La peligrosa fractura burundesa

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La crisis ha dejado 1.200 muertos y 10.000 encarcelados.
En abril se cumplirán tres años desde que el presidente burundés, Pierre Nkurunziza, decidiera postularse para una tercera legislatura. La crisis política, económica y social se ha agudizado desde entonces y ahora se enfrenta a un nuevo desafío que puede ser crucial para la estabilidad de los Grandes Lagos: un referéndum en mayo para ampliar su mandato.

De noche, Justin presume de rastas cuidadas y de un discurso crítico que seduce a un grupo de chicas que se agolpan a su lado. Rapea y se aprieta una cerveza. Por la mañana luce gorra negra, pajarita, chalequillo y camisa blanca. Sirve uno de los mejores capuchinos al lado del Kigali Convention Centre, en la capital ruandesa. Hace seis años que para salir adelante, tuvo que dejar a su familia en Burundi, el país vecino, que permanece en una crisis política ahuecada y destinada a un futuro cada vez más incierto. «La gente de mi generación nos sentimos estafados. Nos han robado los mejores años de nuestra vida y la opción de soñar con un futuro en el que construir un país mejor», responde este treintañero a través de un mensaje telefónico.

En abril se cumplirán tres años desde que el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, decidiera postularse para un controvertido tercer mandato. Hubo protestas masivas seguidas de un intento de golpe de Estado en mayo de 2015. A pesar de las afirmaciones de que la medida era inconstitucional, Nkurunziza pasó a disputar y ganar las elecciones en julio de ese año. Le siguieron violentos ataques y asesinatos, miles de personas huyeron a Kigoma, en la frontera tanzana, se cerraron algunos medios de comunicación, y se expulsó a los periodistas extranjeros. Y llegó el silencio.

En respuesta a esta agitación mortal, varias organizaciones internacionales y regionales exigieron que Gobierno y oposición participaran en un diálogo para restablecer la paz. Pero las conversaciones han hecho aguas y la cercanía a la celebración de un referéndum convocado para mayo puede desatar de nuevo un conflicto social en esta pequeña nación de 10 millones de personas. ¿La puntilla? Los donantes internacionales han retirado en gran medida su apoyo.

 

Un grupo de soldados revisa la documentación a los viandantes en las horas posteriores al intento de golpe de Estado de mayo de 2015. Fotografía: Getty

 

Las dos caras de Burundi

Hay dos narraciones opuestas sobre la situación actual. Desde la trinchera gubernamental, se afirma que el país se ha recuperado de los enfrentamientos y los desplazamientos masivos de 2015. Las cosas ahora están seguras y vuelven a la normalidad. «Esperamos volver a tener un 2018 lleno de paz y seguridad en todas partes», era el mensaje que lanzaba Nkurunziza en Twitter el 31 de diciembre. Su homólogo tanzano, John Magufuli, insistía en esta línea. «Insto a los burundeses a que permanezcan en su país. Me han asegurado que el lugar ahora está en calma». Lionel Ntasano, gerente del hotel Nonara Beach Resort, un remanso de paz en la orilla del lago Tanganika, en Buyumbura, responde por correo electrónico a MUNDO NEGRO. «Ha habido tiempos mejores, cuando los turistas internacionales llenaban el libro de visitas. Ahora el negocio ha disminuido, pero estamos contentos con la economía del país».

Sin embargo, hay otra historia. La de los grupos locales de derechos humanos o la de los observadores internacionales. Entonces, la imagen que emerge es muy diferente. En junio, una comisión de investigación de la ONU hizo hincapié en la «persistencia de graves violaciones de los derechos humanos en un clima de temor generalizado». En noviembre, el enviado especial del secretario general de la ONU al país, Michel Kafando, y el presidente de la Comisión de Consolidación de la Paz en Burundi, el embajador suizo Jürg Lauber, seguían expresando su «profunda preocupación por el empeoramiento de la situación humanitaria». Mientras tanto, el último informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) afirmó que la crisis actual ha dejado al menos 1.200 muertos y el encarcelamiento de 10.000 personas por razones políticas.

En este sentido, las palabras de Josep María Royo, politólogo e investigador de la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona, arrojan luz sobre el papel matizado de las organizaciones internacionales para presionar a ­Nkurunziza, sobre todo, después de las evidencias de fosas comunes. «En 2014, mucho antes del inicio de la crisis de abril de 2015, se constató una oleada de represión con la detención de líderes opositores, amenazas a periodistas y defensores de derechos humanos, pero la comunidad internacional ya entonces tuvo una política complaciente con el régimen a pesar de la creciente corrupción y el autoritarismo de los últimos años. ¿Por qué? Pues porque cuestionar la evolución de Nkurunziza era cuestionar la política internacional de la UE, de Bélgica y de la Comunidad de África del Este (EAC, por sus siglas en inglés) de los últimos años. Porque significaba reconocer que la errática política regional e internacional responde a diversas agendas, algunas de ellas similares o cómplices con el regimen burundés», afirma Royo.

¿Quiere decir que la culpa no puede recaer solo sobre el presidente burundés? «Es difícil cuestionar a Nkurunziza sin cuestionar a los presidentes Museveni (Uganda), Kabila (RDC) o Kagamé (Ruanda), por citar algunos de sus vecinos, que han realizado una política similar. En ese sentido, las organizaciones que deberían haber presionado con mayor intensidad (EAC o la Unión Africana) tenían las manos atadas. En la región de Kasai se han encontrado también decenas de fosas comunes, en el que puede ser el principal conflicto de la RDC en los próximos años, que tampoco están suponiendo un descrédito de Kabila a nivel regional. Además, tampoco hay una unidad de acción en la zona, ya que Ruanda es claramente hostil a Burundi, mientras que Uganda y Tanzania han sido condescendientes y parciales con Nkurunziza. Y Kenia gira la cabeza hacia otro lado porque se mira el ombligo», subraya este investigador especializado en la región de los Grandes Lagos.

 

 

A la derecha, multitudinaria manifestación el pasado 26 de octubre en Buyumbura para celebrar la retirada de Burundi del TPI. Fotografía: Getty

 

La prueba de fuego

El referéndum programado para mayo tiene como uno de sus objetivos principales cambiar la Constitución de 2005, que emana de los Acuerdos de Arusha firmados en 2000. En las conversaciones que condujeron a estas negociaciones, los mediadores Julius Nyerere, expresidente tanzano, y Nelson Mandela, expresidente sudafricano, reconocieron que el régimen dirigido por los tutsis estaba socavando los derechos de amplios sectores de la población hutu y exacerbando las tensiones entre ambas comunidades.

De esta forma, Arusha se convirtió en la piedra angular de un sistema de consenso en el cual los hutus y los tutsis deberían gobernar juntos. Lo más importante es que el acuerdo fue diseñado para ayudar a los burundeses a construir y ­desarrollar instituciones democráticas y abordar cuestiones de protección, seguridad, reconciliación y responsabilidad de las minorías. Pero la insistencia del Gobierno actual sobre la estabilidad del país y de su creciente indiferencia hacia las conversaciones de paz externas han alarmado a los mediadores regionales.

Los activistas de la oposición y la sociedad civil también critican el enfoque y los planes del Gobierno de perpetuarse hasta 2034 si sale el «sí» en el referéndum. Jean ­Claude Nkundwa, un experto local en resolución de conflictos, explica a MUNDO NEGRO que «el Gobierno está tratando deliberadamente de evitar la participación externa. La intención es excluir a los opositores políticos en el exilio del proceso electoral de 2020. La aprobación de la reforma constitucional en mayo es el colofón de su programa político de perpetuación en el poder».

Una de las claves para tratar de revertir la situación pasa por el papel determinante que pueden desempeñar los jóvenes, como explica Royo: «Las redes sociales y la juventud tienen un importante papel movilizador para incrementar la masa crítica que pueda hacer frente al clima de impunidad y a las crecientes vulneraciones de los derechos humanos en Burundi. Pero sin que haya un eco regional e internacional que contribuya a hacer de altavoz de la realidad de este rincón de los Grandes Lagos, difícilmente los grandes actores van a mover ficha para cambiar la dinámica de la situación, que nos sigue conduciendo a un lento y silenciado genocidio desde hace casi tres años».

 

La amenaza rebelde y el TPI

En mayo de 2015 se produjo un intento de golpe de Estado liderado por el general Godefroid Niyombare. Falló, aunque los golpistas –principalmente soldados y policías que abandonaron las fuerzas de defensa burundesas– salieron agrupados en las Fuerzas Republicanas de Burundi. Niyombare desapareció del foco mediático al poco tiempo y su relevo lo recogió el general ­Jérémie ­Ntiranyibagira, quien renombró al grupo como Fuerzas Populares de Burundi. Sin embargo, desde octubre las filas rebeldes están sin cabeza visible: tanto Ntiranyibagira, como el coronel Edouard Nshimirimana, se encuentran en paradero desconocido. Además, Agathon Rwasa, el antiguo líder rebelde de las Fuerzas Nacionales de Liberación, ha abandonado la lucha armada para tratar de llegar a un acuerdo político con el Gobierno.

En el plano internacional, la salida de Burundi del Tribunal Penal Internacional (TPI) se hizo efectiva el pasado octubre. Sin embargo, esta salida no implica que el TPI abandone las investigaciones ya iniciadas por las que acusaba al Gobierno de Nkurunziza de crímenes de lesa humanidad en 2015. El desafío es otro: cómo La Haya llevará a cabo sus pesquisas a sabiendas de que Buyumbura ha dejado claro que no iba a cooperar.

 


 

Fotografía: Jesús G. Feria / Vida Nueva

«Burundi necesita integración y reconciliación»
Joachim Ntahondereye, presidente del episcopado burundés, en una reciente visita a MUNDO NEGRO ha analizado la situación del país y respondido a las críticas del Gobierno, que ha acusado a la Iglesia de ser fuente de «casi todas las crisis que han sumido al país desde la llegada de los primeros misioneros» y de «jugar un papel más político que espiritual». Sin embargo, ­Ntahondereye insiste en levantar la voz.

«La situación actual, aunque delicada, no es tan mala como en tiempos pasados. Lo que necesita la sociedad burundesa es integración y reconciliación. Es cierto que la Iglesia es vista como opositora porque es crítica con los abusos de los derechos humanos, pero realmente es mediadora».

«Se han realizado intentos de llegar a la paz sin éxito porque el Gobierno se niega a hablar con aquellos a los que acusa de tomar parte en el intento de golpe de Estado del 13 de mayo de 2015. Sin embargo, la dolorosa historia de nuestro país ha demostrado que, sin diálogo, no es posible una paz duradera».

«En Burundi, más de un 60 por ciento de la población tiene menos de 25 años, así que tenemos que seguir trabajando para construir un mundo mejor para nuestra juventud, que actualmente se encuentra desamparada».

«Necesitamos mejorar las capacidades formativas y espirituales de nuestros jóvenes. No tenemos espacio suficiente para albergar a los novicios, las semillas del mañana. Pedimos a la sociedad española que no se olviden de nosotros, que recen por el pueblo burundés y que nos ayuden económicamente en la medida de sus posibilidades».

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