Entre lo real y lo emocional

El inmovilismo diplomático condiciona el día a día de la población saharaui

¿Qué es el Sahara Occidental? ¿Quiénes son los saharauis? De la libertad que rige el nomadismo de sus orígenes a la división impuesta por la colonización, el conocido como país bidan (de los «blancos») sufre los intereses políticos de los que se lo disputan.

Acceder por tierra, a través de la carretera que la incontrolable arena del desierto desdibuja a menudo, al Sahara Occidental –término con el que la ONU denomina al único territorio pendiente de descolonización de África– es una sensación difícil de olvidar. Es una abrumadora inmensidad. A un lado, la fuerza del océano Atlántico y al otro, los desniveles de un terreno que al carecer de vegetación parece infinito.

Entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885, el canciller alemán Otto von Bismarck organizó en Berlín, a instancias de Francia y Gran Bretaña, una conferencia en la que las potencias europeas se repartieron el continente africano. España solicitó ser el poder colonial en el Sahara Occidental (SO), al ser considerado por los países occidentales res nullius («cosa de nadie»). 

Pero el territorio llevaba mucho tiempo siendo el hogar de varias tribus nómadas que no conocían fronteras al desplazarse a través de una extensión de más de nueve millones de kilómetros cuadrados, recorriendo de este a oeste el continente. En 1900 el Convenio Franco-Español delimita las fronteras de Guinea Ecuatorial y del SO, y en los siguientes 20 años se terminarán de definir las líneas, a escuadra y cartabón, que se mantienen en la actualidad. No será hasta 1934 cuando España empiece a ocupar el territorio para crear la España del Oeste de África –incluía SO, el Protectorado Español del Sur de Marruecos y Sidi Ifni–, que se mantendrá hasta 1958. «Cuando yo estudiaba en el instituto no había nada que se llamara SO. El Sahara es una gran inmensidad de arena sin fronteras que los franceses crearon en línea recta. Es Saguia el Hamra-Río de Oro. Un saharaui es alguien del desierto, un maliense, un mauritano, un argelino. Es una aberración hablar del pueblo saharaui asociado a un territorio concreto», explica Bachir Edkhil, originario de El Aaiún, uno de los fundadores del Frente Polisario (FP) y presidente de Alter Forum Internacional de Estudios Saharianos, en conversación telefónica con MUNDO NEGRO.

La Marcha Verde

350.000 marroquíes armados con banderas y el Corán respondieron a la llamada del rey Hasán II para marchar unos kilómetros y cruzar la frontera del territorio de SO. Conocida como Al Massira, la Marcha Verde –«negra» para los saharauis a favor de la independencia–, -provocó la disolución de la Djemaa (la Asamblea General Saharaui formada por notables nombrados por el Gobierno español para representar a las tribus del Sahara). Pocos días después, las tropas marroquíes ocuparon El Aaiún sin apenas encontrar resistencia. De hecho, España había demostrado su nulo interés en lo que llegó a ser su provincia 53 –a sus habitantes se les entregaba DNI y se registraba a los trabajadores en la Seguridad Social– al firmar el 14 de noviembre de 1975 el Acuerdo Tripartito de Madrid para ceder la administración del territorio a Marruecos (Saguia el Hamra) y Mauritania (Río de Oro).

«La Djemaa fue la única organización democrática representativa en un régimen dictatorial como el franquista. Tenía 102 miembros, de los que solo 35 se fueron a Tinduf cuando empezó la guerra entre Marruecos y el FP. La mayoría se quedó en el territorio, en su casa, y ellos eran la legítima representación de la población que existía en esos territorios. Cuando en 1991 –tras la firma del alto el fuego y con el cometido de identificar a los votantes de un futuro referéndum de autodeterminación que determinase el futuro de SO– arrancó la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en Sahara Occidental (MINURSO), el único punto de apoyo que encontraron fueron los jefes de las tribus. Recurrieron a ellos, no a la organización que se autoproclamó como único representante legítimo de los saharauis», añade Edkhil. 

La autoridad sobre SO

En cambio, Ahmed Ettanji, nacido en El Aaiún, activista y cofundador de Equipe Media, un medio de comunicación que desde 2009 realiza vídeos y recoge testimonios sobre las violaciones de derechos humanos en SO, recuerda que la comunidad internacional, la ONU y la Unión Africana reconocen al FP como la autoridad política del pueblo saharaui. «Estudié en una escuela marroquí en el Sahara ocupado, nos obligaron a estudiar en francés, no podíamos aprender español. Nos enseñaron que Marruecos existe desde Tánger hasta el río Senegal, que no somos saharauis porque ellos apostaron por nuestra generación, por marroquinizarnos incluso más que a los marroquíes. Nos obligaban a cantar el himno por la mañana y por la tarde. Mi infancia fue muy dura, siempre haciéndonos preguntas para entender qué hacíamos mal. Éramos niños, y los profesores nos trataban como enemigos», recuerda desde Zaragoza, donde disfruta de un programa de acogida de defensores de -derechos humanos del Gobierno de Aragón. Ettanji se casó de forma clandestina en SO y salió del territorio con su mujer, Nazha el -Khalidi, también activista. Marruecos les impidió abandonar el territorio desde El Aaiún, por lo que, a pesar de que El Khalidi estaba en la fase final de su embarazo, tuvo que acometer un largo viaje por Mauritania.

«La estrategia del ocupante marroquí no va a funcionar. La Marcha Negra no terminó con la soberanía del pueblo saharaui sobre SO, el origen es el censo (74.000 saharauis) que hizo España antes de la mala descolonización que nos dejó. La solución es que el pueblo saharaui, representado por el FP, decida sobre el futuro del territorio, no los inmigrantes marroquíes que llegaron para aprovecharse de los beneficios de su régimen. No compartimos la cultura, ni la lengua, ni siquiera la manera de vestir», apunta Sultana Khaya, activista proindependencia, desde su casa en Bojador, que se ha convertido en una cárcel de facto desde noviembre de 2020. Khaya denuncia que policías marroquíes de civil custodian su vivienda impidiéndoles a ella, su hermana y su madre salir a la calle, recibir visitas o tener acceso a médicos. «Hace 434 días (la entrevista se realizó el 27 de enero) que somos acosadas por defender la libertad del pueblo saharaui. Hay noches que entran hasta 80 hombres, nos violan, golpean, nos inyectan supuestas vacunas que han hecho que se nos caigan los dientes y el pelo o que, a veces, no podamos caminar. Lo destrozan todo, nos roban los móviles. Hace dos meses que no podemos ducharnos porque tenemos que reservar el agua para beber. Estamos viviendo un infierno peor que la cárcel por la que también he pasado y en la que, al menos, puedes dormir, comer y estar tranquila. Pero nuestra voluntad es irrevocable, SO será libre e independiente. Nada nos parará», declara Khaya poco antes de, como cada mediodía, subir a la azotea de su vivienda vestida con los colores de una gran bandera de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que enarbola con determinación.

España es responsable

Quizás el único aspecto en el que el conjunto de los saharauis está de acuerdo es en la pésima actuación –tanto en la salida del territorio como en el silencio y la inacción– que ha caracterizado la política española respecto a SO. «Nosotros estamos extremadamente politizados, pero en España es todo lo contrario. La gente no sabe ya ni lo que vota», sentencia Tesh Sidi, nacida en los campamentos de Tinduf (Argelia) y presidenta de la Asociación Saharaui en la Comunidad de Madrid. Su padre, extrabajador de las minas de Fos Bucraa y uno de los fundadores del FP, decidió que la vida para sus siete hijos debía estar fuera de los campamentos y -Sidi llegó a España en 2002, siendo una niña más de los conocidos campamentos de paz. Cinco años después fue acogida por una familia, estudió Ingeniería Informática y empezó a trabajar. «El drama es que la familia que te acoge no tiene ni idea del conflicto político por el que estás atravesando. Es lo de “cómetelo que vienes de África”. Pues no. La sociedad española está absorta por el capitalismo, aquí también hay problemas y no tienen tiempo para los demás. Es una sociedad del ahora, del TikTok. El movimiento solidario de los campamentos y las caravanas es una cosa, pero ahora estamos hablando de activismo político saharaui, los niños que fuimos acogidos queremos coger las riendas. Y no queremos arroz, la gente tiene que volver a su país para cultivar sus recursos, saber lo que es el esfuerzo. Es cierto que en los campamentos se necesita arroz, pero no vendas la causa como humanitaria porque no lo es, es política. Ese cambio lo está haciendo mi generación».

Edkhil no duda al afirmar que «el pueblo saharaui, como cuando decimos “pueblo vasco” o “español”, no concuerda porque el término “pueblo” no coincide con la estructura social de esas poblaciones del Magreb que se vende bajo un prisma occidental». Y añade: «Nosotros no tenemos la familia unicelular sino la tribu, el grupo. Son “poblaciones”, como aparecía en la resolución 1514 de la ONU, donde no habla de un pueblo definido. Yo me considero un hombre del norte de África. Es absurdo hablar de pertenecer genéticamente a un lugar en pleno siglo XXI. La solución es vivir en paz con la ciudadanía. Si volvemos a la raza vamos a la pureza y la teoría hitleriana». Un planteamiento que basa en textos como los del escritor y abogado José María Lizundia, quien, a su vez, apunta que «se puede llegar a conocer hasta el séptimo grado de ascendientes, y hasta el fundador de cada tribu del Sahara. (…) hay una riquísima tradición oral y memoria histórica; saben con minuciosidad de infinidad de hechos, acontecimientos, genealogías, enfrentamientos (…) pero no hay nada que sea suficiente para alumbrar como pueblo, si acaso cierta conciencia colectiva común sobre su fraccionamiento y costumbres, que son respuestas de supervivencia a una forma de vida límite».

La situación de Sultana Khaya, denunciada por Amnistía Internacional, hizo que la responsabilidad de España, como potencia administradora de SO, volviera al Congreso de los Diputados el pasado 20 de octubre a partir de una pregunta del PNV. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, respondió que España dejó de ser potencia administradora en 1976. Una afirmación que no han confirmado ni la Audiencia Nacional cuando estuvo presidida por el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni las resoluciones de la ONU. La conclusión es que España es potencia administradora del Sahara de iure y no de facto, es decir, ante la ley pero no en la práctica.

Cuatro realidades saharauis

La gran certeza, que tanto las instituciones internacionales como las potencias con peso geoestratégico deberían tener en cuenta, es que el conflicto saharaui existe y que se estará fracasando mientras no se encuentre una solución política al mismo. 

Desde SO, -Ettanji asegura que «el futuro es negro porque SO está ocupado por Marruecos, que comete a diario crímenes contra la humanidad y los civiles carecen de protección internacional». Khaya también reconoce que «si nosotros no llegamos a vivir en un país independiente, lo harán nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, porque la causa es justa y pasará a la siguiente generación». Desde Rabat, Edkhil recuerda que «más del 66 % de los que se presentan a las elecciones locales en El Aaiún, Esmara y Dajla son saharauis que se convierten en presidentes, alcaldes y concejales». Y desde Madrid, con los campamentos de Tinduf en la retina, Sidi aboga por «un cambio real, como que medio millón de personas se pongan en huelga de hambre para alcanzar una solución política y pacífica».

Sean descendientes de las tribus autóctonas de un territorio que va mucho más allá de las fronteras establecidas por los europeos, de los refugiados que huyeron de la guerra y la ocupación marroquí, de los que prefirieron quedarse bajo la administración alauí y participar en el desarrollo del territorio, o de los que desde el exilio se enfrentan a las contradicciones de sentirse parte de la causa desde la comodidad, todos son saharauis.  

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¿Para qué sirve la MINURSO?

En los más de 30 años que la MINURSO lleva desplazada en el territorio han pasado más de una decena de altos representantes especiales que, a pesar de las propuestas y rondas de negociaciones, no han logrado que las respuestas afirmativas de Marruecos y el FP se produjeran a la vez. Entre los que más cerca estuvieron de lograrlo está James Baker, que ocupó el cargo entre 1997 y 2004.  

La última muestra de las dificultades de esta misión se resume en que durante los últimos dos años y medio, y tras 13 candidatos rechazados, a principios de octubre de 2021 Staffan de Mistura fue nombrado nuevo enviado especial del secretario general de la ONU para SO. Su labor deberá empezar por intentar desbloquear el conflicto y enfrentarse a la realidad de un contencioso desigual. Desde el FP aseguran estar en guerra con Marruecos después de que a finales de 2020 se rompiera el alto el fuego de 1991 por el enfrentamiento del paso fronterizo de Guerguerat (ver MN 666, pp. 20-25), mientras que Marruecos logró el reconocimiento del Sahara marroquí poco antes de que Donald Trump dejara de ser presidente de EE. UU., una decisión que no ha sido revocada por la Administración Biden. Además, mantiene el pulso a la UE –en especial a España– para que reconozca su anexión del territorio.