco probable dada la consolidación de Kiir; el estancamiento o la continuación de la violencia de perfil bajo, más probable; o la guerra civil, alimentada por las tensiones étnicas y la intromisión regional. La propuesta de una conferencia inclusiva abre cierta esperanza, pero requiere una cooperación sin precedentes. Sin ella, Sudán del Sur corre el riesgo de quedar aislado, con recortes de ayuda que agravarían su crisis humanitaria: 7,1 millones de personas se enfrentan a la inseguridad alimentaria y acercan al país al colapso.
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