Canarias convertida en cárcel

Migrants from a group of 1300 rescued from different boats remain in the port of Arguineguin while being cared for by the Spanish Red Cross and the National Police on the Spanish Canary island of Gran Canaria on October 25, 2020. - African migrants have recently turned to the Canary Islands after agreements with Turkey, Morocco and Libya tightened control over the Mediterranean route to Europe's shores. (Photo by DESIREE MARTIN / AFP) (Photo by DESIREE MARTIN/AFP via Getty Images)

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En 2020 se han rescatado en aguas cercanas a Canarias a 11.721 inmigrantes en 432 embarcaciones, ocho veces más que el año pasado.

Un goteo constante de rescates y llegadas de personas migrantes a las islas Canarias desde septiembre deja en evidencia, una vez más, la gestión migratoria del Gobierno central. Sociedad civil, Iglesia católica y autoridades locales exigen que cese el trato inhumano y vejatorio al que están siendo sometidas estas personas.

Es la peor crisis migratoria en las islas Canarias des- de la llegada de más de 36.000 personas en cayucos durante 2006. Ha pasado más de una década y las condiciones de «no acogida» que están viviendo miles de personas indican que nada ha cambiado. «Las administraciones no han previsto lugares para las personas que están llegando. Llevamos 26 años con este fenómeno migratorio en Canarias, y en todo este tiempo ninguna administración ha sido capaz de coordinar un sistema de acogida digno y eficaz, respetuoso con las personas que llegan», explica Antonio Viera, capellán del CIE Barranco Seco (Las Palmas) y miembro del Secretariado Pastoral de Migraciones canario.

Desde la experiencia de escuchar y acompañar a las personas que ven cómo su proyecto migratorio se frustra al ser retenidos en un centro sin haber cometido ningún delito, Viera explica que la política de cerrar fronteras y levantar muros del Gobierno español y de la Unión Europea (UE) se aplica porque «son negros y pobres».

A través de una cuenta de Twitter que echa humo a cualquier hora del día o la noche desde hace semanas, Txema Santana, portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, comparte frustración y preocupación con Viera. «Es cada día más evidente que Europa quiere hacer de esto una cárcel. No esperaba que España lo fuera a aceptar de una manera tan fácil». Santana apunta que desde que comenzó el año 2020 no ha habido intención de trasladar o visibilizar esos movimientos a la península: «Se está utilizando a las islas Canarias como un lugar de bloqueo para las personas migrantes».


Txema Santana, portavoz de CEAR, a mediados de septiembre de 2020, durante una entrevista. Fotografia: DESIREE MARTIN / AFP- Getty Images



En septiembre de 2019 se reactivó la ruta migratoria por el Atlántico, una de las más peligrosas, al blindarse la frontera con Marruecos gracias al apoyo financiero tanto de la UE como de España. A partir de ese momento, tanto magrebíes –que son los que en mayor número están llegando a Canarias– como subsaharianos emprenden la ruta desde las costas del sur de Marruecos, Sahara Occidental, Mauritania y Senegal. «Esta ruta se reabre por decisiones políticas que tienen sus consecuencias, como blindar la frontera norte de Marruecos e incluir en los acuerdos la necesidad de alejar a las personas de la frontera norte», añade Santana.

Los efectos del coronavirus

La pandemia, que aunque en número de personas afectadas y muertos ha tenido una incidencia mucho menor en el continente africano que en el europeo, ha obligado a tomar medidas de confinamiento y cierre que han ahogado la extensa economía sumergida que permite sobrevivir a millones de personas. Esta ha sido la causa por la que, a partir de septiembre de 2020, se produce un aumento de tráfico de embarcaciones, llegando a ser 40 embarcaciones y 2.500 personas las que arribaron al puerto de Arguineguín en el fin de semana del 7 y 8 de noviembre. «Están llegando muchos jóvenes de la zona de Marrakech y hacia el sur. Esta es una región de Marruecos que vive del turismo, que ha desaparecido por la COVID-19, y sus comercios han caído», apunta Santana.

Aunque técnicamente no se pueda hablar de un estado de emergencia, ha habido momentos en los que hasta 2.300 personas han tenido que malvivir en el puerto de Arguineguín, compartiendo espacio con las ratas y privados de unas condiciones mínimas sanitarias y alimenticias. El fin de semana del 29 de noviembre, cuatro meses después de que se levantase el campamento provisional de acogida para migrantes de Arguineguín quedaba vacío, y dos días después, el Consejo de Ministros anunciaba una partida de 40 millones de euros del fondo de contingencia para atender las llegadas al archipiélago y construir inslaciones provisionales que eviten el traslado de las personas migrantes a la península.

«Es una situación complicada desde hace meses por el importante incremento de llegadas, especialmente a Gran Canaria, pero también a Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife; y algunas esporádicas a El Hierro y La Gomera. Es una ruta abierta, como se ha reconocido oficialmente», señala Íñigo Vila, jefe de Emergencias de Cruz Roja, quien echa en falta la existencia de una «cadena perfectamente engrasada» para trabajar, coordinadamente, en situaciones como las que se han vivido en los puertos canarios. Vila considera que eso es lo que está ocurriendo y que se está trabajando para que las condiciones mejoren: «Nos consta que desde los diferentes ministerios se está trabajando, igual que desde las administraciones también lo intentan, pero estas cosas tienen que ir acompasadas y no siempre se logra, lo que puede provocar estos picos que, a su vez, pueden coincidir con el número de llegadas».


Antonio Viera, responsable de la Pastoral de Migraciones de Canarias junto a voluntarios y un grupo de jóvenes magrebíes en el CIE Barranco Seco. Fotografía cedida por ANTONIO VIERA



Vila recuerda que han manifestado reiteradamente «que el muelle debería quedar única y exclusivamente para una primera atención humanitaria, igual que lo hacemos en otras ubicaciones del resto de la geografía», e insiste en que la situación actual no puede compararse a la crisis de los cayucos de 2006: «Hay factores, como el hecho de que estamos en medio de una pandemia, que hacen que el proceso sea más lento que en 2005-2006, ahora estamos ante una cuestión de salud pública en la que hay una normativa que cumplir. Por eso se dan situaciones que no gustan a nadie y que son incómodas para el desempeño de la atención humanitaria. Aunque se está trabajando para su mejora».


Infografía: JOSÉ LUIS SILVÁN SEN /MN.


Lugares para la acogida

Hasta 5.000 personas llegaron a estar alojadas en hoteles canarios vacíos por la falta de turismo, algo que, como señala Viera, ha provocado un incrementando de la xenofobia en la sociedad. «Estoy viendo en nuestro pueblo cosas que eran impensables, porque los cana- rios tenemos la experiencia de haber sido un pueblo migrante. No hay familia canaria que no tenga a algún antepasado migrante en Cuba, Venezuela o Argentina, y nunca se nos trató así». A lo que Santana añade: «No hay tiempo para seguir acogiendo y ampliando el número de plazas humanitarias en Canarias. No porque no sea posible, sino porque no es sostenible. Es muy difícil gestionar la cohesión social en un territorio insular en recesión sin contar con el apoyo del territorio continental. No podemos fragilizar más los derechos de las personas, no les hagamos más vulnerables de lo que son».

El informe de los investigadores del Defensor del Pueblo –que a mediados de noviembre visitaron sin previo aviso Arguineguín, conocido como «el campamento de la vergüenza»– se hizo público el 26 de noviembre exigiendo el «cierre inmediato» del campamento por estarse vulnerando derechos fundamentales de las personas migrantes. Francisco Fernández Marugán, al mando del organismo, advirtió de la vulneración de los artículos 15 (al estar «poniendo en riesgo la integridad física de las personas hacinadas») y 17 («al comprobar que había personas que sobrepasaban las 72 horas de privación de libertad sin ser puestos a disposición judicial y, por tanto, sin ninguna orden que lo justificara») de la Constitución.

En una línea de preocupación similar a la que hemos podido recoger por parte de los actores locales implicados en temas de migración, la COMECE, el organismo que aglutina a los episcopados de la Unión Europea (UE), ha enviado un mensaje a Bruselas: «La solidaridad hacia los refugiados no solo significa la financiación, sino también la apertura proporcional de las fronteras de la UE. (…). Recomendamos que se faciliten vías seguras y legales para los migrantes, y corredores humanitarios para los refugiados, mediante los cuales puedan venir a Europa con seguridad y ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados. En este sentido, es conveniente colaborar con las instituciones eclesiásticas y las asociaciones privadas que ya trabajan en este campo. Europa no puede ni debe dar la espalda a las personas que proceden de zonas de guerra o de lugares donde son discriminadas o no pueden gozar de una vida digna».

Con el objetivo de impedir el tráfico de personas, muchas organizaciones e incluso gobiernos locales exigen potenciar las alternativas de vida en origen –cooperación y desarrollo–, y habilitar vías regulares y seguras para que las personas puedan migrar –como recoge el Pacto Mundial de las Migraciones, firmado por España en 2018 en Marrakech–. Porque, como dice Santana, «hay que salir de la rueda de hámster actual y dejar de poner parches a una situación que requiere visión a corto y medio plazo, pero sobre todo a largo plazo».

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