La Corte Penal Especial para RCA inicia sus trabajos

[En la imagen superior una manifestación frente a la base de la MINUSCA contra el cese del presidente de la Asamblea Nacional centroafricana, Abdou Karim Meckassoua, el pasado 23 de octubre. Fotografía: Getty]

El 22 de octubre abrió sus puertas en Bangui la Corte Penal Especial (CPS, por sus siglas en francés) para República Centroafricana (RCA). Se trata de un tribunal híbrido, apoyado por la ONU y compuesto por 25 jueces, de los cuales 13 son centroafricanos y los otros 12 de fuera del país. Tiene un mandato de cinco años (renovable en caso de necesidad), durante los cuales deberá juzgar los crímenes más graves cometidos en el país desde el año 2003 hasta la actualidad.

Nadie tiene ninguna duda de que le resultará imposible ocuparse de los innumerables casos pendientes y que solo podrá dedicarse a algunos crímenes de guerra y de lesa humanidad. A partir de ahora podrá comenzar sus investigaciones, aunque son tantos los casos que tiene delante que le resultara difícil decidir cuáles serán los primeros a los que prestar atención.

República Centroafricana, que desde su independencia en 1960 ha conocido numerosos golpes de Estado y guerras civiles, sigue sumida en un conflicto que comenzó a finales de 2012 cuando los rebeldes de la Seleka, de mayoría musulmana, lanzaron una ofensiva que culminó con el derrocamiento del presidente François Bozizé en marzo de 2013. Los numerosos abusos de esta guerrilla contra la población provocaron la reacción de las milicias anti-Balaka que se lanzaron a «la caza del musulmán» en el país, alimentando un conflicto intercomunitario del que el país no se ha librado aún. Tras un período de transición que culminó en unas elecciones, el actual presidente, Faustin-Archange Touadéra, tomó en abril de 2016 las riendas del nuevo Gobierno, que apenas controla un tercio del país, apoyado por la MINUSCA, la misión de paz de la ONU en el país.

La CPS fue establecida por una ley de 2015, pero ha tardado tres años en ponerse en pie. Hubo primero que establecer un marco legal, atraer fondos por parte de la comunidad internacional y seleccionar a sus jueces. Su presidente es el congoleño Toussaint Muntazini Mukimapa, nombrado en febrero de este año. Uno de los factores que ha retrasado la puesta en marcha del tribunal ha sido la falta de un marco legal, que el Parlamento centroafricano finalmente adoptó el pasado mes de junio.

Para darse cuenta de la inmensidad de los crímenes cometidos en RCA basta mirar el informe Mapping Project, que publicó el año pasado la sección de Derechos Humanos de la MINUSCA. Sus casi 400 páginas examinan los casos más graves cometidos entre 2003 y 2015. El sistema judicial centroafricano es demasiado débil para ocuparse, ni siquiera, de una pequeña parte de ellos: en un país con una fuerte polarización comunitaria (sobre todo entre cristianos y musulmanes) la independencia judicial de los jueces es muy dudosa, apenas hay tribunales que funcionen fuera de la capital, Bangui, y no es infrecuente que la documentación supuestamente secreta sobre casos se pierda o acabe filtrándose a la prensa. Tampoco tiene el Estado centroafricano los medios para asegurar la protección a testigos, para realizar investigaciones serias, ni mucho menos para agilizar los casos que necesitan ser tratados con más urgencia.

La Unión Africana (UA) está promoviendo un plan de paz para RCA. En la imagen, el presidente de la Comisión de la UA, Moussa Faki, después de una reunión con el presidente de RCA, Faustin-Archange Touadéra, el pasado 18 de septiembre en Bangui. Fotografía: Getty

Numerosos activistas de derechos humanos han saludado con optimismo la puesta en marcha del Tribunal, que representa una esperanza para poner fin a años de impunidad que han alimentado ciclos interminables de violencia. Actualmente 700.000 centroafricanos han huido de sus hogares, entre refugiados en países vecinos y desplazados internos, en un país que no llega a los cinco millones de habitantes. Y prácticamente cada semana alguno de los grupos armados que existen en el interior del país comete algún ataque grave contra civiles.

Entre los casos más recientes hay que mencionar dos. A finales de octubre, uno de los grupúsculos en los que se ha fragmentado la Seleka incendió un campo de desplazados en Batangafo, dejando sin techo a 30.000 personas, y el 15 de noviembre la milicia conocida como UPC (Unión por la Paz en Centroáfrica), también surgida de la Seleka, atacó sin piedad a miles de civiles que se habían refugiado en el obispado de Alindao. Hubo al menos 40 muertos. Entre las víctimas hay que contar al vicario general de la diócesis, el padre Blaise Mada, y al párroco de la catedral, el padre Celestin Ngoumbango. Ambos se suman a otros tres sacerdotes asesinados en RCA este año: dos en la diócesis de Bambari y otro en Bangui. RCA está considerado como el país del mundo donde los trabajadores humanitarios corren más peligro, con numerosos incidentes de ataques directos contra ellos y sus instalaciones. Las mismas fuerzas de seguridad interna del Estado no se quedan atrás en lo que a abusos de derechos humanos se refiere, y son numerosas las detenciones arbitrarias y los malos tratos en los lugares de detención.

Desde el año pasado, la Unión Africana intenta poner en marcha los preliminares de un proceso de paz en el que ha involucrado a 14 de los grupos armados que pululan en el país, para que dialoguen y alcancen un acuerdo con el Gobierno que ponga fin a la violencia. Las negociaciones, que tenían que haber comenzado a mediados de noviembre, se han retrasado. Todo esto sucede sobre un fondo de tensiones diplomáticas entre Francia, la antigua metrópoli, y Rusia, que ha entrado en escena ofreciendo al Gobierno grandes cantidades de armamento y asesores militares.

Uno de los nudos gordianos de las negociaciones de paz será, sin duda, la cuestión de la amnistía, que los grupos armados exigen como condición para alcanzar un acuerdo, y que la sociedad civil rechaza de plano. También la Iglesia se ha opuesto en numerosas ocasiones a la idea de pasar por alto la responsabilidad penal por los crímenes cometidos por los grupos armados y piden que el proceso de paz y reconciliación vaya acompañado de reparaciones serias.