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La economía oscila entre la deuda y los recursos naturales
Por Thomas Selemane
Fotografías Getty Images
Mozambique está sufriendo el mismo mal que han padecido otras naciones africanas cuando encuentran en ellos recursos naturales. La aparición de gas natural frente a sus costas ha suscitado el interés de grandes multinacionales del sector. Mientras, el Gobierno piensa cómo optimizar los ingresos que generará su extracción y procesamiento, que no comenzará antes de 2023. Junto a eso, el país vive pendiente de una auditoría sobre una deuda de 2.000 millones de dólares contraída en secreto por el anterior Gobierno de Armando Guebuza.
Mozambique podría considerarse un caso de éxito en la transición de una guerra civil a un régimen de democracia multipartidista, con elecciones cada cinco años desde 1994 –aunque ninguna libre de denuncias por fraude electoral–. Sin embargo, el país ha visto cómo su imagen de estabilidad se ha ido apagando. En realidad, ese equilibrio político y económico pregonado por el Gobierno y por la comunidad internacional era falso, porque se asentó sobre pilares muy débiles: el final de una guerra civil sin reconciliación nacional, la ayuda externa que sirvió más para enriquecer a los dirigentes que para resolver los problemas del pueblo, y un crecimiento económico basado en la exportación de materias primas no procesadas como aluminio, gas natural, algodón, tabaco y anacardo.
El Acuerdo de Paz firmado el 4 de octubre de 1992 en Roma, que puso el punto final a una sangrienta guerra civil que durante 16 años enfrentó a la Resistencia Nacional Mozambiqueña (Renamo) y al Gobierno del Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo) no resolvió la cuestión esencial de una sociedad enfrentada: la necesaria reconciliación. Las negociaciones de paz apenas cumplieron el objetivo de callar las armas, pero no sanaron las heridas abiertas en millones de mozambiqueños. Y esas heridas continúan abiertas hoy, casi 25 años después del fin del conflicto armado. Así, la cacareada estabilidad política de Mozambique tuvo siempre pies de barro.
Las elecciones generales, presidenciales y legislativas de 1994, 1999, 2004, 2009 y 2014 –todas ganadas por el Frelimo y sus candidatos– no se tradujeron en la esperada democratización del Estado ya que, cada vez más, el poder está asociado al partido que lo ejerce. El espacio público para la intervención de los actores no estatales, movimientos cívicos, órganos informativos y académicos independientes, es cada vez más reducido. La persecución a todos los que piensan diferente del partido en el poder ha avanzado de forma alarmante bajo la mirada cómplice de la comunidad internacional, que financia el Estado mozambiqueño.
En 2015 fue asesinado el constitucionalista Gilles Cistac, y un año más tarde fue secuestrado y tiroteado el profesor universitario, José Jaime Macuane, ambos reconocidos por tener opiniones favorables a RENAMO y críticas con FRELIMO. Ni se ha encontrado al autor o autores de la muerte de Cistac ni se sabe nada de la investigación sobre estos dos hechos. Además, desde 2012 se han producido más de cien secuestros en el país, la mayoría sin esclarecer. Todo esto ha propagado el sentimiento de inseguridad e impunidad.
Los dos atentados sufridos por el presidente de Renamo, Alfonso Dhlakama, en septiembre de 2015 en la provincia de Manica, sin que hasta la fecha se haya abierto una investigación policial, se perciben como una señal de que la violencia y la persecución a los opositores políticos son la receta del Gobierno para hacer frente a los que ponen en entredicho la legitimidad de su poder.
Crisis y esperanza en el gas
La crisis económica mundial llegó a Mozambique por la reducción de las inversiones, de las exportaciones y por la quiebra de las expectativas en relación a los recursos minerales, particularmente debido a la caída de los precios en el mercado internacional. De un país que se veía a sí mismo –y que era percibido– como un ‘nuevo rico’ debido a sus recursos minerales, pasó a ser un país donde el anhelado desarrollo socioeconómico es un espejismo.
La provincia de Tete que entre 2008 y 2012 era considerada El Dorado, vio cómo se abandonaban sus minas de carbón y centenares de trabajadores eran despedidos. En Nampula, la minera irlandesa Kenmare Resources –que en su página web señala que su principal actividad está en la mina mozambiqueña de Moma, de la que se extrae titanio, rutilo o silicato de corconio– tiene congelado el salario de sus trabajadores por la caída del precio de los minerales. Las exportaciones de aluminio de Mozal bajaron también por la quiebra de los precios.
El gas natural encontrado en la bahía del Rovuma se ha presentado como la salvación de la patria. Las previsiones iniciales indicaban que en 2018 se iniciaría la producción. Sin embargo, otros factores como la legalización de los procesos de implantación de las refinerías, la financiación del proyecto en el mercado internacional –incluyendo las sucesivas reventas de los derechos de explotación por parte de las petrolíferas adjudicatarias– han atrasado los plazos hasta 2023.
La norteamericana ExxonMobil compró el 25 por ciento del bloque de gas del Área 4 de la bahía del Rovuma, provincia de Cabo Delgado, por 2.800 millones de dólares. El 70 por ciento del Área 4 fue adquirido por la italiana ENI East África, un 10 por por el Gobierno mozambiqueño a través de la Empresa Nacional de Hidrocarburos (ENH). En el accionariado también aparecen la surcoreana Kogas y la portuguesa Galp Energía. En 2013, la China National Petroleum Corporation (CNPC) compró el 28,6 por ciento de la parte italiana (un 20 por ciento del Área 4), cuando los precios del gas eran más elevados. Pagó 4.210 millones de dólares, mucho más de lo que Exxon abonaría en marzo pasado por una parcela mayor.
De hecho, ExxonMobil pagó 2.800 millones de dólares por la adquisición del 35,7 por ciento de ENI East Africa –una cuarta parte del Área 4–. Así, la empresa italiana se queda con un 25 por ciento del Área 4. Ante esta operación, ExxonMobil señaló el pasado 9 de marzo que ENI continuará liderando el proyecto de gas natural licuado en el campo de Coral –donde se encuentran buena parte de las reservas del Área 4– y todas las operaciones de exploración y extracción allí, mientras que ExxonMobil liderará la construcción de las instalaciones de licuefacción del gas en tierra.
Esta amalgama de multinacionales supone una ventaja y una desventaja para Mozambique. Es bueno en la medida en que los principales actores son multinacionales experimentadas en el sector que garantizan la viabilidad del proyecto. Pero también es un problema para el Gobierno de Mozambique, por lo asimétricas que resultan las negociaciones. Al ser un país que se estrena en estas lides se corre el riesgo de no estar a la altura. La capacidad política no parece muy sólida por la ausencia de una estrategia para la explotación del gas y, sobre todo, por la falta de visión de futuro por parte del Gobierno, que está más interesado en vender deprisa los recursos, sin tener claro cómo será utilizado el dinero que se ingrese por esa vía. Esa prisa parece más lógica ahora que el país está sumergido en una grave crisis de deuda.
La revelación en 2016 de una deuda de 2.000 millones de dólares contraída en secreto, colocó encima de la mesa el debate sobre la gestión de las finanzas públicas en Mozambique, e hizo que el país perdiera credibilidad en el escenario internacional. La forma en la que se accedió a ese préstamo vulneró los sistemas de gestión financiera y, además, fue inconstitucional, porque no había sido refrendado por la Asamblea mozambiqueña. A pesar de todo, el Gobierno concedió garantías suscritas por el entonces ministro de Finanzas, Manuel Chang, y por la directora nacional del Tesoro, Isaltina Lucas, hoy viceministra de Finanzas.
Influencia internacional
Gracias a las presiones de la comunidad internacional y de las organizaciones de la sociedad civil mozambiqueña se constituyó una comisión parlamentaria de investigación al respecto. Esta concluyó con pocas novedades para la opinión pública, ya que reconoció que el proceso había sido inconstitucional e ilegal; que los préstamos a empresas supuestamente privadas eran, en gran parte, para equipamiento militar y de seguridad.
Entre abril y mayo de 2016 el Fondo Monetario Internacional (FMI) suspendió el crédito de reserva aprobado para el país y los donantes dejaron de alimentar el presupuesto nacional, alegando que el Gobierno mozambiqueño les ocultó la deuda y que se habían violado los principios elementales de gestión financiera. La directora ejecutiva del FMI, Christine Lagarde, dijo en mayo de 2016 que, manteniendo en secreto esos préstamos, el Gobierno de Mozambique “esconde claramente la corrupción”.
Ese dinero, prestado fundamentalmente por el suizo Credit Suisse y el ruso VTB, fue usado para financiar a tres empresas privadas, aunque creadas por el Estado y controladas por los Servicios de Información y Seguridad del Estado (SISE). Una de ellas, ProIndicus, creada en enero de 2013, cuenta entre sus accionistas con Monte Binga –una empresa del Ministerio de Defensa– con el 76 por ciento de sus participaciones. Junto a ella está el mismo SISE, con un 33 por ciento del accionariado. A ProIndicus se destinaron 622 millones de dólares, de los que 504 procedían de Credit Suisse y 118 del VTB.
La segunda beneficiaria del préstamo fue la Empresa Mozambiqueña del Atún (Ematum). Constituida en agosto de 2013, pertenece al SISE y a Emopesca. A esta se destinaron 850 millones de dólares procedentes de las dos entidades antes citadas más BNP Paribas. La tercera destinataria del dinero es Moçambique Asset Management (MAM), creada en mayo de 2014. El SISE es titular del 98 por ciento de su capital, que completan a partes iguales Ematum y ProIndicus. La MAM recibió una financiación de 535 millones de dólares.
Deudas ilícitas y futuro
El FMI y otros socios de Mozambique, entre los que destacan Suecia, Reino Unido, Holanda, Canadá, Dinamarca e Irlanda insistieron en que el Gobierno de Filipe Nyussi aceptase auditar las deudas. El Ejecutivo cedió y se convocó un concurso en el que se eligió a la auditora Kroll, que está trabajando en colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR). El informe debería estar listo –después de un retraso– el 28 de abril de 2017 (tras del cierre de este número).
Los analistas en Mozambique sospechan que el informe no aportará nada nuevo y que servirá apenas para justificar que se ha realizado una auditoría que, en definitiva, permitirá que el Gobierno reciba de nuevo ayuda externa para sus presupuestos, de forma directa o a través de proyectos.
No son pocos los que esperan que Kroll apunte a la responsabilidad del expresidente, Armando Guebuza. Además, dada la naturaleza inconstitucional e ilegal de la deuda, se ha generado un consenso en torno a la necesidad de que el Estado mozambiqueño se niegue a pagarla. El ministro de Finanzas, Adriano Maleiane, ha reconocido la incapacidad del Estado para cumplir con el compromiso adquirido. Junto a eso, dos de las empresas beneficiarias, MAM y ProIndicus, han fallado en el pago de los plazos acordados. En este contexto, lo que la sociedad civil defiende es que no pagar sea el resultado de la negativa del Estado y que traspase la responsabilidad a aquellos que hicieron posible el endeudamiento.
Mientras que el Gobierno lucha por recuperar la credibilidad perdida dentro y fuera del país, –como forma de mantenerse en el poder y de volver a los viejos y buenos tiempos en los que la ayuda externa alimentaba los presupuestos del Estado–, los más de 25 millones de mozambiqueños continúan a la espera de días mejores en los que puedan tener comida suficiente, empleo, protección social, salud y educación. Siguen sin tener esperanza en el futuro.
[Este reportaje forma parte del Cuaderno Mundo Negro Nº1 sobre Mozambique. Si desea obtener la edición en papel escriba a edimune@combonianos.com]
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