¿Fracasa el Sahel militarizado?

La presencia internacional agrava el complejo escenario político y de seguridad en la zona

Hasta no hace mucho, la palabra Sahel, entendida como frontera natural, necesitaba ser definida y contextualizada, pero en menos de una década ha pasado a dominar muchas de las noticias que cubren África occidental en las secciones de internacional de los medios de comunicación. Un no lugar donde los estereotipos estigmatizadores del continente africano se acentúan: pobreza, violencia extrema y enfermedad. Y claro, hay que intervenir sea como sea para revertir la situación. O no.

En las pasadas semanas, diversos titulares han alertado sobre el incremento de la violencia en Burkina Faso que, en un clima de creciente inestabilidad, tiene programadas para finales de noviembre sus presidenciales. Más de 840.000 personas se han visto desplazadas en el país durante los últimos meses. También en Níger los desplazados internos y los que llegan desde Nigeria aumentan por semanas, según alerta ACNUR. Pero estas cifras son solo la punta del iceberg de una confluencia de crisis en la región: violencia militarizada, cambio climático, inseguridad alimentaria, impacto de la COVID-19 y la posible amenaza en las próximas semanas de una plaga de langostas.

El puzle saheliano

El escenario aparece abarrotado de siglas y grupos que se dicen defensores legítimos de intereses que pasan desde lo religioso, a lo cultural, pasando por lo geopolítico o económico. Por un lado, el componente yihadista: Boko Haram, la filial de Al Qaeda en el Sahel –el Grupo de Apoyo para el Islam y los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en inglés)–, pasando por ramas del Estado Islámico, como el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS, por sus siglas en inglés). Por otro lado, actores internacionales que ondean la bandera del fortalecimiento y la vigilancia de estas fronteras porosas como una solución urgente y cortoplacista, y muchas veces miope: la operación francesa Barkhane, la presencia del comando estadounidense AFRICOM o la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA).

Desde 2019 hasta principios de 2020, el Grupo G5 Sahel, integrado por Burkina -Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger, ha sufrido pérdidas causadas por los ataques perpetrados por los grupos armados regionales. En enero, el enviado de las Naciones Unidas para África occidental, Mohamed Ibn Chambas, explicaba al Consejo de Seguridad que, desde 2016, los ataques se han multiplicado por cinco en Burkina Faso, Malí y Níger, con más de 4.000 muertes reportadas solo en 2019.

Además de los civiles, las Fuerzas Armadas locales (entrenadas por Francia y EE. UU.) continúan sufriendo grandes pérdidas. Cerca de 300 nigerinos, más de 180 soldados malienses, 30 burkineses y 20 chadianos han sido asesinados. Y en febrero pasado, Francia aprobó el envío de 600 efectivos más para reforzar su misión en el Sahel. ¿Pero es este el único enfoque para entender el aumento de la inestabilidad regional?

La prioridad francesa

La presencia de los Estados miembros de la UE en el norte de África y en el Sahel no es, en absoluto, un fenómeno nuevo. Durante casi dos décadas, las intervenciones bilaterales y multilaterales han buscado gobernar la inseguridad, pero hay más. Si bien la mayoría de los países que integran la franja saheliana son demasiado pequeños para convertirse en mercados importantes para la UE, sí poseen riquezas en términos de recursos naturales. De hecho, Francia es uno de los países más activos en virtud de sus lazos históricos y coloniales con la región.

Las tropas francesas han estado presentes en la zona en formas diversas desde que la ocuparon en el siglo XIX. Entre 1956 y 1962, cuando a estos países se les otorgó la independencia, Francia elaboró acuerdos de defensa y continuó manteniendo una presencia militar reducida encargada de entrenar a los ejércitos de las antiguas colonias. El punto de inflexión fue 2013, año en el que los franceses lanzaron la Operación Serval en respuesta a los avances de los grupos insurgentes en el norte de Malí. Sin embargo, la paradoja es que, desde entonces, la inestabilidad se ha extendido, y diferentes estados de la región ahora se encuentran haciendo frente a repetidos ataques contra la población.

Las tensiones, profundamente arraigadas y complejas, están impulsando los focos insurgentes debido a los ataques a los medios de subsistencia, a las redes de tráfico -manipuladas por élites políticas y empresariales, al fracaso de los Estados nacionales para proporcionar seguridad económica y social a sus ciudadanos, o a la crisis climática y la degradación de la tierra. Con este contexto, el presidente francés Emmanuel Macron, en el marco de la celebración de los 70 años de la creación de la OTAN, subrayaba que «la operación francesa Barkhane, que reemplazó a Serval en 2014, existe en nombre de la seguridad colectiva del Sahel y del mundo en general».

Pero la letra pequeña que no menciona el presidente francés es otra bien diferente. Francia todavía mantiene importantes intereses comerciales y geopolíticos en la región que explicarían su papel destacado como garante de la paz. En Níger, el presidente -Mahamadou Issoufou mantiene el apoyo del Elíseo francés para la implementación de la mano dura contra los opositores políticos. A cambio, las tropas francesas utilizan Niamey como base para el despegue de drones que monitorizan los movimientos islamistas en el Sahel. Y por supuesto, la multinacional Orano es la principal beneficiada, ya que obtiene la mayoría de su producción de uranio en este país.

En Malí, la multinacional gala Total tiene campos de petróleo. Además, en diciembre pasado tenía lugar el primer ataque operativo de un avión no tripulado armado en la región maliense de Mopti Y en Chad, su presidente, Idriss Déby, quien tomó el poder por la fuerza en 1990 con la ayuda francesa, mantiene un acuerdo de cesión de una base militar donde, en las navidades de 2018, se pudo disfrutar de suficiente champán, fuagrás y chocolate para sus 1.300 soldados. 

¿Nuevas respuestas?

El Sahel lucha por superar una contradicción. Tanto Francia como la ONU se han enfrentado a intensas críticas por su fracaso en estabilizar el área, a pesar de su presencia militar. En febrero, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, expresó que «la emergencia está aquí. Es aquí donde debemos intervenir antes de que esta crisis se vuelva inmanejable». Sin embargo, muchos grupos de derechos humanos como Human Rights Watch han argumentado que la presencia militar en la región es parte del problema.