¿La hora del cambio en Sudán?

25/02/2019

[Una mujer pide en una de las manifestaciones pácificas de febrero en Jartum la caída del presidente Al Bashir. Fotografía: Getty]

 

Por M. Al-Sennary Ahmed desde Jartum

 

Al Bashir decreta el Estado de emergencia y remodela el Ejecutivo para apaciguar las protestas

Un largo y tenso fin de semana. Eso es lo que ha vivido Sudán desde la tarde-noche del viernes, 22 de febrero, hasta el domingo 24. Han sido tres días de frenética actividad política que no han servido para apaciguar los ánimos de una sociedad que sigue pidiendo en la calle la dimisión del presidente Omar Hassan al Bashir, la conformación de un Ejecutivo de transición y la celebración de nuevas elecciones. Ni la disolución del Gobierno, ni el nombramiento de ­Mohamed Tahir Ayala como nuevo primer ministro, ni la congelación de la enmienda constitucional que permitía a Al Bashir –elegido por primera vez en unas elecciones en 1993– concurrir a las presidenciales, previstas para abril de 2020, han calmado los ánimos de la población que tiene prevista para hoy una marcha hasta el palacio presidencial.

El día 22 por la noche, Al Bashir declaró en la televisión pública el Estado de emergencia durante un período de un año. A pesar de que en el inicio de su intervención señaló que no se producirían cambios en el Gobierno sin diálogo con la oposición, la realidad es que con el Estado de emergencia dejó sin competencias a los gobiernos regionales sudaneses y recentralizó el poder en Jartum. Esto significa «que pueden seguir haciendo lo que ya estaban haciendo, pero ya legalmente: es decir, detenciones arbitrarias, confiscación de teléfonos a ciudadanos…», así como la limitación del acceso a Internet para controlar las redes sociales.

 

Comparecencia en televisión

El discurso del presidente ha sido acogido con cautela por la sociedad sudanesa. Incluso, cuando los medios locales anunciaron que el presidente se dirigiría al pueblo, la Asociación de Profesionales Sudaneses informó en su página en Facebook que si dicha comparecencia no era para anunciar su dimisión y crear un Gobierno de transición saldrían a la calle, como así ocurrió. La noche del viernes fue especialmente dura, con ruido de disparos en la capital sudanesa.

Al Bashir ha actuado con rapidez este fin de semana y anunció el sábado la composición del nuevo Gobierno, sobre el que hay que subrayar varios factores: la menor presencia de islamistas; que haya mantenido a seis ministros –entre los que se encuentran los titulares de Justicia y Exteriores–; o el nombre de su primer ministro, Mohamed Tahir Ayala, miembro de la comunidad hadendoa, una etnia del este de Sudán que tradicionalmente no ha ocupado el poder en el país. La buena gestión de Tahir Ayala sugiere la idea de que se trata de un buen nombramiento, aunque quizás no sea suficiente para aquellos que piden la salida de Al Bashir.

El vicepresidente del nuevo Ejecutivo es Awad Ibn Ouf, anterior ministro de Defensa, y compañero de Al Bashir en el golpe de Estado que le llevó al poder en 1989. El presidente sudanés ha aprovechado esta remodelación de la Administración para nombrar a 16 nuevos gobernadores. Según la BBC, con estas designaciones las 18 provincias del país quedan en manos de militares y oficiales del Ejército, lo que aseguraría un férreo control territorial. Lo que puede ser más problemático para la estabilidad del país es la pérdida de peso de los islamistas en el Ejecutivo. Este sector es el que controla de facto los resortes económicos de Sudán, por lo que no se descartan movimientos que provoquen una devaluación de la moneda, que se agrave todavía más la falta de liquidez en las calles o que, incluso, la facción islamista –ahora desterrada del poder– se una a los grupos de la sociedad civil que protagonizan una movilización que no tiene visos de ceder.

 

Sara Najdullah (segunda por la derecha), secretaria general del Partido Umma, la principal formación opositora en Sudán, participa con otros compañeros de reivindicación en una rueda de prensa celebrada en Jartum el 13 de febrero. Fotografía: Getty

 

Descontento popular

El detonante del descontento popular que se ha extendido por el país desde el pasado 19 de diciembre fue la subida del precio del pan, que triplicó su valor de un día para otro. Al mismo tiempo que el Parlamento decidió apoyar la enmienda que extendería el mandato del presidente –y que ahora ha quedado en suspenso–, el combustible comenzó a faltar en los surtidores de todo el país y la inflación se disparó un 73 %. La Asociación de Profesionales Sudadeses está capitalizando este movimiento, que ha sido reprimido con violencia por los cuerpos de seguridad del Estado. Por el momento se han registrado 51 víctimas mortales y más de 1.000 personas han sido detenidas.

Cada vez que los sudaneses salen a la calle repiten el eslogan «Simplemente cae», con el que expresan su deseo de que Al Bashir presente su dimisión y deje paso a un Gobierno de tecnócratas que convoque unas nuevas elecciones. Pero no solo la sociedad pide un cambio. También 21 partidos de la oposición, integrados en el Gobierno tras la iniciativa de Diálogo Nacional, han roto su acuerdo con el Partido del Congreso Nacional y han declarado su apoyo a la ola de manifestaciones que pide la salida de Al Bashir.

Mientras, la comunidad internacional se muestra dividida. Estados como Baréin, Catar, Egipto, Turquía, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos han mostrado su apoyo a Al Bashir, quien también cuenta con el respaldo de soldados rusos para reprimir las manifestaciones. Frente a ello, Europa ha pedido a Jartum que cese la violencia, libere a los presos políticos y permita la libertad de expresión. Pero, paradójicamente, junto a esa posición, la Unión Europea no vería con malos ojos la continuidad del presidente de Sudán, ya que su caída podría ocasionar un descontrol de los flujos migratorios en un país fronterizo con Libia y Egipto.

Todo ello sin olvidar que sobre Omar ­Hassan Al Beshir sigue pesando una orden de busca y captura emitida por el Tribunal Penal Internacional.