Publicado por Gonzalo Gómez en |
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El sábado pasado finalizó el ultimátum que dio el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, para detener la violencia en el país. Desde entonces, la policía ha llevado registros y actuaciones en varios barrios de la capital y fuentes de algunos medios, entre ellos Misna, refieren varios muertos pese a las dificultades de ofrecer cifras precisas. Varias zonas de la ciudad, las más asociadas a la oposición, se están despoblando por el temor a las represalias gubernamentales.
El presidente, reelegido en julio de 2015 en unas polémicas elecciones, había asegurado que pacificaría el país usando los medios que fueran necesarios en los próximos dos meses. Para cumplir su intención ofreció la posibilidad de una amnistía a aquellos que entregaran sus armas antes del 7 de noviembre. Sin embargo, el perdón gubernamental llevaba aparejado también un proceso —de dos semanas de duración— de “reeducación cívica”, dirigida a aquellos que se acogieran a la medida, según detallaron fuentes de su propio Gobierno.
La escalada de violencia en Burundi fue este lunes objeto de debate por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Francia propuso una resolución, que será debatida en los próximos días, que incluye la imposición de sanciones a los responsables de la violencia. No obstante, está por ver si Rusia y otros países están dispuestos a llevarla adelante.
Junto a las voces vinculadas a la ONU, como la de Adama Dieng, asesor especial del secretario general sobre la Prevención del Genocidio, que alerta de la posibilidad de un “genocidio” según Europa Press, crecen las declaraciones de miembros de la comunidad internacional que avisan de que el país africano está al borde una guerra civil. La Unión Africana, Estados Unidos y también algunas ONG, como International Crisis Group, son otros de los actores que han mostrado su preocupación por la gravedad de una situación que ha dado lugar a un mínimo de 200 asesinatos y más de 200.000 desplazados desde que el presidente anunciara su candidatura a las elecciones en abril. Nkurunziza se aferró entonces a la interpretación literal de la Constitución que, a priori, parecía impedir su candidatura.
“El hecho es que junto al ejército regular, que está dividido internamente, hay milicias leales al presidente que están ganando cada vez más fuerza, uniéndose a la policía y al ejército, mientras que por otro lado están las bandas y las milicias de la oposición armada. La leña para encender un gran fuego ya está en la parrilla”, dicen, por su parte, fuentes locales de FIDES.
El Gobierno de Burundi reconoce que se han sucedido “situaciones lamentables”, pero niega tanto la inestabilidad del país como el posible componente étnico del conflicto. A este respecto, fuentes locales han reconocido que algunos miembros, tanto del gobierno como de la oposición, utilizan la carta del carácter étnico para protegerse o para buscar apoyos.
Por último, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha criticado a su homólogo en Burundi y acusó a los “líderes” de asesinar a su pueblo, lo que ayuda a escenificar la tensión entre ambos países.
Otras voces, como la de la Comunidad de Sant’Egidio, con un importante historial en la búsqueda de la paz en Burundi y otros lugares, temen que la sensación de una posibilidad cercana de guerra civil lleve a la comunidad internacional a actuar precipitadamente. En opinión de estos mediadores, es muy difícil que Nkurunziza sea desalojado del poder contra su voluntad sin acabar llevando a el país a una situación en la que todos acaben perdiendo.
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