El Informe Duclert, al servicio de la no verdad

El documento, de 1.000 páginas, insiste en la versión del genocidio que sostiene el Gobierno de Paul Kagamé

Por P. Athanase Mutarambirwa, desde Bruselas (Bélgica)

El 26 de marzo de 2021, después de entregar su voluminoso informe de casi 1.000 páginas al presidente francés -Emmanuel Macron, el historiador Vincent Duclert trasladó a la prensa su esperanza de que este informe «desemboque en la reconciliación entre Ruanda y Francia, sin concesiones». Sin embargo, la lectura del texto sugiere que todo el trabajo se ha realizado con un fin más diplomático y político que histórico, y que no faltan las concesiones al Gobierno ruandés. Una de ellas es el reconocimiento de que el número de tutsis víctimas del genocidio asciende a más de 800.000 personas. Varios analistas concluyen que esta cifra es irreal. Para alcanzarla, habría que dar por válido que en determinados lugares se multiplicara por 30 el número de víctimas en relación al aforo máximo permitido para esos espacios. La voluntad del Ejecutivo ruandés de inflar los números de las víctimas, en su política de inculpar a la mayoría hutu –85 % de la población ruandesa–, es evidente. El Gobierno, que pretende disponer de un censo nominal de todas las víctimas mortales del genocidio, no se dignará a presentarlo al público para que se compruebe su veracidad colina a colina. 

La propia composición de la Comisión Duclert es también, en cierta medida, una concesión al Gobierno de Paul Kagamé. Se cuidó mucho de que no entraran en ella historiadores franceses como Bernard Lugan o André Guichaoua, que siguen la historia reciente del país centroafricano desde hace años, algo que posiblemente no ha hecho ninguno de los universitarios que han participado en la redacción del informe, y que son más susceptibles de asumir como válidas las hipótesis oficiales adoptadas e impuestas por el Gobierno actual de Ruanda, en manos de la antigua rebelión tutsi del Frente Patriótico Ruandés (FPR), que conquistó el poder en 1994, después de una guerra civil de cuatro años. Así, la Comisión, por ejemplo, ha adoptado el argumentario del FPR en cuanto al objetivo de la guerra civil que las fuerzas rebeldes iniciaron en octubre de 1990, y que no sería otro que la supuesta democratización del país y no la revancha de la minoría tutsi que perdió el poder en 1959. 

En varios puntos del Informe Duclert, un observador atento puede ver la clarividencia del Gobierno de François Mitterrand en la comprensión de los actores y del significado real del conflicto de Ruanda. Para ello bastaría con resaltar dos aspectos. En primer lugar, la Comisión, de forma sorprendente, reprocha al Ejecutivo francés que subrayara la implicación de Uganda en la agresión militar iniciada en 1990. Para exponer el error de la Comisión y el acierto del gabinete de -Mitterrand se pueden apuntar cuatro hechos: todos los miembros de la rebelión que se alzó en armas contra el Gobierno de Ruanda eran en ese momento militares del Ejército Nacional de Uganda; todas las armas con las que la rebelión invadió Ruanda formaban parte del arsenal del Ejército ugandés; cada vez que las tropas del FPR sufrían un revés, se replegaban al país vecino; y todos los rebeldes que se integraron en las filas del FPR desde Zaire (actual RDC), Ruanda, Burundi y varios países occidentales, entraron por Uganda. 

Geopolítica en los Grandes Lagos

En segundo lugar, la Comisión censura la lectura geopolítica del Gobierno francés de entonces. El informe pone de manifiesto que el Gobierno de Mitterrand entendía que el apoyo de Gran Bretaña y Estados Unidos al FPR no buscaba solo la solución del problema de los refugiados tutsis ruandeses, sino también un cambio en la afiliación geopolítica de los países de la región de los Grandes Lagos. De la decena de países de la región, uno es especialmente codiciado: República Democrática de Congo. Las industrias informática –-ordenadores portátiles, móviles, tabletas, etc.– y armamentística despegaron con fuerza en los años 90 cuando se descubrió coltán en el este del país. El 70 % de las reservas mundiales de este mineral se encuentran en el territorio congoleño fronterizo con Ruanda. La influencia de Uganda –con la protección de las potencias anglosajonas– en el control de Ruanda, abrió a aquellas las puertas del antiguo Zaire, invadido y explotado a sangre y fuego desde Ruanda a partir de 1996. 

Las tropas francesas intervinieron en apoyo del Gobierno de Ruanda entre 1990-1993 según unos acuerdos de cooperación formalizados en 1975. Se retiraron cuando el Ejecutivo de Kigali alcanzó un acuerdo de paz con el FPR. Un año más tarde, en junio de 1994, participaron en la Operación Turquesa, bajo mandato de la ONU, para delimitar una Zona Humanitaria Segura (ZHS) libre de operaciones bélicas en el oeste de Ruanda. El Informe Duclert censura que la ZHS fuera la puerta por la que huyeron muchos genocidas a Zaire. Aunque este hecho es cierto, es necesario subrayar que en la ZHS, las tropas francesas desarmaron a los soldados hutus y a las milicias genocidas y salvaron a más de 10.000 tutsis de una muerte segura. En este sentido, hay que tomar con cautela la afirmación de que el Gobierno francés parecía más interesado en la evolución del conflicto que en las vidas humanas que estaban en peligro. En la ZHS pululaban tres millones de civiles hutus desplazados. Cualquier ruandés sabe que si esos civiles no hubieran gozado de la protección de las tropas francesas habrían sido diezmados por el FPR. En aquellos tiempos, los combatientes de los dos bandos se habían aficionado a masacrar a civiles. De hecho el propio Paul Kagamé declaró el 7 de abril de 2007 que su mayor frustración fue no haber podido derramar toda su ira sobre los ruandeses que se desplazaban de la ZHS hacia Zaire, y a los que tildó de genocidas sin distinción. 

El Informe Duclert no aporta ninguna luz sobre el magnicidio en el que perecieron los presidentes de Ruanda y Burundi en la tarde del 6 de abril de 1994, atentado que desencadenó las matanzas. Pero lo peor para los ruandeses es que el nuevo documento –-supuestamente importante– elude a los miles de hutus víctimas de las tropas del FPR, particularmente en el noreste y en el este de Ruanda. Las masacres perpetradas por la rebelión tutsi fueron tan importantes que pueden ser calificadas de contragenocidio. El embajador de Bélgica en Ruanda durante la guerra y el genocidio de 1994, Johan A. -Swinnen, ha señalado que «el informe pasa por alto y subestima las responsabilidades del FPR. El dolor y la desgracia causada por los recurrentes ataques del FPR de 1990 a 1994 contra centenares de miles de agricultores en desbandada quedan muy edulcorados».