Sudáfrica planta cara

Pretoria acusa de genocidio a Israel en la CIJ por la ofensiva en la Franja de Gaza

«Sabemos demasiado bien que nuestra libertad es incompleta sin la libertad de los palestinos», declaró Nelson Mandela para mostrar su solidaridad con un pueblo sometido, con el que históricamente ha habido puntos de unión por el apartheid que sufrieron los sudafricanos.

El pasado 29 de diciembre, Sudáfrica presentó una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) –que juzga y condena a estados, frente al Tribunal Penal Internacional (TPI) destinado a las personas– por la violación del artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Aunque la Fiscalía de la CIJ lleva cinco años investigando la comisión de presuntos crímenes internacionales en Palestina, las audiencias celebradas los días 11 y 12 de enero de 2024 en la Haya se centraron en las actuaciones militares realizadas por Israel en la Franja de Gaza a partir del 7 de octubre de 2023. Cuatro días después, Israel declaró a través de su portavoz, Eylon Levy, que Sudáfrica se convertía en «defensora del movimiento palestino Hamás», que gobierna en la Franja de Gaza desde 2006, y «cómplice del genocidio contra el pueblo judío».

Tras casi cuatro meses de ofensiva israelí sobre el territorio palestino y más de 27.000 muertos, el intento de Sudáfrica para que la CIJ imponga medidas preventivas que detengan la operación militar y permitan la entrada masiva de ayuda humanitaria fue secundado por 800 oenegés y unos 50 países, entre los que destacan Turquía, Jordania y Namibia. Este último reaccionó con dureza al «rechazo explícito» de Alemania, antigua potencia colonizadora del país austral. Steffen Hebestreit, portavoz del Gobierno alemán, aseguró que «Israel se ha estado defendiendo».

Mientras que China y Rusia apenas se han pronunciado y la Unión Europea permanece en silencio, el secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, señaló que las acusaciones «carecen de fundamento» y «distraen al mundo». También David Cameron, ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, desestimó la demanda: «No estamos de acuerdo con lo que están haciendo los sudafricanos».

La presidenta de la CIJ, Joan E. Donoghue, anunció el 26 de enero que la mayoría de los 17 jueces estaba de acuerdo con la petición de Sudáfrica de «prevenir el riesgo de genocidio en Gaza y en el resto de Palestina» pero no hubo una petición de alto el fuego. La CIJ le ordena a Israel «tomar todas las medidas para evitar muertes, daño severo mental y físico, incluido el cuidado preventivo durante los nacimientos», y «dar pasos para que las fuerzas militares no lleven a cabo acciones», lo que sobre entiende como una petición velada de alto el fuego, junto a «pasos para limitar las condiciones adversas en la Franja de Gaza», lo que también se interpreta como el acceso de ayuda humanitaria que circule de forma libre y el fin del bloqueo de las comunicaciones. Una petición que según cree la propia CIJ puede quedar en papel mojado teniendo en cuenta el historial de Israel ignorando resoluciones de la ONU para que se apliquen las leyes humanitarias en Palestina.

Otro aspecto interesante, destacado por la delegación sudafricana es que la CIJ está de acuerdo en el argumento de que «existe un plausible caso de genocidio que debe ser escuchado», aunque también asegura que «no hay evidencias de si se está produciendo un genocidio», como se limitó a apuntar Donoghue al comienzo de su discurso: «La Corte es muy consciente de la dimensión de la tragedia humana y está preocupada por la continua pérdida de vidas humanas».

Consecuentes con la historia

Sudáfrica, que sufrió un sistema de segregación como el apartheid durante más de 40 años, ha tomado la iniciativa para sentar a Israel en el banquillo de los acusados de la CIJ. «Hay una parte simbólica, en un momento en el que las potencias occidentales no están siendo capaces de dar una respuesta moral al conflicto en Gaza, es un país del sur global el que lo hace. Sudáfrica da un golpe en la mesa intentando marcar los parámetros que deben regir las relaciones internacionales», explica Borja Monreal, experto en políticas públicas y relaciones internacionales, para quien el documento de 84 páginas presentado por el país austral «es muy sólido y potente», capaz de vincular el presunto genocidio a la intencionalidad. «Primero tienes que demostrar que hay una intención y luego que esta se respalde por los hechos», añade Monreal.

«A través de 180 citas de oficiales del Gobierno y del Ejército israelíes, declaraciones que se replican en el espacio público a través de las afirmaciones de los ciudadanos, con una repercusión directa en efectos concretos de los soldados israelíes, que compran esa intencionalidad genocida y que la reproducen en el terreno no solo asesinando sino deshumanizando sistemáticamente a las personas, se cierra la cadena desde la intencionalidad a la ejecución», analiza Monreal, consciente de que demostrar que ha habido genocidio llevará años. Sin embargo, la demanda de Sudáfrica ante la CIJ cambia la narrativa: «Independientemente de que se pare o no, el relato de la guerra es otro. Que la CIJ falle diciendo que hay un riesgo de genocidio supone un cambio en todo el relato de Israel y pone a la nación que ha sido víctima del mayor genocidio de la historia en el otro lado».

«Es un veredicto que supera nuestras esperanzas más locas. Es una decisión que anima a los defensores de la paz que han protestado en las calles de Estados Unidos, Sudáfrica y en todas partes», declaró Fébé Potgieter, miembro del Congreso Nacional Africano.

La defensa de Tel Aviv

La estrategia israelí a esta ofensiva judicial internacional se centra en desestimar la acusación de genocidio alegando el derecho a la legítima defensa tras el atentado de Hamás del 7 de octubre, en el que murieron 1.200 ciudadanos y Hamás y Yihad Islámica secuestraron a 250 personas. De hecho, el equipo de defensa israelí tiene un perfil progresista, una muestra más de que la operación militar sobre la Franja de Gaza tiene muy pocos detractores internamente. «Israel no tiene mucha estrategia, porque si entra a discutir el contenido asume que tiene base, en esa línea roja de si hay o no genocidio. Por eso hacen una enmienda a la totalidad, alegan legítima defensa y culpan a Hamás de todos los muertos en Gaza», explica Monreal.

Las resoluciones de la CIJ son vinculantes y los estados deben cumplirlas, pero no existe un mecanismo de ejecución y control, por lo que solo la presión internacional puede hacer que Israel detenga la ofensiva. En cambio, al aplicarse el principio de no causar daños a la población civil ni a las infraestructuras básicas se pueden alcanzar medidas preventivas. La adopción de medidas cautelares «tiene una importancia primordial en los procedimientos por genocidio. Se suelen producir en momentos críticos, con gran expectación pública, [cuando] es patente la gravedad de la situación subyacente y suelen evaluarse con rapidez», apunta en un extenso hilo desde su cuenta en la red X Antonio Remiro , catedrático emérito de Derecho Internacional de la UAM. «Si nos atenemos a los precedentes, las solicitudes de medidas cautelares han prosperado siempre», añade Remiro.

Blinne Ní Ghrálaigh, abogada irlandesa de la acusación sudafricana, fue contundente al afirmar en la presentación del caso que la vinculación entre las declaraciones de los líderes del Gobierno israelí y la exaltación del genocidio en las acciones de los militares es lo que marca la diferencia. «Estamos viendo este genocidio en directo, por lo que es posible demostrar la tesis de la cadena de mando, desde la toma de decisiones a la propia ejecución», alegó.

Remontándose a la expulsión en 1948 de los palestinos para la creación de Israel, la Nakba, Sudáfrica quiere que se haga justicia reconociendo y asumiendo responsabilidades no solo por un presunto caso de genocidio, sino también por el proceso de ocupación y limpieza étnica que los palestinos llevan sufriendo más de 70 años. «Ya no es el estado más democrático de Oriente Próximo el que está en guerra contra Hamás, sino el estado que está promoviendo el apartheid contra un pueblo, el que está ejecutando un genocidio», concluye Monreal.