Guinea, entre la sed y el plástico

De las calles de Conakry ha desaparecido algo que hasta hace unas semanas formaba parte del paisaje cotidiano. Ya no se ven las pequeñas bolsas de plástico transparentes, sachets, llenas de agua que se vendían por todas partes: en los mercados, a los pasajeros atrapados en uno de los interminables atascos de la ciudad, a las puertas de los colegios, junto a las obras, en restaurantes, bazares o bares. El agua en sachets era barata, accesible a todo el mundo, estaba por todas partes y, para muchos de los habitantes de la capital guineana, constituía una de las formas más sencillas de acceder a agua para beber. Algo que Conakry compartía con muchas otras ciudades de África.

Une ley de 2024, que entró en vigor el 20 de septiembre de este año, prohíbe fabricar, importar, vender ni utilizar ese tipo de envases de plástico de un solo uso. El veto forma parte de un conjunto de medidas políticas para luchar contra los plásticos desechables que incluye bolsas de compra, vasos, platos, pajitas y otros productos. Guinea no es una excepción en África. Países como Ruanda, Kenia, Tanzania, Costa de Marfil o Marruecos han aprobado en los últimos años diferentes prohibiciones y restricciones a los plásticos de un solo uso. Todos ellos, y el Gobierno guineano también, defienden estas medidas por razones ambientales y sanitarias. Pero el caso guineano presenta la particularidad de que la prohibición afecta directamente a uno de los mecanismos utilizados por la población para acceder a un bien básico como el agua. La desaparición de los sachets en Guinea no cuenta, por el momento, con una alternativa. La oferta de agua envasada no ha conseguido sustituirlos, las botellas se han encarecido y, en algunos barrios de Conakry, escasean. 

Aquí hay una paradoja ya que Guinea quiere librarse de uno de los símbolos de la contaminación de sus ciudades y, al mismo tiempo, se encuentra con que ese mismo objeto contaminante cumplía una función esencial para una parte muy importante de la población. Gracias a esas bolsas, el agua potable estaba al alcance de quienes no pueden obtenerla regularmente de un grifo.

No es, sin embargo, correcto decir que la prohibición haya creado la crisis de agua en Conakry. La ciudad arrastra desde hace años un déficit estructural de abastecimiento. Según el Banco Mundial, las necesidades de producción de agua potable de la capital se estimaban a finales de 2024 en unos 250.000 metros cúbicos diarios. Si no se realizan nuevas inversiones, el Banco Mundial calcula que podría alcanzar los 600.000 metros cúbicos en 2040. Los sachets eran, en buena medida, una respuesta privada e informal a esa insuficiencia. No solucionaban el problema del agua, pero permitían sortearlo parcialmente. 

La decisión del Gobierno guineano trata de dar respuesta a un grave problema ambiental. Basta caminar por Conakry u otras ciudades y pueblos del país para comprobar por qué los plásticos se han convertido en una cuestión política. Las bolsas aparecen en las calles, en los mercados, junto a los vertederos y, sobre todo, en los canales por los que debería circular el agua de lluvia. Durante la estación de lluvias, el problema se hace especialmente visible. En mayo de este año, las primeras lluvias volvieron a dejar los canales de drenaje de Conakry obstruidos por bolsas, botellas, sachets de agua y otros residuos en barrios como Matoto, Dixinn, Sonfonia y Dabondy. La acumulación de basura dificulta la evacuación del agua y contribuye a las inundaciones que afectan periódicamente a la capital.

Un estudio académico publicado en 2024 sobre la composición de los residuos domésticos de Conakry estimó que los plásticos representaban el 18% de los residuos sólidos urbanos analizados. La materia orgánica constituía el 46%, mientras que el vidrio suponía el 6%, el papel y cartón otro 6% y los metales el 7%. El estudio subraya además las dificultades que las lluvias provocan en la recogida y gestión de los residuos.

En septiembre, el Ministerio de Medio Ambiente puso en marcha la campaña ‘Guinée sans plastique’, con la intención de convertir la retirada de los plásticos de un solo uso en una política nacional. Las autoridades aseguran que antes de llegar a la prohibición se realizaron consultas con industriales e importadores y que se estableció un periodo de adaptación. El problema es que dos años de preparación no parecen haber sido suficientes para una transición especialmente delicada.

Antes de la prohibición, un sachet de agua podía venderse por unos 500 francos guineanos (0,05 euros). En los días posteriores a su desaparición, algunas botellas de agua de 1,5 litros pasaron de unos 5.000 francos a 6.000 o 7.000. También se han documentado diferencias todavía mayores según el establecimiento y el formato. Algo que muchas familias que tienen que comprar agua todos los días no pueden afrontar.

Y esto es así porque el agua corriente no llega de manera regular a todos los barrios de la capital. La población que no dispone de un suministro fiable recurría a diferentes soluciones: fuentes, pozos, perforaciones, vendedores informales y agua embotellada o en sachets. La bolsa de agua era una de las opciones más económicas. Cuando el sachet desaparece sin que exista una red pública capaz de absorber esa demanda, el consumidor no puede simplemente dejar de beber agua. Tiene que pagar más o buscar otra fuente.

Y ahí aparece el riesgo sanitario. Medios guineanos han recogido testimonios de habitantes que, ante la escasez y el encarecimiento del agua envasada, están recurriendo a fuentes cuya calidad genera dudas. Médicos y especialistas han advertido del riesgo de consumir agua no controlada y de la posible aparición de enfermedades relacionadas con el agua contaminada. Aquí aparece otra dimensión del problema ya que entra en juego la pobreza y la salud pública.

Los productores de agua habían advertido de las dificultades antes de que llegara el 20 de septiembre. La Unión de Productores de Aguas Minerales de Guinea (UPEMGUI) no rechazaba necesariamente el objetivo ambiental de la medida, pero alertaba de que la capacidad de producción de agua en botella no bastaría para sustituir de inmediato la enorme cantidad de agua que se comercializaba en sachets. Algunos productores pidieron incluso que se alargara el periodo de adaptación. Los grupos ecologistas, por su parte, advertían de que sustituir los sachets por botellas de plástico podría significar simplemente desplazar el problema ambiental de un envase a otro. Las botellas, aunque puedan ser recogidas y recicladas, siguen siendo de plástico. Y las calles y canales de Conakry ya están llenos de ellas. 

El problema de los desechos plásticos es real y exigía medidas. Pero cabe preguntarse si es lógico prohibir un producto que cumple una función esencial cuando todavía no existe una alternativa accesible para todos. La cuestión es si se prohibieron los sachets antes de haber creado el sistema que debía sustituirlos.

La propia Administración parece reconocer que la transición aún no está terminada. El Ministerio de Industria y Comercio pidió el 1 de octubre a productores, distribuidores y comerciantes que mantuvieran los precios del agua embotellada y anunció que se trabaja en formatos de botella adaptados a las necesidades de los consumidores. También habló de promover el agua en sachets biodegradables. 

La historia de los sachets guineanos plantea un problema que va mucho más allá de Conakry. En los países ricos, reducir los plásticos de un solo uso puede parecer una cuestión relativamente sencilla. Se sustituyen las bolsas por bolsas reutilizables, se instala una fuente de agua, se compra una botella reutilizable, se mejora la recogida de residuos o se establece un sistema de reciclaje. Pero en una ciudad donde millones de personas no tienen garantizado un suministro regular de agua potable, el plástico puede acabar convirtiéndose en la infraestructura barata que permite distribuir un bien esencial. Lo que demuestra que los problemas ambientales no pueden separarse de las condiciones económicas y sociales en las que se producen.

Una persona que tiene agua corriente en casa puede prescindir fácilmente de un sachet. Una persona que lleva horas sin agua puede verlo de otra manera. La transición ecológica, por tanto, tiene también una dimensión de justicia. No se trata de elegir entre el medioambiente y el agua potable. Se trata de conseguir que la protección del primero no recaiga desproporcionadamente sobre quienes tienen menos posibilidades de acceder al segundo.

Quizá la lección de Guinea sea que el problema no está únicamente en el sachet. Está en todo lo que hay debajo de él. Está en una ciudad que no recoge adecuadamente todos sus residuos. Está en unos sistemas de drenaje que se saturan durante las lluvias. Está en una red de abastecimiento de agua que no produce todavía lo suficiente para cubrir las necesidades de la población. Está en la falta de sistemas de reciclaje capaces de transformar los residuos en recursos. Y está también en una economía urbana donde miles de personas viven de actividades informales relacionadas con la venta y distribución del agua.

La transición ecológica tiene, por tanto, ganadores y perdedores. Y para que sea sostenible necesita prever qué ocurre con estos últimos. Porque quizá la imagen que mejor resume lo que está sucediendo en Conakry no sea la de una bolsa de plástico flotando en un canal. Es la de un ciudadano que mira una estantería vacía de botellas y calcula cuánto le costará beber agua ese día.

En la imagen superior, una niña vende agua potable embolsada en un mercado de pescadores de Conakry, Guinea. Fotografía: Dan Kitwood, Getty