El cabo olvidado de Mozambique

El abandono, la violencia y la explotación del gas conviven en Cabo Delgado

La región de Cabo Delgado, en el noreste del país, es uno de los enclaves más vulnerables de la región: factores como pobreza, desempleo y falta de perspectivas para los jóvenes, se suman al papel agresivo de las multinacionales que explotan los recursos naturales, así como al aumento del extremismo desde 2017.

«Ha cambiado hasta el color del agua». Renaro, el marido de Tomassa da Pinto, contesta al mensaje de voz con resignación: «Primero fueron los empresarios, después los radicales y ahora la COVID-19. Nuestro paraíso está desapareciendo desde hace varios años. Nadie nos protege. Tampoco los dioses». 

Hace dos décadas esta pareja decidió apostar por dedicarse a a los turistas despistados que llegaban a Cabo Delgado, esta región infranqueable del noreste de Mozambique bañada en playas cristalinas y colmada de una naturaleza exuberante. Había para todos y por eso decidieron cambiar su pequeño huerto de subsistencia por alojamientos rudimentarios con vistas al océano Índico. 

A partir de 2010, los meticales, la moneda mozambiqueña, se triplicaban y entraban a borbotones en la casa de Renaro. Él no sabía la razón, pero sí TOTAL, la petrolera francesa, que informaba de la presencia de importantes yacimientos de gas en la región. Visitas de políticos, embajadores y prensa internacional disfrutaban de los zumos naturales y del arroz cocido con agua de coco cocinado por Tomassa. Hoy este proyecto de gas licuado, que comenzará a rodar en 2024, es la mayor inversión extranjera directa en África. A lo largo de 25 años generará aproxima-damente 50.000 millones de dólares de ingresos para el Gobierno de Mozambique. En la zona ya han izado sus banderas la multinacional italiana Eni y la estadounidense Anadarko.

En un momento en el que Mozambique todavía estaba involucrado en un largo proceso de negociación destinado a poner fin al conflicto que siguió a los resultados de las elecciones generales de 2014, el país quedó atónito. El 5 de octubre de 2017 saltaba la noticia de un ataque armado contra instituciones estatales en la capital del distrito de Mocímboa da Praia, en la provincia de Cabo Delgado. Esta acometida por parte de un grupo desconocido que afirmaba practicar el islam radical, fue un fenómeno con implicaciones políticas, sociales y económicas para el país. Renaro y Tomassa desde entonces viven como desplazados, ahora cerca de la frontera con Malaui, del que fuera su paraíso.

Los orígenes de la inestabilidad 

Desde octubre de 2017, un grupo terrorista llamado Al-Shabaab, supuestamente afiliado al autodenominado Estado Islámico de la Provincia de África Central, ha lanzado más de 500 ataques violentos en la provincia de Cabo Delgado aterrorizando a la población local. Las cifras asustan.  La Unión Europea (UE) emitió el pasado 17 de septiembre un comunicado advirtiendo sobre la grave situación: más de 1.500 muertos, más de 250.000 personas están desplazadas y más de 700.000 necesitan asistencia. Amnistía Internacional, por su parte, subrayaba recientemente que en los primeros cuatro meses de 2020 los ataques violentos aumentaron un 300 % en comparación con el mismo período de 2019. 

Los actuales problemas de seguridad agravan aún más la ya frágil -situación humanitaria, debido a los altos niveles de pobreza y diversas crisis climáticas. De hecho, Mozambique ha sido víctima de devastadores desastres naturales en los últimos años, incluidos dos grandes ciclones en 2019, Idai y Kenneth. Para Sérgio Chichava, profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración Pública de la Universidad Eduardo Mondlane, en Maputo, esta situación en Cabo Delgado tiene en el abandono institucional una de las claves. «La incapacidad del Estado y el Gobierno para enfrentar la pobreza, el desempleo y la falta de perspectivas para los jóvenes, sumado a la brutalidad policial en el contexto de la instalación de empresas explotadoras de recursos naturales en Cabo Delgado, como es el caso de Montepuez Ruby Mining (MRM), crearon condiciones favorables para la penetración de los islamistas».

Para el investigador mozambiqueño Alberto Ernesto, integrante del proyecto Territorios en conflicto, es importante matizar el concepto de terrorismo. «Tengo mis dudas de si realmente lo que ocurre es terrorismo internacional, aunque hay informes de la existencia de algunos extranjeros dentro del grupo de insurgentes que, en mi opinión, no son más que mercenarios a sueldo, de forma similar a lo que hacen las Fuerzas Armadas del Gobierno con rusos, sudafricanos e, incluso, zimbabuenses».

Sin embargo, con una extensión similar a la de Andalucía y más de dos millones de habitantes, la violencia de la actual etapa neoliberal y extractivista en la provincia de Cabo Delgado se tiene que entender en un contexto histórico más amplio que no difiere tanto de otros períodos en la historia. Primero: la colonización en busca de recursos por parte de grandes empresas, como la Compañía de Niassa, y el propio régimen colonial portugués. Segundo: durante la lucha por la independencia y a lo largo de la década de 1980, Cabo Delgado fue uno de los enclaves que registraron más violencia del país. Y tercero: hoy día, la explotación de recursos minerales, sobre todo rubíes y gas, son los elementos que distorsionan la realidad de la zona.

La religión en el punto de mira

Cuando la noticia del ataque armado a Mocímboa da Praia comenzó a viajar por todo el mundo en 2017, televisiones, periódicos y discusiones en las redes sociales planteaban interrogantes sobre los motivos del mismo y, sobre todo, sobre la identidad y los orígenes del grupo que lo llevó a cabo. En la mayoría de los casos, las preguntas más frecuentes eran: ¿se trata de un grupo fundamentalista islámico?, ¿en Mozambique?, ¿serán acciones camufladas promovidas por la Renamo, el partido opositor? 

En este sentido, Aminuddin Mohamad, el jeque presidente del Consejo Islámico de Mozambique, contesta a la pregunta sobre la criminalización de su comunidad: «Hay musulmanes injustamente perseguidos en Cabo Delgado por los atentados en esa provincia, donde ha habido graves violaciones a los derechos humanos». Según Mohamad, la comunidad islámica está siendo doblemente víctima de estos ataques en el norte de Mozambique porque «primero persiguieron a los imames y después persiguieron a los musulmanes. Pero, por otro lado, el Gobierno también sospechó de los mismos musulmanes. Esto no tiene nada que ver con la religión», explica en una entrevista a MUNDO -NEGRO.

En cuanto al diálogo interreligioso, el líder cree que esta es la única forma de instaurar la paz en el mundo. «Podemos trabajar juntos para traer bienestar a la sociedad, para que los valores morales puedan volver de nuevo. Aquí las religiones conviven en paz y este es un buen modelo y ejemplo para muchos países de África». Un mensaje que recogía Luiz Fernando Lisboa, obispo de Pemba, quien desde el verano pasado ha recibido amenazas por denunciar los ataques que también está sufriendo la comunidad cristiana. «Dolor, miedo y destrucción es lo que está experimentando la población de Cabo Delgado», expresaba el obispo.

¿Mano dura como solución?

El Gobierno de Filipe Nyussi parece haber inclinado sus esfuerzos para controlar el avance de la inestabilidad en el noreste del país externalizando el uso y control de la violencia. En primer lugar, ha apostado por empresas privadas para proteger los intereses de las multinacionales que explotan los recursos en la región. Y, en segundo lugar, baraja opciones de corte estrictamente militar, principalmente con Francia, EE. UU. y -Sudáfrica, para acabar con la violencia.

Con el Gobierno de Macron estudia un acuerdo de cooperación marítima para proteger los intereses de -TOTAL. La cercanía de la isla de -Mayotte, donde Francia dispone de una base militar, sería un punto de partida. Con la Casa Blanca, era la propia subsecretaria de Estado adjunta estadounidense, Heather -Merritt, la que reconocía recientemente los avances: «Lo que está pasando es una amenaza a la seguridad que tiene un nexo con la criminalidad y el terrorismo. Queremos tener una respuesta con nuestros socios regionales y mozambiqueños». Por último, Ayanda Dlodlo, ministra de Seguridad de Sudáfrica, afirmaba en una entrevista el pasado mes de julio que están recibiendo presiones para que su país lidere una posible guerra contra el terror en Mozambique.

Sin embargo, el propio Instituto de Estudios de Seguridad de Sudáfrica publicaba un informe en octubre de 2019 en el que ya advertía que este camino belicista no llevaría a buen puerto. «No podrá conseguirse una solución duradera a la violencia extremista en Cabo Delgado a través del Ejército y la mano dura. El principal problema es la desigualdad social. Proteger a las empresas de energía, en lugar de llevar prosperidad a la gente, no ha logrado más que descontento».