Que callen las armas

Chema Caballero     Por Chema Caballero

 

En teoría, cuando un estado viola alguno de los principios de la Carta de las Naciones Unidas (CNU), este organismo internacional le impone sanciones. Estas pueden ser pequeñas o grandes, refiriéndose estas últimas, principalmente, al uso de fuerza armada. Bajo el primer tipo, el más común, se contemplan diversas posibilidades recogidas en el artículo 41 de la CNU : embargo diplomático, prohibiciones de viaje, la congelación de activos, el embargo económico o el embargo de armas, entre otras.

Como suele suceder con la ONU y organismos relacionados con ella (recuérdese la polémica de muchos jefes de estado y gobiernos africanos por la “obsesión” de la Corte Penal Internacional con África), la primera vez en la historia que se recurrió a este artículo fue en 1963 para sancionar al régimen del Apartheid sudafricano y la segunda, en 1965, para castigar a Rhodesia del Sur (actual Zimbabue) por romper unilateralmente con el Reino Unido.

En la actualidad, el embargo de armas se ha convertido en la principal sanción aplicada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También fue un país africano el primero en experimentar este tipo de castigo. En 1977, la ONU impuso su primer embargo de armas al régimen racista de Sudáfrica, desde entonces, el continente ha experimentado el mayor número de casos en los que se ha impuesto esta medida, hasta el momento. Sin embargo, da la impresión de que la misma ha tenido muy poca incidencia en el continente, por no decir ninguna.

Ahora mismo, seis naciones africanas están sometidas a un embargo de armas por decisión del Consejo de Seguridad de la ONU: República Centroafricana, República Democrática de Congo (solo para las Fuerzas No Gubernamentales), Eritrea, Libia, Somalia y Sudán (para la región de Darfur). Por su parte, la Unión Europea aplica la misma medida a: República Centroafricana, Costa de Marfil, República Democrática del Congo (para las FNG), Egipto, Eritrea, Libia, Sudán del Sur y Sudán.

La realidad es que mientras se prohíbe el comercio legal de armas, el tráfico ilegal sigue fluyendo en los países sancionados. Como ya reconoció en 2012 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, que calculó en 2.2 mil millones de dólares las armas que entraban de manera ilegal en los países a los que se había impuesto esta sanción.

Incluso tenemos casos en los que los propios gobiernos que imponen este tipo de sanción, son los mismos que las violan para favorecer sus propios intereses en la zona. Recuérdese a este respecto el caso conocido como Sandline international que condujo a la dimisión de un ministro del gabinete del primer ministro británico Tony Blair por la venta de armas al Gobierno sierraleonés burlando así el embargo impuesto por Naciones Unidas durante la guerra civil del país. Este es solo uno entre los muchos ejemplos similares que se podrían encontrar.

Es por eso que la Unión Africana (UA), se ha propuesto adivinar por qué los embargos de armas han tenido tan poco efecto en la región. El pasado mes de marzo, el presidente de la Comisión de Control de Armas, Desarme y No Proliferación presentaba un documento en el que señalaba que los informes de los comités de sanciones de la ONU ponían de relieve “la limitada capacidad institucional de los estados para supervisar y hacer cumplir los embargos, en particular en lo que respecta a los controles fronterizos, así como el problema del intercambio efectivo de información entre los estados y los comités de sanciones”.

La ONU también enfatiza la necesidad de sancionar las violaciones de las sanciones. Y reconoce que falta voluntad y cooperación a la hora de hacer efectivas estas medidas. No cabe duda de que cuantos más países se comprometan a hacer cumplir un embargo más difícil será violarlo.

Para fomentar la acción integrada y coordinada, la Comisión de Control de Armas, Desarme y No Proliferación de la UA, desarrolló el Plan de acción para la implementación de la estrategia de la UA para controlar la proliferación ilícita, la circulación y el tráfico de armas pequeñas y ligeras, que fue aprobado en 2013.

Desde entonces, diversos países han creado comisiones para seguir el desarrollo del tráfico de este tipo de armas que son las que más muertos causan en África. Sin embargo, su funcionalidad y eficacia es escasa dada la falta de financiación, de capacidad técnica y las trabas burocráticas que padecen, según afirma el Instituto de Estudios para  la Paz y la Seguridad de la Universidad de Adís Abeba.

La Agenda 2063 de la UA, tiene entre sus objetivos, silenciar las armas para el año 2020. Para que en los próximos cuatro años se enmudezcan los fusiles, tendrán que abordarse, de manera simultánea, los problemas de seguridad que llevan a la proliferación de las armas pequeñas y ligeras en el continente. Según los expertos, para ello no basta con localizar y recolectar estas armas, sino que también hay que tener en cuenta otros problemas estructurales tales como la promoción del estado de derecho, la lucha contra la corrupción, la expansión de los conflictos fuera de las fronteras nacionales, la radicalización de los grupos armados… y otros elementos que tiene un fuerte impacto en la proliferación de las armas pequeñas y ligeras. También hay que luchar contra los grandes beneficios que genera el comercio de armas.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, también sueña con reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada, para 2030.

No podemos decir que la lucha contra el comercio de armas sea una novedad, ha estado presente en la agenda de la seguridad internacional desde el final de la II Guerra Mundial. Este esfuerzo se vio recogido en el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas que entró en vigor en diciembre de 2014 y que marca un avance histórico para los derechos humanos ya que, por primera vez, un tratado recoge las implicaciones que tienen las transferencias de venta de armas para los derechos humanos, según explica Amnistía Internacional.

Sin embargo, solo 37 estados africanos han firmado este acuerdo y de ellos son 17 los que lo han ratificado. Lo que da a entender la importancia que en el continente se concede a un asunto como este. De ahí que la Unión Africana quiera profundizar mucho más en el tema e ir más allá de las tradicionales excusas de la falta de dinero y medios para controlar este comercio y las violaciones de los embargos.

Según Nelson Alusala, del Institute for Security Studies (ISS), en África muchos países no tienen la capacidad para hacer cumplir las sanciones impuestas por Naciones Unidas. En un estudio que el ISS está desarrollando en este momento y en el que el consultor internacional colabora, se pone de relieve la necesidad de que la UA entienda el verdadero impacto de los embargos de armas sobre el continente y por qué algunos países no son capaces de hacerlos cumplir.

Hasta ahora, los análisis realizados sugieren que los embargos ayudan a frenar el suministro de armas a los usuarios no autorizados en el periodo inmediatamente después a la imposición de tales sanciones. Pero estos no suelen durar más de uno o dos años coincidiendo con el estancamiento de la situación una vez desplegadas las tropas de Naciones Unidas. Es entonces cuando repunta la demanda de armas.

Las fronteras porosas y la complicidad de los estados vecinos, que ven una oportunidad de sacar beneficios, favorecen el trabajo de los traficantes de armas. Esto provoca un fenómeno que está en auge, el florecimiento de los intermediarios ilegales que sustituyen a los proveedores de armas respetuosos, en principio, con la ley y que muchas veces se complementan y son cómplices en este tipo de acciones.

En el caso de África, muchos de estos intermediarios son jefes de milicias que se asientan en zonas de difícil acceso. Estos individuos muy raramente salen de su zona de control. No utilizan cuentas bancarias “modernas” ni poseen activos que puedan ser congelados o embargados. Sin embargo, suelen controlar vastas áreas de recursos naturales y comandan grupos responsables del tráfico ilegal de armas y violaciones de derechos humanos, incluido el uso de niñas y niños soldados.

El régimen de sanciones de Naciones Unidas tiene, consecuentemente, muy poco impacto sobre ellos que intercambian armas ilegales por recursos naturales en la mayoría de los casos.

Entre otras muchas, estas son las principales razones por las que los embargos de armas no funcionan en África y por el contrario, se convierten en una oportunidad de negocio para muchas personas y estados.

Es por esto que la iniciativa de la Unión Africana de estudiar a fondo por qué los embargos de armas no funcionan en el continente, ver las causas y sugerir posibles soluciones se presenta como una gran oportunidad para afianzar la paz en la región. Es cierto que para 2020, las armas no callarán en África, seguirán rugiendo, pero es posible que poco a poco se puedan empezar a llevar ante la justicia a aquellos que las detonan. Cualquier esfuerzo que se realice para conseguir la paz será siempre bienvenido.