«No se puede hablar de niños ucranianos y considerar MENAS a los marroquíes»

Mario Grande, miembro del equipo de trabajo por África en Amnistía Internacional.

Es la primera vez que el Informe anual de Amnistía Internacional (AI)  se presenta en África. Agnes Callamard, secretaria general de la organización, aprovechó una gira por el sur del continente para hacerlo público el pasado 29 de marzo en Johannesburgo. Con este gesto, la organización reconoce a Sudáfrica por el papel desempeñado durante la pandemia y la histórica represión vivida en la lucha contra el apartheid.  Mario Grande, activista de Amnistía Internacional España que forma parte del equipo que se encarga de África subsahariana, ha analizado con MUNDO NEGRO el contenido del informe que se refiere al continente africano. «Hay protestas porque hay injusticias, y hay una sociedad civil pujante en el continente africano que, a pesar de sus limitaciones y de la brutalidad con la que se la trata habitualmente, no cesa en su empeño», apunta Grande.

¿Qué destacaría del Informe 2021/22 de AI respecto al continente africano?

2021 debería haber sido el año de la recuperación, de la cura de la pandemia mundial, también en cada uno de los países del continente africano, pero, sin embargo, ha sido todo lo contrario. Ha habido un incremento de la desigualdad, pobreza, desempleo y ha generado inestabilidad. Los políticos de los países ricos y las grandes empresas han antepuesto los beneficios y el poder a las personas, y han traicionado esas promesas de recuperación justa, en particular las empresas farmacéuticas y las tecnológicas, que han contribuido a la desinformación al alimentar la desconfianza. También señalamos el aumento y endurecimiento de los conflictos armados en diferentes zonas del continente, en África occidental y oriental, en el Sahel, en el sur y en el centro África, por eso AI extremó su preocupación con ocasión de la última cumbre UE-UA de febrero. Y por último el endurecimiento y los recortes muy serios a la libertad de expresión, con la prohibición de protestas, el uso excesivo de la fuerza y la represión directa a medios de comunicación y en redes sociales.

¿En qué focalizarán la acción teniendo en cuenta lo que dice el informe?

Hemos incidido mucho, y vamos a seguir haciéndolo, en el tema de las vacunas, el conflicto de Tigré (Etiopía), y en la situación migratoria en Canarias. Estamos preparando a nivel mundial, como respuesta ante este panorama tan desolador, una campaña por el derecho a la protesta.

Teniendo en cuenta el papel que ha jugado Sudáfrica en investigación y presencia internacional respecto a la pandemia, ¿considera el informe que se ha perdido una oportunidad para poner el foco sobre África?

Sí, África ha quedado fuera de juego, ha sido dejada de lado. Los políticos han antepuesto beneficios y poder ante las promesas de recuperación. Es curioso que empresas como Pzifer, Biontec o Moderna hayan tenido ingresos superiores a los 50.000 millones de dólares y solo se haya destinado un 2% de las dosis de vacunas a países pobres. Y en el caso de Sinovac y Sinopharm, las empresas chinas, ni siquiera eso. Y, por supuesto el hecho de que no se haya aceptado en ningún momento abrir la puerta a la exención temporal de los derechos en propiedad intelectual para poder  extender y abaratar el coste de las vacunas. En cifras, con las cautelas que debemos tener porque las estadísticas en África no son fiel reflejo de la realidad, en el momento de redactar el informe había más de nueve millones de contagios, las OMS eleva la cifra a 11 millones, y más de 220.000 muertes. Y de los 1.200 millones de habitantes del continente, no llegan al 8% los vacunados, por lo que 100 millones de habitantes con la pauta completa de 1.200 es el fiel reflejo de que el continente ha sido dejado de lado completamente. Lo sangrante es que la ayuda que sí que ha habido, siendo escasa, en ocasiones ha sido la entrega de dosis de vacunas a punto de caducar, sin avisar a los gobiernos para que pudieran planificar su distribución… No se ha hecho ninguna inversión en salud y las consecuencias han sido desastrosas en el plano de la educación y en el aumento de la violencia de género.

Teniendo en cuenta las recomendaciones que hace AI al final del informe, ¿hay alguna previsión de que la situación pueda cambiar?

Lo que hemos comprobado es que ha habido resistencia a este tipo de abandono a nivel institucional africano, la UA lo planteó a finales de noviembre con un comunicado muy duro dirigido a la UE. Hubo una cumbre de ambos organismos en febrero y AI ha insistido en que la situación no puede continuar así, que hay que invertir en salud y ponerse unos mínimos de vacunación de un 70% del continente. La OMS, la UE y la UA debe revertir la situación. Como se ha ejercido presión en todos los países, esperamos que este año se consigan resultados positivos.

El impacto que está teniendo el aumento de refugiados ucranianos y la solidaridad europea recuerda a la situación que vivieron los refugiados sursudaneses acogidos en Uganda.

Sin duda, aunque captó menos el interés mediático. Los conflictos armados en África se dan, sobre todo, en el interior del país y provocan un éxodo hacia terceros países y sobre todo desplazamientos internos con todo lo que conlleva respecto a la pérdida de derechos. Cuando se produce el desplazamiento, por las razones que sean… sequía, conflicto, violencia de género… cientos de miles de personas ven mermados sus derechos, pasan a ser un colectivo vulnerable. Y de la misma manera que África ha estado fuera del marco de atención por la COVID-19, las personas desplazadas internas a las que les cambia radicalmente la vida deben enfrentarse a una batalla para lograr que se respeten los derechos humanos.

¿Qué opina AI sobre las facilidades que se está dando a los refugiados ucranianos para instalarse en España y en Europa, en comparación con refugiados de otras nacionalidades?

Es emocionante la respuesta de la sociedad civil y de la población polaca, pero no se puede dejar en sus manos, tiene que ser el Estado polaco el que intervenga para dar salida a las necesidades prácticas y cotidianas de los que piden asilo. Hemos denunciado que se hagan distingos por el color de la piel, religión u origen. En España estamos vigilantes para que el trato que se les dé sea el adecuado, y es clamoroso el contraste con otros refugiados por la regularización exprés que se ha habilitado. No se puede hablar de niños ucranianos, que lo son, y a los menores marroquíes considerarlos MENAS (menor extranjero no acompañado). Hay una discriminación en la que estamos trabajando.

¿Cómo valoráis la evolución de grupos armados como Al Shabaab, Boko Haram o Estado Islámico en el Gran Sahara?

Con mucha preocupación, la posición de AI es que son agentes en los conflictos armados que no pueden escapar al juicio que hacemos de los derechos humanos. Protagonizan ataques indiscriminados contra la población civil y disfrutan de una impunidad absoluta cuando deberían responder por los crímenes que realizan, son crímenes de guerra. Está ocurriendo en Somalia, Cabo Delgado (Mozambique), Tigré (Etiopía) o en Malí. Exigimos que cesen los combates y que termine su impunidad.

¿Quién consideráis que tiene mayor poder para controlar a estos grupos?

Por frágil que sea la arquitectura de los derechos humanos, el marco es Naciones Unidas y la Unión Africana, sin olvidar la responsabilidad de los Gobiernos africanos y la que puedan tener entidades como la UE. En el informe planteamos la necesaria reforma de la ONU porque no se puede mantener una estructura de tiempos de la Guerra Fría, con mecanismos de vetos y posiciones que hacen que sea prácticamente inoperante.

El informe también señala el uso de bloqueos y restricciones del acceso humanitario como «táctica de guerra». Durante el último año ha ocurrido en Burkina Faso, Malí, Camerún, Etiopía (afecta a más de 5 millones de personas), RDC (afecta a 19,6 millones de personas) y Sudán del Sur (afecta a 8,3 millones de personas).

Efectivamente, permitir el acceso a la ayuda humanitaria es una obligación de los estados y actores que actúan en conflictos armados, por lo que prohibirla es una violación de los DD.HH. El mero hecho de ponerle trabas es una violación del derecho  internacional de los DD.HH y del derecho de guerra… las diversas convenciones de Ginebra y otros instrumentos. La presión de AI está dirigida a los Gobiernos y al Consejo de Naciones Unidas para que se creen comisiones de investigación que cuenten lo que pasa en el terreno y la apertura de corredores en la medida en la que es posible el alto el fuego, aunque sean tan frágil como el de Etiopía. Son millones de personas que no tienen acceso a lo mínimo en el día a día. Estamos asistiendo de manera indirecta a un genocidio.

En el derecho a la educación, con una menor tasa de matriculas (en Chad cayó del 31 al 12%; en Sudáfrica se ha triplicado el número de menores que ha abandonado la escuela; y en Uganda, donde las escuelas han estado cerradas dos años, el 30% no ha regresado a las aulas), ¿está siendo cada vez más vulnerado?

Es un tema muy amplio, pero nos preocupa especialmente que las niñas embarazadas no puedan ir a la escuela. Ha habido avances en Sierra Leona donde se ha levantado la prohibición, pero es una práctica social extendida incluso cuando el Gobierno toma medidas porque lleva tiempo para que cale en la sociedad, en las instituciones, la familia o el propio medio escolar. Esto supone que, al trastorno de la COVID-19 sobre el frágil sistema educativo, se añade una situación de doble marginación. Por otro lado, en Sudáfrica se está tomando en serio la desatención del sistema educativo. Estamos preparando una generación en la que la brecha entre África y otros continentes será enorme.

¿Qué destaca el informe respecto a la represión contra la disidencia? Ha habido situaciones complejas este último año en Camerún, Chad, Costa de Marfil, Esuatini y Sudán del Sur.

En el caso de Camerún con la comunidad anglófona es muy ilustrativa de lo que pasa en el resto del continente. Es una constante reprimir la protesta socapa de razones de seguridad, que atenta contra la seguridad y la independencia nacional, que pone en peligro valores de la sociedad. Ocurre en las manifestaciones, como «los 14 de Senegal», también en Nigeria. Es un uso excesivo de la fuerza, con muertes, en países como Esuatini. En el caso de los periodistas, el informe cita a 50 profesionales que han sido detenidos por ejercer su trabajo, cinco asesinatos (tres en RDC y dos en Somalia), además de ataques, condenas, multas, agresiones, palizas, estigmatización. Cierres de medios e internet… son los motivos que nos mueven en AI a darle mucha importancia a la libertad de expresión como palanca para incidir en los demás problemas, y por lo que queremos lanzar una campaña mundial en defensa de la protesta.

¿Cómo va a intentar AI que en 2022 mejore la situación de los DD.HH en África?

AI España mantendrá a finales de abril una asamblea general para aprobar el marco estratégico 2022-2030. Tenemos dos ejes: libertad de expresión y derechos a la protesta porque el cierre de espacio a la sociedad civil es mundial; y derechos sociales y no discriminación (violencia de género, justicia climática y trabajo de países). En relación con África, seguiremos trabajando en vacunación e incidiendo en lo que está ocurriendo en Etiopía que puede tener un efecto en el marco de la UA, respecto a la situación de otros conflictos. Hay que comprometer esfuerzos de Naciones Unidas, por ejemplo crear una comisión de investigación contra la impunidad, pedir acceso a la ayuda humanitaria y trabajar en lo que tiene que ver con el alto el fuego. Respecto a los efectos del cambio climático, vamos a incrementar el trabajo en justicia climática. Es un tema relativamente reciente en AI pero hay informes sobre Angola y Madagascar, ambos de sequía, otro sobre el caso de Shell en Nigeria, y uno de Uganda de desalojos forzosos. Hay una labor de incidencia fuerte a nivel internacional para que se ponga el foco en la necesidad de financiación climática para los países africanos y respecto a la deuda sin condiciones, con mecanismos que no impliquen intereses. También hay que combinar el trabajo de mitigación y adaptación en tema climático porque la COP27 va a ser en Egipto y su Gobierno, que no se caracteriza por el respeto por los DDHH, está llevando a cabo una intensa actividad diplomática sobre la presa del Nilo.

AI mantiene abiertas campañas de apoyo con los siguientes ciudadanos africanos:

• Nonhle Mbuthuma (Sudáfrica)
  Ciham Ali Ahmed (Eritrea) 
• Fomusoh Ivo Feh (Camerún)
• Yahaya Sherif Aminu (Nigeria)
• Tony G Nkina (Burundi) 
• Ravo Ramasomanana (Madagascar)
• Kakwenza Rukirabashaija (Uganda)
• Imoleayo Michael (Nigeria)  

Casos en los que se ha logrado su liberación:

• Baradine Berdei Targuio (Chad)
• Germain Rukuki (Burundi) Magai Matiop Ngong (Sudán del Sur)