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Gambia lidera la denuncia contra Myanmar en la Corte Internacional de Justicia por el genocidio rohinyá.

Por Marta Iñiguez de Heredia Sunyé

El pasado mes de enero se inició el juicio por el genocidio rohinyá en la Corte Internacional de Justicia. El caso, impulsado por Gambia en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica, puede sentar un precedente en el derecho internacional y en la prevención y persecución del delito de genocidio. Otros casos, como el de Sudáfrica contra Israel presentado en el mismo tribunal, esperan con interés la sentencia. 

El 11 de noviembre de 2019, Gambia denunció a Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por actos que contravenían la Convención contra el Crimen de Genocidio de 1948. Aunque ha tenido poca repercusión mediática, el caso sienta varios precedentes y ha generado un cierto efecto dominó, dando pie a otras iniciativas similares, incluida la presentada por Ucrania contra Rusia, por genocidio, o la de Sudáfrica contra Israel (ver MN 699, p. 6).

En su denuncia, Gambia alegó que, en octubre de 2016 y agosto de 2017, el Ejército de Myanmar cometió actos de genocidio en el transcurso de sus operaciones llamadas «de limpieza» contra la población rohinyá, que representa una minoría musulmana en un Estado de mayoría budista. Estos actos habrían incluido asesinatos en masa y violencia sexual, así como la destrucción sistemática de aldeas mediante el fuego, a menudo con habitantes dentro de las casas. Los rohinyás son un grupo de población musulmana que ha habitado tradicionalmente en la provincia de Rakhine –o Arakan–, en la costa oeste de Myanmar. Según Naved Bakali, profesor adjunto de Educación Antirracista en la Universidad de Windsor, los orígenes de este conflicto tienen que ver con una islamofobia continuada, ya existente en las políticas de censo y administración territorial del Gobierno colonial de lo que fue la India británica. En aquel momento, los colonos dividieron a la población por lo que definieron como grupos raciales, creando una ley poblacional en 1824 que no solo encajonaba a los diferentes grupos sociales y étnicos, sino que los contraponía y jerarquizaba. Cuando en 1974 el primer ministro birmano Ne Win quiso consolidar su gobierno –tras su golpe de Estado de 1962–, se promulgó una nueva Constitución y, con ella, una Ley de Emergencia sobre Inmigración que excluía a la población rohinyá. Cuando se revisó esta norma y se proclamó la ley de ciudadanía, los rohinyás fueron declarados «inmigrantes ilegales» en su propio país. Naciones Unidas (ONU) considera que esta es la mayor población apátrida del mundo, con la consiguiente pérdida de derechos, discriminación y ­persecución. 

Desde 2012, el conflicto se ha intensificado tanto por la acción del Ejército como de la resistencia rohinyá. Cuando, en 2016, el Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA, por sus siglas en inglés), uno de los grupos armados que ha logrado aunar a muchas agrupaciones insurgentes en los últimos años, lanzó sus primeros ataques contra puestos policiales en el estado de Rakhine, la respuesta del Ejército fue contundente, llegando a provocar la huida de más de 750 000 personas a Bangladesh y a otras regiones de Myanmar.

El papel de Gambia

Hay varias cuestiones de la denuncia de Gambia, tanto de fondo como de forma, que merecen la pena analizar por la repercusión y significado que tienen. La primera es que el país africano presentó la demanda en representación de los 57 estados miembros de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI). Esta es la denominación que se otorgó en 2011 a la Organización de la Conferencia Islámica, creada en 1969. Desde su nacimiento, sus objetivos principales han sido promover la fraternidad musulmana y defender los intereses de esta comunidad de creyentes, con independencia de su lugar de nacimiento. ­Entre estos ­objetivos, por ejemplo, siempre ha estado la defensa de la autodeterminación, el territorio y los derechos del pueblo palestino. 

Gambia ha cobrado un papel cada vez más relevante en la institución. Desde su ingreso, en 1974, Banyul ha sido un miembro estable y comprometido. Durante mucho tiempo, sobre todo al principio, no ha sido promotor de grandes ejes estratégicos de la organización, como el reconocimiento de la Organización para la Liberación de Palestina como representante del pueblo palestino o la creación del Banco Islámico de Desarrollo, pero sí ha sido uno de los países con más participación del bloque de países africanos. Gambia ha reforzado su identidad islámica en el mundo diplomático en las últimas décadas. El expresidente Yahya Jammeh llegó a declarar el país como república islámica, si bien esto se revirtió. Con la llegada al poder de ­Adama Barrow en 2017, Gambia ha jugado un papel cada vez más visible en la OCI y esta demanda es la mejor prueba de ello. 

La denuncia es también la culminación de varias acciones llevadas a cabo con respecto a la situación del pueblo rohinyá por parte de la OCI, en la que Gambia ha tenido un papel protagonista, junto con otros países africanos como Senegal y Nigeria. Estas acciones han incluido la emisión de comunicados sobre los estallidos de violencia en la provincia de Rakhine en 2012, así como la coordinación de posiciones en la Asamblea General de la ONU y en el Consejo de Derechos Humanos. La OCI ha jugado también en la última década un papel cada vez más preponderante en el campo de la resolución de conflictos. Por un lado, se ha consolidado como un actor representativo de la comunidad musulmana, proponiéndose como su interlocutor a nivel global. Por otro lado, su fuerte compromiso con la neutralidad le ha hecho ganar reputación internacional como mediadora de conflictos. Por este motivo, Gambia, como país fuera de la región, era un buen candidato para presentar la demanda, en la que debía prevalecer la voluntad de hacer valer los derechos del pueblo rohinyá.

Otra cuestión importante es la decisión de interponer la querella en la CIJ y no en el Tribunal Penal Internacional (TPI). La cuestión va más allá del simple hecho de que Myanmar no sea miembro del TPI y que, por tanto, la CIJ fuera la única vía abierta. Gambia actuó bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio –firmada por ­Myanmar–, por la que la CIJ tiene jurisdicción para obligar al país asiático a implementar medidas que frenen el genocidio, a proteger a la población y ordenar reparaciones. Este hecho es el que ha motivado que otros países hayan visto una oportunidad de denunciar actos de genocidio frente a la CIJ. 

Sudáfrica e Israel

Igual que Gambia contra Myanmar, Sudáfrica interpuso en diciembre de 2023 una demanda contra Israel, también en la CIJ, en relación a los actos y omisiones de Israel, por contravenir la Convención contra el Delito de Genocidio. Los actos denunciados incluyen el ataque armado a palestinos civiles de Gaza, lesionar gravemente su integridad física y mental, y someterlos a condiciones de existencia que acarrean su destrucción física. El argumento de Sudáfrica, tal y como indica en su denuncia, es que estos actos «tienen carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica requerida […] de destruir a los palestinos de Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio». Frente a esto, en enero de 2024 la Corte ordenó a Israel tomar medidas para frenar dichos actos, indicando que «Israel sigue estando obligado a cumplir plenamente sus obligaciones dimanantes de la Convención contra el Genocidio y de dicha providencia, lo que incluye garantizar la seguridad de los palestinos en la Franja de Gaza».

Con anterioridad a esta denuncia, en noviembre de 2023, Sudáfrica, junto a otros cuatro países (Bangladesh, Bolivia, Comoras y Yibuti), remitió la situación de Palestina ante la Fiscalía del TPI por crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza. Los resultados no tardaron en llegar y el 20 de mayo de 2024 el fiscal jefe del TPI, Karim Khan, emitió órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Galant, por crímenes de guerra y contra la humanidad. Gambia y la OCI han apoyado a Sudáfrica en estos movimientos, incluso cuando sus miembros sabían las consecuencias diplomáticas, en especial, por parte de Estados Unidos, que esto pudiera tener. 

El hecho de que Gambia no sea un país implicado –como no lo es Sudáfrica en el caso de Palestina– es otra cuestión relevante, además de ser un caso pionero. En otros ejemplos, como el de Bosnia o incluso Ucrania, han sido países afectados los que han denunciado, mientras que el de Gambia contra Myanmar ha puesto de manifiesto la viabilidad jurídica internacional de la CIJ contra el caso de genocidio, incluso cuando el país en cuestión no está directamente afectado. 

En este caso, la estrategia legal, que se basa en un concepto jurídico denominado ­erga omnes, implica que la prohibición del genocidio es un deber universal contraído con toda la comunidad internacional. Si bien estas maniobras legales brindan la posibilidad de hacer cumplir derechos fundamentales, el desafío persiste a nivel político y en las limitaciones de la propia ONU, que ha adoptado un papel secundario en la vida internacional.

Otros impactos

Pero la repercusión de la denuncia de Gambia ha ido más allá de lo legal. Pocos días más tarde, el TPI abrió una investigación a Myanmar por los mismos hechos. Otros estados se han sumado. En noviembre de 2023, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido presentaron una declaración conjunta de intervención ante la CIJ que fue admitida, igual que lo fue la que realizó Maldivas poco más tarde. Estas intervenciones permiten a los países apoyar la interpretación de la Convención sobre el Genocidio en el caso de la persecución de la minoría rohinyá por parte de Myanmar.

Gambia, un pequeño país africano, también ha sentado precedente al liderar un caso con un impacto global al más alto nivel. Lo que tendemos a escuchar es lo contrario, que países fuera del continente son quienes protagonizan las acciones en las instituciones internacionales para denunciar y disciplinar a países africanos. No es casualidad que diez de los 16 países investigados por el TPI sean africanos, y que de los 74 acusados, solo 11 sean de fuera del continente. El caso de Gambia pone de relieve que los cambios que estamos viendo a nivel mundial no vienen solo de la mano de líderes de países como Estados Unidos, Rusia, China o Israel, sino que la agenda de seguridad está siendo articulada y liderada por países africanos que buscan fomentar un orden en el que, como mínimo, la comisión sistemática de abusos de derechos humanos no quede impune. 

En este camino, las acciones legales puede que no sean la herramienta definitiva o que no garanticen el fin del conflicto, pero el caso de Gambia evidencia que contribuyen a crear precedentes para que este fin pueda ser real y se pongan los mecanismos para evitar su repetición. La situación de Myanmar ha seguido deteriorándose tras el golpe militar de febrero de 2021, que desencadenó un nuevo conflicto. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, en la actualidad, hay 1,1 millones de personas de origen rohinyá en los campos de Bangladesh, un total de 1,4 millones de personas solicitantes de asilo de Myanmar y 3,5 millones de personas desplazadas dentro del territorio nacional. Los refugiados de larga duración en los campos viven en condiciones de hacinamiento, con amenazas de deslizamientos de tierra provocados por el monzón y restricciones de movimiento. Hay personas que se arriesgan a viajes marítimos mortales a otros países, ya que las condiciones para un regreso seguro y voluntario a Myanmar siguen siendo limitadas.

No obstante, Gambia ha sido capaz de enviar varios mensajes de gran calado político. Por un lado, que un país pequeño del continente africano puede tratar de hacer valer una prohibición tan básica como es la del crimen de genocidio. Por otro lado, que este delito es condenable y existen instrumentos internacionales capaces de movilizar recursos y medidas para pararlo. Es más, el caso de Gambia demuestra que hay voluntad política para detener estos actos, no solo en Myanmar, sino también en Israel, incluso cuando Estados Unidos ha mostrado apoyo incondicional a Tel Aviv, e incluso cuando no es parte implicada o parte de los países que tradicionalmente se erigen en defensores del orden mundial. Es posible, por tanto, que el efecto dominó siga su curso y Gambia haya abierto la puerta no solo a una demanda legal, sino a una fuerte resistencia a un orden mundial basado en el uso de la fuerza militar.