Palidece la libertad de prensa

Periodistas asesinados, leyes restrictivas y presiones del poder marcan el inicio del año en el continente

Los dos primeros meses del año han puesto bajo sospecha la defensa de la libertad de prensa en algunos países africanos. Los Gobiernos de Ruanda, Camerún, Túnez, Marruecos, Sudán del Sur o Senegal han evidenciado que el trabajo de los periodistas no encaja bien con los deseos de los mandatarios y sus gabinetes de mantenerse incólumes a las críticas.

Uno de los casos más llamativos ha tenido lugar en Ruanda, donde el periodista Ntwali John Williams, conocido por su defensa de los derechos humanos y la denuncia de detenciones arbitrarias o de desalojos forzados instados por el Gobierno de Paul Kagamé, falleció a causa de un accidente de tráfico el 17 de enero. Según la versión oficial, el mototaxi en el que viajaba Williams fue alcanzado por un motorista. El reportero, sobre el que constaban amenazas de muerte, falleció a causa del impacto. En un juicio con más sombras que luces, el causante del accidente que acabó con la vida del periodista fue condenado a pagar una multa de 900 euros como culpable de un homicidio involuntario, según informó Will Ross en la BBC.

Poco antes de conocerse su fallecimiento, la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció la condena de siete años de cárcel para Théophile Ntirutwa, un político opositor a Kagamé, por «difundir información falsa» para dañar «la imagen» de Ruanda, según informaba la Agencia EFE. Reporteros sin Fronteras (RSF), en su Informe 2022, situaba a Ruanda en el puesto 136, de un total de 180, en su clasificación sobre la libertad de prensa. 

Sin embargo, el caso de Ntwali John Williams no es muy sorprendente, después del encarcelamiento, la desaparición o muerte inesperada de numerosos militares, activistas o periodistas críticos con el régimen de Kagamé en los últimos años, dentro o fuera de las fronteras del país. 

Dos muertes en dos semanas

En Camerún, el caso de Arsène Salomon Mbami Zogo, conocido como Martinez Zogo, ha conmocionado al país. Director de la emisora de radio Amplitude FM y presentador del programa radiofónico «Embouteillages» (Atascos), Zogo fue secuestrado el 17 de enero, y su cuerpo, con signos evidentes de tortura, apareció cinco días después cerca de Yaundé. El periodista destacaba por su denuncia de la corrupción institucionalizada en las esferas del poder camerunés. Desde RSF, Sabidou Marong, responsable del área de África subsahariana, indicó que «este asesinato de un periodista que tan solo estaba haciendo su trabajo no debería quedar impune», a la vez que pedía al Gobierno de Paul Biya «que ponga fin al clima de violencia contra el personal de los medios de comunicación». 

Este clima hostil contra los periodistas en Camerún se confirmó menos de dos semanas después, cuando se conoció el asesinato del sacerdote ortodoxo y presentador de radio Jean-Jacques Ola Bebe. Desde Naciones Unidas, el portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Seig Magango, recordó que «Ola Bebe estaba al frente de los llamamientos a favor de la justicia y la rendición de cuentas por el asesinato de Zogo», por el que las autoridades camerunesas detuvieron a Jean-Pierre Amougou Belinga, propietario de un grupo mediático en Camerún.

Aunque con menos repercusión, RSF ha denunciado también la situación del director de la radiotelevisión pública camerunesa, CRTV, Amadou Vamoulké, que acumula más de 2.300 días en prisión preventiva a la espera de juicio. Acusado sin pruebas de malversación, en este tiempo ha sido trasladado de celda en 137 ocasiones.

En Túnez, la deriva totalitaria de su presidente, Kais Saied, está influyendo también en el trabajo de los medios de comunicación. El 13 de febrero, la Policía detuvo a -Noureddine Boutar, jefe de Mosaïque FM, emisora desde la que se criticó a Saied. Esta detención, junto a la de otros políticos, empresarios, jueces y exdiplomáticos, fue calificada por el partido Ennahda como el «secuestro de los opositores de Saied».

En esta línea se encuentra también la decisión del Gobierno de Macky Sall, el pasado 10 de febrero, de suspender las emisiones de Walf TV por la «irresponsable» forma de cubrir una manifestación a favor de Ousmane Sonko en la ciudad de Mbacké. La medida impidió a la emisora ofrecer su programación durante una semana. En Senegal, la nueva ley antiterrorista cataloga la «alteración del orden público» como una forma de terrorismo, lo que está impidiendo o dificultando la reunión de los ciudadanos de a pie y, por lo que parece, también la cobertura sobre esas convocatorias. 

Esta ola hostil contra la libertad de prensa también afecta a un periodista español, Ignacio Cembrero, denunciado por Marruecos después de que el reportero publicara que había sido espiado por Rabat con el programa Pegasus. En julio de 2021, la organización Forbidden Stories denunció que 80 periodistas de una decena de países habían sido espiados, y advirtió a Cembrero de que, en su caso, se había utilizado el conocido software de fabricación israelí. Para el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, es «un ataque a su libertad de expresión y un aviso a cualquiera que quiera informar sobre sus políticas». Es la cuarta vez que Marruecos denuncia a Cembrero por sus informaciones.

La conclusión a la que ha llegado Muthoki Mumo, representante en África subsahariana en el Comité para la Protección de los Periodistas, tras la detención de seis profesionales sursudaneses después de que se emitiera, en un acto oficial, cómo el presidente del país se orinaba mientras sonaba el himno oficial del país, es paradigmática. Para Mumo, la actitud del Ejecutivo de Yuba «coincide con un patrón […] que recurre a la detención arbitraria cada vez que los funcionarios consideran que la cobertura les es desfavorable». En definitiva, que la defensa de la libertad de expresión es inequívoca en todos los rincones del mundo, hasta que colisiona con los intereses del poder. Y en África, en estos últimos meses, la excepción se ha convertido en la norma.