La guerra desde el cielo también se libra en África

Durante años, los drones fueron el símbolo de una guerra lejana, propia de grandes potencias y conflictos remotos. Su uso estaba asociado a operaciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio o a conflictos altamente tecnologizados. Hoy, esa imagen ha cambiado de forma significativa. En África, cada vez más países están incorporando estos dispositivos a sus estrategias militares, transformando no solo la forma de combatir, sino también el equilibrio de poder en el continente.

Lo que hasta hace poco era una tecnología exclusiva se ha vuelto accesible. Y con ello, la guerra también ha cambiado. En países como Etiopía, Mali o Nigeria, los drones han dejado de ser una herramienta secundaria para convertirse en un elemento central de las operaciones militares. Permiten vigilar amplias extensiones de territorio, identificar objetivos con mayor precisión y, en algunos casos, ejecutar ataques sin necesidad de desplegar tropas sobre el terreno. Pero también genera nuevas dependencias tecnológicas, dilemas éticos y formas de influencia externa.

En este contexto, algunos analistas hablan de una especie de «democratización de la violencia»: la tecnología reduce las barreras para ejercer la fuerza y permite que Estados con menos recursos accedan a capacidades antes reservadas a grandes ejércitos. Esta transformación no implica necesariamente una mayor estabilidad; al contrario, puede facilitar el recurso a la fuerza y alterar los incentivos políticos en contextos de conflicto.

El cambio ha sido rápido. A mediados de la década de 2010, los drones se utilizaban sobre todo para tareas de vigilancia, reconocimiento y recopilación de inteligencia. Hoy, muchos de estos sistemas están armados y son capaces de ejecutar ataques de precisión. Esta evolución ha sido posible gracias a la reducción de costes, la proliferación de tecnología en el mercado global y la aparición de nuevos proveedores dispuestos a exportarla.

Países como Turquía, China o Irán han desempeñado un papel clave en este proceso. A diferencia de las potencias occidentales, estos actores suelen imponer menos condiciones políticas o restricciones en la venta de armamento, lo que ha facilitado la rápida difusión de drones en distintos países africanos. Más allá de una simple transacción comercial, estas relaciones implican también vínculos estratégicos que refuerzan la presencia de estos actores en el continente.

Uno de los ejemplos más ilustrativos del impacto de los drones es la guerra de Tigray, en Etiopía, entre 2020 y 2022. En este conflicto, el uso de drones por parte del gobierno etíope fue determinante para recuperar la iniciativa militar frente a las fuerzas del Frente Popular de Liberación de Tigray. La capacidad de localizar objetivos, atacar con precisión y obtener información en tiempo real permitió compensar desventajas sobre el terreno y modificar el equilibrio del conflicto.

En el Sahel, el fenómeno adopta características distintas, pero igualmente relevantes. En Mali, tras la expulsión de la presencia militar francesa, el Gobierno, con la ayuda de Rusia, ha buscado nuevos aliados y ha reforzado sus capacidades militares, incluyendo la incorporación de drones. Esta tecnología permitió inicialmente intensificar la presión sobre los grupos yihadistas que operan en el país.

Sin embargo, los resultados han sido ambiguos. La intensificación reciente de los ataques por parte de distintos actores armados —entre ellos el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) y el Frente de Liberación de Azawad— ha puesto en cuestión la eficacia de esta estrategia. Más allá del plano militar, el uso de drones también ha generado preocupaciones sobre posibles abusos, violaciones de derechos humanos, falta de transparencia y dificultades para exigir responsabilidades en contextos donde la supervisión es limitada.

En Nigeria, el uso de drones ha seguido una lógica diferente. Allí, estos dispositivos se han utilizado principalmente para tareas de vigilancia en la lucha contra Boko Haram y otros grupos armados. Han contribuido a mejorar la coordinación de las fuerzas de seguridad y a reducir la incertidumbre operativa, pero no han sido suficientes para resolver un conflicto complejo y prolongado.

Mientras tanto, un fenómeno emergente empieza a cobrar importancia: la adopción de drones por parte de actores no estatales. Aunque su uso es todavía limitado y menos sofisticado que el de los Estados, existen evidencias de que algunos grupos armados han comenzado a incorporar drones comerciales modificados a sus operaciones.

En Nigeria, facciones como Boko Haram o su escisión ISWAP han utilizado drones de bajo coste para tareas de reconocimiento. En Mozambique, los grupos insurgentes en la región de Cabo Delgado han mostrado un interés creciente en estas tecnologías, aunque su uso ha sido hasta ahora rudimentario y en muchos casos orientado a la propaganda.

En el Sahel —Mali, Burkina Faso y Níger— se observan tendencias similares. Por el momento, se trata de experimentación limitada. Sin embargo, la experiencia de otros conflictos, como los de Oriente Medio, sugiere que estas capacidades pueden evolucionar con rapidez.

Si esta tendencia continúa, la brecha tecnológica entre Estados y grupos insurgentes podría reducirse. No desaparecerá, pero sí se estrechará lo suficiente como para modificar la dinámica de los enfrentamientos y complicar la respuesta de los gobiernos.

Este nuevo escenario plantea importantes dilemas. Por un lado, los drones permiten operaciones más precisas y reducen el riesgo para las fuerzas militares. Por otro, no eliminan el peligro de víctimas civiles ni resuelven los problemas de fondo que alimentan los conflictos. Además, la distancia física que introducen en el uso de la fuerza puede contribuir a una cierta deshumanización de la guerra.

Un ejemplo reciente ilustra la magnitud de estos riesgos. En Sudán, donde la guerra ha entrado en su cuarto año, al menos 880 civiles han muerto por ataques con drones entre enero y abril de 2026, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estas muertes representan más del 80% del total de víctimas civiles registradas en ese periodo.

A ello se suma un problema adicional: la opacidad. Muchas operaciones con drones se desarrollan sin información pública detallada, lo que dificulta la rendición de cuentas y alimenta la desconfianza de la población. El responsable del organismo, Volker Türk, ha advertido de que el conflicto podría entrar en una fase aún más letal.

También existen implicaciones geopolíticas. La dependencia de proveedores externos para la adquisición, mantenimiento y operación de estos sistemas otorga a países como Turquía, China o Irán una influencia creciente en el continente africano. No se trata solo de tecnología, sino de relaciones estratégicas que pueden tener efectos a largo plazo.

En última instancia, los drones no son una solución a los conflictos africanos. No abordan las causas estructurales de la violencia —como la debilidad institucional, la desigualdad o las tensiones territoriales—, pero sí alteran la forma en que estos conflictos se desarrollan.

Hacen la guerra más accesible, más tecnológica y, en muchos casos, más difícil de controlar. Y, sobre todo, muestran que el futuro de los conflictos ya no se decide únicamente sobre el terreno, sino también desde el aire.

La guerra desde el cielo ya no es exclusiva de las grandes potencias. África es hoy uno de los escenarios donde mejor se entiende lo que eso significa.

En la imagen superior, un soldado francés revisa un dron Reaper en la base aérea francesa BAP de Niamey el 14 de mayo de 2023. Fotografía: Getty