Touadéra entra en el club

RCA vota una nueva Constitución en la que se elimina el límite de mandatos en la presidencia

República Centroafricana se ha unido al club de países del continente que han decidido eliminar los límites a los mandatos presidenciales. Tras un referéndum celebrado el pasado 30 de julio para aprobar una nueva Carta Magna, el Tribunal Constitucional anunció el pasado 21 de agosto los resultados definitivos de la consulta: votaron a favor del nuevo texto el 95 % de los electores y solo el 5 % en contra. Según las cifras oficiales, la tasa de participación fue del 57 %. Dada la ausencia de observadores independientes, resulta difícil contrastar estos números. De este modo, el actual presidente, Faustin-Archange ­Touadéra, en el poder desde el año 2016, y que cumple actualmente su segundo mandato, podrá presentarse de nuevo en 2025 y todas las veces que lo desee, puesto que en el nuevo texto legislativo ya no existe la limitación de dos mandatos consecutivos. La duración de las legislaturas, además, pasa de cuatro a siete años.

La oposición democrática centroafricana decidió boicotear el referéndum y acusó a las autoridades de serias irregularidades, como la ausencia de papeletas para votar «No» en numerosos colegios electorales. También cuestionó que la tasa de participación fuera tan alta y la estimó en menos del 10 %.

Sin tiempo para preparar la convocatoria

La ANE, que anunció en junio la convocatoria del referéndum, no tuvo tiempo de actualizar el censo electoral, por lo que quienes cumplieron los 18 años después de las últimas elecciones de 2020 no pudieron votar. Tampoco pudieron hacerlo las personas que extraviaron sus antiguas tarjetas electorales. El texto de la nueva Carta Magna, que fue redactado por un comité que no pasó por la aprobación del Parlamento, solo se hizo público dos semanas antes de la fecha de la consulta, por lo que muy pocas personas pudieron leer el texto sometido a votación.

La nueva Constitución sustituye a la aprobada en referéndum en 2015 y promulgada al año siguiente. Su entrada en vigor puso fin al período de transición política que estabilizó el país tras la toma del poder por parte de los rebeldes de la Seleka, de mayoría musulmana, y la guerra que opusieron las milicias antiBalaka. En el nuevo texto, además de eliminar los límites a los mandatos presidenciales, se suprime el Senado –que aún no se había puesto en marcha– y se introduce la figura del vicepresidente. Un nuevo artículo que ha causado una gran polémica se refiere a la necesidad de contar únicamente con la nacionalidad centroafricana para poder ocupar las responsabilidades políticas más altas del Estado. Los principales candidatos de la oposición, Anicet Dologuelé y Crepin Mboli-Goumba, son binacionales y tienen también pasaporte francés y estadounidense, respectivamente, por lo que no podrán ser candidatos a las elecciones presidenciales a no ser que renuncien a su segunda ciudadanía. La comunidad musulmana, que a menudo ha sido vista como «extranjera», tampoco vio con buenos ojos que se vuelva a poner sobre la mesa el tema de los «centroafricanos de origen».

Muchos ciudadanos del país tampoco han acogido bien un artículo por el que se suprime la necesidad de la aprobación de la Asamblea Nacional para conceder permisos mineros de explotación a grupos extranjeros. Desde hace cuatro años, varias empresas ligadas al grupo de mercenarios rusos Wagner se han hecho con el control de la explotación de bosques y, sobre todo, de minas de oro y diamantes, expulsando a pequeñas empresas locales que proporcionaban un sustento económico a muchos miles de centroafricanos.

¿Pensar en la ciudadanía?

El presidente Touadéra ha asegurado siempre que el referéndum ha sido la respuesta de las autoridades a las demandas del pueblo. Se refería a las numerosas manifestaciones que han tenido lugar en distintas ciudades del país desde el año pasado exigiendo una nueva Constitución. La oposición ha denunciado que estas movilizaciones han sido, en realidad, organizadas por el partido en el poder, el Movimiento Corazones Unidos (MCU), y que en muchas ocasiones se ha presionado a las autoridades de las prefecturas para que las organizaran, llegando incluso a ofrecer dinero a quienes salieran a las calles para manifestarse a favor de la consulta.

La comunidad internacional –sobre ­todo donantes como Estados Unidos, Francia, la Unión Europea y el Banco Mundial– se mostró siempre muy reticente a apoyar el proyecto de una nueva Constitución y no ha querido emitir juicios de valor para no ser acusada de injerencia en asuntos internos. También se ha mantenido al margen la Misión de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas (MINUSCA) aduciendo que el apoyo a un referéndum no forma parte de su mandato. Por esta razón, la logística y la seguridad corrieron a cargo de las fuerzas nacionales de seguridad y del grupo Wagner.

Cuando se inició el proyecto de la nueva Constitución el año pasado, el Tribunal Constitucional declaró ilegal la formación de un comité de redacción del nuevo texto. Su presidenta, la magistrada Danielle Darlan, tras sufrir amenazas de muerte y varios escraches a la puerta de su oficina por parte de jóvenes del MCU, fue destituida por Touadéra en noviembre de 2022 alegando que había cumplido ya la edad de la jubilación. De este modo, eliminó a la persona que ponía barreras legales para su proyecto. Darlan declaró en julio de este año que cuando aún ocupaba su puesto recibió la visita de dos funcionarios de la embajada rusa en Bangui, quienes la presionaron para que diera vía libre al proyecto de cambio de la Constitución. También la Iglesia católica se ha opuesto y ha advertido en varias ocasiones del riesgo de desatar tensiones políticas que no auguran nada bueno para un país que sigue en crisis.

Mientras tanto, República Centroafricana vive una situación de relativa calma, aunque los rebeldes de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC) siguen lanzando ataques esporádicos en varias zonas del norte y el este del país, que se mantiene en la poco envidiable posición de segunda nación más pobre del mundo. De sus seis millones de habitantes, aproximadamente medio millón siguen viviendo como refugiados en países vecinos, sobre todo en Camerún y Chad, y otro medio millón son desplazados internos.