700.000 pobres extremos más

Medio año después del golpe de Estado en Níger, las sanciones económicas ahogan a la población

Por Carlos Nombela Gordo

Han pasado seis meses desde que, a finales de julio, el palacio presidencial de Niamey, capital de Níger, amaneciera tomado por la guardia presidencial, principal fuerza de élite del Ejército nigerino. Un anuncio de los golpistas en la cadena nacional Télé Sahel hizo pública la suspensión de la Constitución y de las instituciones del Estado, el cierre de las fronteras y un toque de queda inminente. Del hasta entonces presidente, Mohamed Bazoum, poco se supo hasta horas después, cuando se conoció su arresto domiciliario en el propio palacio junto a su mujer y su hijo, situación que se mantiene hasta la fecha. 

Aquel acontecimiento pilló a todo el mundo por sorpresa y durante días copó las portadas de los principales medios de comunicación internacionales. Occidente, y más concretamente Francia, perdía en la región, epicentro del terrorismo yihadista, al último de sus aliados en un momento en el que Rusia parece aprovechar el desconcierto llenando ese vacío. 

Este nuevo golpe en el Sahel, el sexto en tres años, se percibió como el fin de una era y el inicio de otra en la región, y reflejó la incapacidad de la Comunidad de Estados de África Occidental (CEDEAO) para hacer frente a este fenómeno. Esta organización regional, actualmente capitaneada por el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, nació para asegurar la cooperación e integración económica de sus estados miembros y pasó años después a desempeñar un papel en el mantenimiento de la estabilidad política y social de la región, llegando a intervenir militarmente en Guinea en 1999 y en 2012, y en Costa de Marfil en 2003. 

Tras el levantamiento, la CEDEAO se vio obligada a responder con contundencia y rapidez, y en su sede de Abuya se trazaron los planes de una intervención militar aún vigente, aunque más lejana. El país entraba así en una nueva crisis tras más de 10 años de relativa estabilidad política y social.

La respuesta de la CEDEAO fue más allá y, junto con la Unión Económica y Monetaria de África del Oeste (UEMOA), anunció la aplicación de duras sanciones comerciales y financieras con el objetivo de asfixiar al país y forzar a los golpistas a dar marcha atrás. Cerraron el espacio aéreo, y la Unión Europea y sus países miembros, junto con Estados Unidos, suspendieron muchos de sus planes de financiación y ayuda internacional poco después de la sublevación. El país entró así a formar parte de la lista de miembros suspendidos de la CEDEAO junto a sus vecinos Burkina Faso, Guinea y Malí, todos ellos gobernados por juntas militares.

Una situación previa complicada

Níger está entre los tres países menos avanzados del África subsahariana y en 2019 un 41,4 % de su población vivía con menos de 1,9 dólares al día. La inseguridad en ciertas zonas del país, la crisis climática y el hambre lo convierten en uno de los más vulnerables y dependientes de la asistencia humanitaria y los programas de desarrollo a nivel mundial. Según datos de diciembre, estos representaban un 11,3 % del PIB del país antes de las sanciones, y tan solo un 3,8 % posteriormente. Es sencillo imaginar las consecuencias devastadoras que las sanciones pueden acarrear en los medios de vida de la población nigerina. 

Un estudio publicado en octubre de 2023 por el Banco Mundial (BM) y el Programa Mundial de Alimentos (PAM) señalaba que del paquete de sanciones impuestas, aquellas que tienen un mayor impacto en el día a día de los nigerinos son el cierre casi total de las fronteras con Nigeria y Benín, por las cuales atraviesan las principales vías comerciales del país; los cortes en el suministro eléctrico por parte de Nigeria, proveedor del 70 % del consumo total previo al golpe; y la falta de acceso a los mercados financieros regionales. 

En la calle los efectos no tardaron en hacerse notar y, tras la toma del poder por parte de Omar Tchiani, la población vio con -preocupación cómo los precios de los alimentos de primera necesidad, especialmente cereales, no dejaban de subir. Datos publicados en diciembre indican que, entre agosto y noviembre, se alcanzaron cifras récord: el arroz, alimento de importación adquirido por la clase media y alta urbana, se pagó hasta un 42 % más caro de lo habitual, y el maíz un 20 %. El precio de alimentos producidos localmente y consumidos por población urbana pobre y población rural, es decir, la mayoría, sufrieron la misma suerte: el mijo, un alimento básico, llegó a pagarse un 28 % más caro, el sorgo un 31 % y la carne un 5,4 %. A esto se suma una cosecha de cereales inferior a la media provocada por la falta de lluvias, los ataques de diferentes plagas y el abandono de cultivos en zonas de conflictos armados.

Todos estos factores afectan directamente a la seguridad alimentaria y nutricional y, de acuerdo con datos del PAM, la tasa de la categoría aceptable de la Puntuación de Consumo de Alimentos, indicador que mide la inseguridad alimentaria, cayó un 19 % en septiembre de 2023 respecto al año anterior. En el mismo sentido, según datos de la Dirección de Nutrición, semanas después del golpe, el número de menores de cinco años diagnosticados como malnutridos superó por primera vez las cifras de 2022. Pero esto no acaba aquí: de acuerdo con el estudio de octubre mencionado anteriormente, pocos días después del alzamiento se observó un aumento significativo en el número de hogares que recurrieron a estrategias de adaptación de emergencia –venta de las últimas hembras reproductoras de su ganado, de terrenos o viviendas y mendicidad–, reduciendo la capacidad de la población para enfrentarse a situaciones críticas en el futuro cercano. 

En octubre, las proyecciones del BM y el PAM indicaban que si la situación no mejoraba antes de final de año, el crecimiento del PIB por habitante en 2023 caería un 3,7 %, la inflación aumentaría hasta 2,4 puntos y la tasa de extrema pobreza crecería un 3,4 % alcanzando el 44,1 % de la población. Esto significa que 2024 ha empezado con 700.000 nuevos nigerinos en extrema pobreza. Un auténtico drama que exige una resolución rápida para la cual, recientemente, la contestada CEDEAO ha dado el primer paso abriendo una puerta al diálogo con el Gobierno de Tchiani bajo ciertas condiciones.