¿Hay golpes buenos?

Burkina Faso sufre una nueva asonada que saca del poder a Roch Marc Christian Kaboré

Lo que aparentemente comenzó como un motín para pedir recursos para luchar contra los terroristas en el norte del país, acabó convirtiéndose en el cuarto golpe de Estado en África occidental en año y medio. Parte de los burkineses, que plantaron cara en 2014 al Ejército, se han puesto del lado de los militares al juzgar su democracia como débil frente el terrorismo y demasiado al gusto de Francia y de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental -(CEDEAO).

Para entender por qué tanta gente ha celebrado que los militares hayan derrocado a Roch Marc Christian Kaboré, nos remontaremos al momento de su ascenso a la Presidencia. En 2015, Kaboré ganó las elecciones tras una crisis política y social que provocó la caída de Blaise Compaoré, que había intentado modificar la Constitución para prolongar su mandato. Sin embargo, Kaboré nunca tuvo buena sintonía con el Ejército, que muchos consideran cercano a Compaoré. Por el contrario, Kaboré apostó por milicias paralelas acusadas de brutalidad contra la comunidad peúl, siempre bajo la sospecha de prestarse a los islamistas radicales. El nivel de rechazo popular hacia el expresidente, que había vuelto a ganar las elecciones en noviembre de 2021, se entiende mejor recordando la baja tasa de participación en aquellas elecciones (46 %) y sabiendo que la oposición denunció fraude en unos comicios amenazados por la violencia terrorista. Es precisamente la insurgencia terrorista el elemento clave del golpe, una amenaza ante la que se percibió al Gobierno de Kaboré como incapaz.

Los ataques terroristas, principalmente en el norte, comenzaron a proliferar en Burkina Faso en 2015. Desde entonces han muerto más de 2.000 personas y más de un millón y medio se han visto obligadas a dejar sus hogares según Naciones Unidas. Más de 1.000 escuelas permanecen cerradas por el temor a ser atacadas. Aunque la mayoría de estos ataques se atribuyen a Al Qaeda, muchos de los enrolados en estos grupos violentos son -burkineses movidos en parte por el hambre y la pobreza. Sean cuales sean sus orígenes, los sucesivos ataques han minado la moral de la población y algunos detalles de cómo se produjeron no han hecho sino alimentar la ira hacia Kaboré. En junio del año pasado, algunos de estos grupos causaron el terror en la ciudad minera de Solhan, donde asesinaron a más de un centenar de personas. En noviembre, 57 gendarmes murieron a manos de asaltantes yihadistas en Inata. El hecho de que trascendiera que no solo no estaban suficientemente armados para responder a un ataque, sino que además pasaban tanta hambre que se veían obligados a cazar para sobrevivir, exacerbó las críticas.

Otro elemento importante ha sido el creciente sentimiento antifrancés en la población. Francia, que ha invertido más de 1.000 millones de dólares en una gran operación militar en el Sahel para, teóricamente, controlar la violencia de origen radical islamista, está de salida al constatar Emmanuel Macron el rechazo que provoca en la región y el poco apoyo que tiene la misión en su propia casa. El espacio dejado por Francia lo están ocupando mercenarios rusos y no es descabellado pensar que la mala fama de la intervención francesa no se debe solo a sus deméritos, sino también a una acción de inteligencia capaz de difundir rumores. Tras los ataques que acabaron con la vida de los gendarmes, se dijo que los franceses habían entregado armas a los yihadistas, apoyándose en una retórica por la cual Francia agita el conflicto para conseguir mantener su presencia y controlar la zona en su beneficio. 

La población, que ya percibía al Gobierno de Kaboré como un títere de la ex potencia colonial y se indignaba ante la falta de recursos proporcionados contra la amenaza terrorista, se exasperó también ante la insensibilidad hacia su propio descontento. Tras los asesinatos de Inata, el Gobierno cortó Internet y frenó con contundencia los amagos de protesta. A principios de enero, el Ejecutivo volvió a cortar las conexiones, el ministro de Seguridad se negó a comentar los motivos y la -CEDEAO, vista como otra marioneta de Francia, impuso sanciones a Malí tras un golpe que guardaba ciertos paralelismos con la situación de Burkina Faso. La suma de todo creó una situación anímica que facilitó que los amotinamientos militares fueran vistos con simpatía. 

Crece la tensión

Cuando el Gobierno prohibió una manifestación contra Kaboré, los hechos se precipitaron. Primero, se escucharon tiroteos en varios cuarteles de la capital; después, los disturbios se extendieron a varios campamentos militares hasta que un grupo de uniformados, incluyendo a Paul-Henri Sandaogo Damiba (ver p.10), el nuevo hombre fuerte del país, leyeron un comunicado en televisión en el que se informaba de que Kaboré ya no era presidente, que su Gobierno había sido disuelto y que la Constitución quedaba suspendida. Los golpistas aludían al deterioro de la seguridad y a la incapacidad del Ejecutivo para mantener unida a la nación. El comunicado, leído en nombre del Movimiento Patriótico de Salvaguardia y Restauración (MPSR), enfatizaba que el derrocamiento se había producido sin violencia y que los detenidos habían sido llevados a un lugar seguro. Sin embargo, luego se informó de que un ataque dirigido contra el coche en el que los perpetradores creían, por error, que iba Kaboré, habría herido de gravedad a cuatro de sus guardaespaldas. Kaboré, en arresto domiciliario, renunció a luchar para evitar un derramamiento de sangre y firmó un documento ante las presiones de los golpistas, pero también, según su entorno, cansado y desgastado por la violencia y la amenaza de un golpe que, finalmente, se había producido.

A partir de ahí, la ONU, la CEDEAO, la Unión Africana, y otros actores , condenaron el golpe mientras más de 1.000 burkineses se concentraban en Uagadugú para apoyar a la nueva Junta. La CEDEAO viró su discurso desde la condena inicial hasta alcanzar cierta tolerancia con el nuevo Gobierno y decidió no imponer sanciones ante el anuncio de los militares de restaurar la Constitución. 

En su primer discurso, Damiba, consagrado por el MPSR y ratificado por el Tribunal Constitucional como presidente, anunció que se reuniría con representantes de la sociedad civil para reformar el país y pidió apoyos internacionales. A los pocos días convocó a representantes políticos para explicarles sus razones e inició un proceso de consultas, sin dejar de pedir una restitución inmediata de residencias y coches oficiales a los miembros del exGobierno. Organizaciones de la sociedad civil anunciaron la creación de un órgano para coordinar la transición y supervisar al nuevo equipo. 

La reapertura del juicio contra Blaise Compaoré –suspendido por la asonada– por su supuesta relación con el asesinato de Thomas Sankara puede ser una señal de la veracidad del retorno a la senda constitucional. Los fiscales han pedido, en un tribunal militar, que se detenga a Compaoré, en la actualidad en Costa de Marfil, y que afronte una condena de 30 años de cárcel.