¿Perseguido o culpable?

Los procesos judiciales abiertos contra un opositor a Macky Sall alientan las sospechas de juego sucio

En la portada, un joven oculta su rostro en una concentración en Ziguinchor para evitar el arresto del opositor Ousmane Sonko, acusado de violación.

El horizonte político y penal de Ousmane Sonko, tercero en las elecciones de 2019 en Senegal y líder del conocido como Partido de los Patriotas (PASTEF), se complica tras su condena a dos años de cárcel por la Justicia senegalesa en un juicio por violación. Hace dos años, Adji Sarr, empleada en un salón de peluquería y masajes, acusó al candidato y alcalde de Ziguinchor de haberla violado y amenazado de muerte. Sonko enfrentaba penas de entre 10 y 20 años de cárcel, pero finalmente el tribunal lo ha considerado inocente de la acusación principal, pero responsable de «corrupción de jóvenes» por alentar al «libertinaje de una joven menor de 21 años», un delito recogido que por la ley senegalesa que podría apartarle de la carrera electoral para 2024. Sonko, que no se presentó para defenderse en ninguna de las dos ocasiones en las que fue citado por el Tribunal de Gran Instancia de Dakar, mantiene que sus casos judiciales son una manipulación para bloquear su camino a los comicios de 2024.

Antes de la comunicación del veredicto, la denunciante declaró: «Ousmane Sonko me dijo: “El día que hables, nadie te creerá; todo Senegal dirá que es una conspiración. Yo el primero”. Por desgracia, ha sido así». Mientras, en Ziguinchor y otras localidades, las calles ardían y es que el caso de Sonko ha servido para vehicular una serie de airadas protestas por la reducción de derechos y libertades en el país y han dejado varios muertos en enfrentamientos con la policía. El día antes de la primera citación, cientos de simpatizantes de Sonko se reunieron junto a su vivienda para evitar su eventual detención. La policía los dispersó con gases lacrimógenos. Finalmente, Sonko organizó una gran marcha denominada por él, «la caravana de la libertad» en busca de un encuentro «final» con el presidente, Macky Sall. La demostración de fuerza, plasmada en un largo convoy que atrajo a una multitud de simpatizantes, se vio interrumpida por la intervención de la policía, que llevó a la fuerza a Sonko a su residencia en Dakar. El Ministerio de Interior dijo que se habían encontrado armas en su vehículo, lo que el opositor negó. Hace dos años, Sonko fue desposeído de su inmunidad parlamentaria para que declarara por el mismo caso, y se presentó acompañado de numerosos seguidores. Ya entonces fue arrestado por «alterar el orden público». Las protestas consiguientes se saldaron con una decena de muertos.

En otro proceso, Sonko tampoco se presentó ante el tribunal que le había condenado a dos meses de cárcel –de momento suspendidos– y a una multa de 200 millones de francos CFA (unos 305.000 euros) por difamar al ministro de Turismo, Mame Mbaye Niang, al que acusó de corrupción. Tras boicotear el proceso, la condena se elevó a seis meses. Los abogados de la acusación dijeron que el fallo convertía a Sonko en inelegible para la carrera política, aunque otros juristas lo ponen en duda. «Solo la voluntad de Dios podrá impedir que me presente», dijo Sonko a la puerta de su vivienda.

El contexto complica la comprensión de los hechos y es que, si finalmente Sonko no logra concurrir a los comicios, será el tercero de una lista de políticos con posibilidades que han sido apartados de la carrera. Tanto Karim Wade, hijo del expresidente y condenado previamente por corrupción, como Khalifa Sall, exalcalde de Dakar, indultado de su condena de malversación de fondos públicos, son inelegibles por una reforma electoral llevada a cabo en abril. Todo esto sucede en un momento en el que planea la posibilidad de que Macky Sall, el actual presidente, intente volver a presentarse contraviniendo lo que dicta la Constitución, que establece un límite de dos mandatos. Un eco lo suficientemente repetido como para desdeñarlo.

Foto de portada: Muhamadou Bittaye/Getty.