Chagos, un triunfo parcial

Londres acepta su devolución a Mauricio, pero la isla de Diego García se queda fuera del acuerdo

Por Omer Freixa

Es una historia que se remonta a la década de 1960, o incluso antes. A 2 000 kilómetros de Mauricio, pero a 9 000 de Londres, Chagos se encuentra en una posición privilegiada, a caballo entre África y Asia, en medio del Índico, como un puesto geoestratégico y militar privilegiado. 

Este factor desató desde temprano las ambiciones de Gran Bretaña, que se hizo con Mauricio tras cederla París al término de las guerras napoleónicas. De este modo, Londres aprovechó en 1903 la ocasión para integrar Chagos en Mauricio, archipiélago situado a unos 1  100 kilómetros de la isla de Madagascar. Pero en 1965 el Gobierno británico incorporó el archipiélago chagosiano a lo que denominó como «territorios británicos del Índico» (BIOT, por sus siglas en inglés), lo que suponía la separación de estas islas de Mauricio, al que compensó económicamente. Es tal la importancia geográfica de Chagos que incluso Estados Unidos conserva desde 1966 una base militar en una de sus islas, Diego García, después de acordar con la metrópoli europea su gestión conjunta, que se extiende hasta la actualidad. 

Durante la vertiginosa época de las independencias en África, le llegó el turno a Mauricio. Era 1968 y desde ese momento comenzó a reclamar a Londres la restitución de Chagos. La administración independiente de Port Louis alegaba que Gran Bretaña le obligó a entregar el archipiélago como condición indispensable para alcanzar su emancipación. Por ello, el pasado 3 de octubre quedará en la memoria de la nación africana. El Gobierno que lidera Keir Starmer accedió a otorgar la restitución del archipiélago a Mauricio, tras dos años de negociaciones directas. El acuerdo contempla el mantenimiento de la presencia estadounidense, un compromiso militar que fue renovado en 2016 para un «período inicial» de 99 años. 

Gran Bretaña se había negado durante 56 años a devolver Chagos a Mauricio pese a haber recibido en 2019 presiones de la Corte Internacional de Justicia y de la Asamblea General de la ONU, a las que se sumaron las protestas de la sociedad civil mauriciana, que llegó a colocar, en abierto desafío a la administración británica, una bandera del país en el archipiélago. 

La otra cara del acuerdo

Las negociaciones que han llevado a la devolución, argumentan desde Downing Street, han buscado evitar que Chagos se convierta en un eslabón de las redes de tráfico ilegal de personas, además de perfilar la aplicación de un paquete financiero que incluye fondos e infraestructuras para Mauricio. 

Pero el futuro de las antiguas comunidades desplazadas de Chagos continúa siendo incierto. Para los grupos en la diáspora, el acuerdo no clarifica qué pasará con las comunidades tamiles que malviven en Chagos desde 2021, llegadas como producto de las persecuciones religiosas que persisten al sur de la India, de donde proceden, ahora que se vislumbra la posibilidad de reubicarlos en instalaciones de la ONU en Rumanía. El problema original tiene que ver con que la instalación de la base militar en Diego García obligó al desplazamiento forzoso de hasta 2 000 personas del archipiélago entre 1968 y 1973, lo que ha provocado que en la actualidad cerca de 10 000 nacionales se hallen repartidos entre Mauricio, Seychelles y la antigua metrópoli. A aquellas personas expatriadas se les prometió que jamás volverían a las islas. Y Gran Bretaña, consecuente con su declaración, bloqueó durante décadas y de todas las maneras posibles el retorno de esa población a Chagos, en un flagrante delito humanitario.

Los detalles de aquella expulsión se han ido conociendo en los últimos años. En 2019 el Gobierno británico pidió perdón por el daño infligido a ese colectivo, a lo que añadió la promesa de restitución del archipiélago a Mauricio cuando ya no concurrieran las necesidades geoestratégicas, aunque no concretó mucho más. En 2022 un reducido grupo de chagosianos pudo emprender un viaje de retorno sin escolta ni autorización británica. 

El acuerdo actual permitirá el reasentamiento de las comunidades chagosianas en la diáspora, excepto en la isla de Diego García. Por este y por otros factores, dentro de las comunidades nativas las opiniones están bastante divididas. Algunos anhelan el retorno y han mostrado entusiasmo ante la posibilidad de volver a sus lugares de origen, otros están más preocupados por sus derechos en Gran Bretaña, mientras que un tercer grupo opina que lo acontecido en Chagos debiera ser producto de decisiones propias y no de voluntades externas.

En relación a este último grupo, otra crítica que ha trascendido al acuerdo alcanzado entre Mauricio y Gran Bretaña es que ha excluido de las consultas a la población de Chagos, un pueblo que no ha gozado del derecho a la autodeterminación y que podía haber cuestionado su inclusión en Mauricio y decantarse por la vía de la independencia. A esto se suma la realidad de aquellos que no pueden volver a sus hogares desde hace décadas.

¿La primera restitución?

Además, es pertinente el interrogante sobre si este movimiento puntual podría inspirar otras devoluciones de territorios británicos como Malvinas o Gibraltar, entre los más llamativos de los 14 que aún conserva la potencia en ultramar. Lo sucedido podría insuflar esperanzas para las reclamaciones soberanas de Argentina, España y otros Estados. 

Esta cuestión ha tenido un relativo eco mediático. Por ejemplo, el periodista y columnista Simon Jenkins, del diario británico The Guardian, publicó un artículo el pasado 8 de octubre en el que planteaba la idea de que Gran Bretaña abandonara sus ilusiones imperiales y que Chagos pudiera ser un buen arranque para ello. Jenkins recordaba en su artículo que el Gobierno de Margaret Thatcher, antes del estallido de la guerra en 1982, negociaba una transferencia de Malvinas muy cuestionada por la población kelper, un proceso que interrumpió la operación de la Junta Militar argentina, entonces gobernante, y cuyo fracaso precipitó el fin de la dictadura al año siguiente. Al final del artículo, el periodista señalaba que solo el coste de manutención de las Malvinas, que asciende a 60 millones de libras esterlinas anuales por menos de 4 000 malvinenses, sería un argumento lógico para devolver las islas. No obstante, sintiéndose interpelado, Downing Street descartó la posibilidad de devolución del archipiélago, del Peñón y puede que del resto.