Centenario y legado de Madiba

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En 1994 se puso fin al apartheid en Sudáfrica. La elección de Mandela para la presidencia del país le llevó a enfrentarse a la herencia racial y étnica, y a las ­desigualdades económicas y sociales generadas por aquel sistema. Ya han transcurrido más de dos décadas, tiempo suficiente para el balance, aprovechando el centenario de Madiba (julio de 2018).

Durante su único mandato, Mandela dotó a Sudáfrica de sólidas instituciones democráticas, importantes derechos constitucionales, nuevas organizaciones administrativas y, sobre todo, de un sistema respetuoso con las diversidades y una de las constituciones más progresistas del mundo. Supo conciliar los temores de los blancos con las frustraciones de los negros, nombrando en su Gobierno a sus adversarios políticos (Frederik W. de Klerk del Partido Nacional y Mangosuthu G. Buthelezi del Inkhata), para conseguir la reconciliación interétnica. Ello lo convierte en un personaje irrepetible y un modelo para los demás países africanos con sistemas de gobierno centralizados, jacobinos y excluyentes.

Pero el fin del apartheid político no pudo acompañarse con el fin del apartheid económico. A los cambios políticos no le han seguido reformas económicas o programas de justicia social. Además, Sudáfrica ya no es la primera economía africana, puesto ocupado desde hace un par de años por Nigeria. Varias razones explican esta situación: la economía sudafricana sigue siendo rentista o minera; la adhesión de Mandela –y sobre todo sus sucesores, Mbeki y Zuma– al neoliberalismo, en particular a la apertura de la economía y a las privatizaciones para conseguir el crecimiento económico con el fin de crear empleos; y, por último, la no concreción de la reforma agraria que debería transferir el 30 por ciento de las tierras cultivables confiscadas por la minoría blanca a través de la política de los bantustanes a la población negra.

Sudáfrica es hoy el país con mayor pobreza y desigualdad del mundo por varios errores cometidos en los procesos de negociación y de transición (1990-1994) que impidieron la definición de un modelo económico al servicio de la mayoría. La imposibilidad de llevar a cabo la reforma agraria al introducir en la nueva Constitución la clausula que protege la propiedad privada (79 por ciento de las tierras son de particulares); junto a la prioridad al rembolso de la excesiva deuda externa (heredada del Gobierno del apartheid), han bloqueado cualquier posibilidad de lucha contra la pobreza.

El número de pobres ha aumentado, batiendo el récord de 30,4 millones de personas en 2017, en su mayoría jóvenes y negros. Hoy la economía sudafricana sigue en manos de la minoría blanca –como en tiempos del apartheid–, con la consiguiente extensión de la violencia y la criminalidad. Lo único que ha cambiado es la creación de una clase media negra dotada de privilegios económicos y en clara ruptura con sus bases. En definitiva, al apartheid racial le está sustituyendo el apartheid social, o lo que se viene llamando «el apartheid dentro del apartheid». Se renunció a la revolución social. En las negociaciones se impuso al CNA el respeto de la propiedad privada que hace imposible la reforma agraria, y por lo tanto la lucha contra la pobreza.

Tras Mandela, la situación económica del país ha ido de mal en peor con Thabo ­Mbeki y Jacob Zuma, este último destacando con casos de corrupción y escándalos. Cyril ­Ramaphosa, elegido el 18 de diciembre de 2017 presidente del CNA y presidente de Sudáfrica tras la dimisión de Zuma el pasado 15 de febrero de 2018, tiene como principales objetivos la lucha contra la corrupción y la revisión del artículo 25 de la Constitución, esa que permitiría la anhelada reforma agraria en la Sudáfrica posterior a Mandela.

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