Jewel Howard-Taylor y las sombras que Liberia no termina de dejar atrás

Hace ocho años, cuando Jewel Howard-Taylor fue elegida vicepresidenta de Liberia junto a George Weah, el antiguo futbolista que acababa de ganar las elecciones presidenciales, la pregunta que flotaba en el aire era hasta qué punto una mujer que había estado casada con Charles Taylor y que había ocupado cargos relevantes durante su presidencia podía presentarse ante los liberianos como una política independiente de su pasado. Hoy aquella pregunta adquiere una nueva dimensión.

Jewel Howard-Taylor, vicepresidenta de Liberia entre 2018 y 2024, ha sido acusada por las autoridades de su país de participar en una red internacional de narcotráfico. El Gobierno liberiano sostiene que recibió dinero de miembros de esa organización y que puso a su disposición su influencia política. Está acusada, entre otros delitos, de tráfico de drogas, conspiración criminal, facilitación y blanqueo de capitales. Ella niega las acusaciones y sus abogados sostienen que el proceso tiene motivaciones políticas.

Conviene precisar que Jewel Howard-Taylor no ha sido todavía condenada por ninguno de estos delitos. La propia Fiscalía liberiana recuerda que se trata de acusaciones y que todos los imputados deben ser considerados inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario. El proceso se encuentra todavía en una fase preliminar.

Pero el caso es demasiado importante como para reducirlo a una sucesión de acusaciones y desmentidos. Porque la mujer que hoy se encuentra bajo arresto domiciliario representa, por sí sola, buena parte de la historia política reciente de Liberia.

Howard-Taylor se casó con Charles Taylor en 1997, el mismo año en que este llegó a la presidencia después de haber dirigido una de las principales facciones armadas de la primera guerra civil liberiana. Durante los años de su Gobierno, entre 1997 y 2003, ella ocupó diferentes responsabilidades públicas, entre ellas la de vicegobernadora del Banco Nacional de Liberia y la presidencia del Agriculture Cooperative and Development Bank. En 2006, después del exilio de su marido en Nigeria, se divorció de él. Ese mismo año, al igual que tantos señores de la guerra, entró en el Senado, donde representó durante doce años al condado de Bong.

La historia de Charles Taylor es conocida. En 2012 fue declarado culpable por el Tribunal Especial para Sierra Leona de los 11 cargos que pesaban contra él, entre ellos asesinato, violación, esclavitud sexual, reclutamiento de niños soldados y esclavitud. Fue condenado a 50 años de prisión. El tribunal estableció que había ayudado y alentado a los rebeldes que cometieron esos crímenes durante la guerra civil de Sierra Leona.

Cuando en 2018 Howard-Taylor llegó a la vicepresidencia, ese pasado era imposible de ignorar. Ella siempre había defendido que no conocía las atrocidades cometidas por su entonces marido y había construido entretanto una carrera política propia. Había ganado las elecciones al Senado en Bong County y había conseguido algo que, pocos años antes, parecía improbable: convertir su apellido, asociado a uno de los capítulos más sangrientos de la historia de Liberia, en un instrumento de poder político.

Su elección como compañera de candidatura de George Weah fue, en sí misma, un signo de las contradicciones de la Liberia de entonces. La victoria de Weah representó un momento histórico. Por primera vez desde la década de 1940, un presidente elegido democráticamente entregaba el poder a otro presidente elegido democráticamente. Liberia había atravesado dos guerras civiles, un régimen autoritario, golpes de Estado y años de violencia. La llegada de Weah, después de los dos mandatos de Ellen Johnson Sirleaf, fue presentada por los observadores internacionales como una prueba de que el país podía empezar a normalizar su vida política.

Junto al nuevo presidente llegó también Jewel Howard-Taylor. El pasado era difícil de ignorar. Aunque haber formado parte de un Gobierno no convierte automáticamente a alguien en cómplice de los crímenes cometidos por ese Gobierno. La responsabilidad criminal necesita pruebas. Y esta distinción es especialmente importante ahora. Porque las acusaciones actuales no tienen que ver con Charles Taylor ni con los crímenes de las guerras civiles. Son mucho más recientes y, si llegaran a probarse, afectarían directamente a Howard-Taylor.

La investigación comenzó a adquirir una dimensión extraordinaria el pasado mes de julio, cuando las autoridades liberianas anunciaron la incautación de casi cuatro toneladas de cocaína en Duazon, cerca de Monrovia. La policía calculó el valor de la droga en unos 317 millones de dólares. La operación se produjo después de que Liberia interceptara también otros cargamentos importantes, en un contexto en el que África occidental se ha convertido en una importante zona de tránsito de la cocaína procedente de América Latina y destinada a Europa.

Un mes después, Howard-Taylor fue detenida en el aeropuerto internacional Roberts cuando, según las autoridades, intentaba abandonar el país. Fue trasladada a dependencias policiales y posteriormente acusada de varios delitos relacionados con una supuesta red internacional de narcotráfico. La acusación no sostiene que Howard-Taylor transportara personalmente cocaína. El argumento de los investigadores es otro: que habría utilizado su posición y sus contactos para proporcionar protección política a la organización.

Según el expediente policial, la relación habría comenzado en 2021 y habría incluido encuentros en Liberia y Dubái. Los investigadores sostienen que en 2022 Howard-Taylor viajó a Dubái, donde se reunió con personas a las que la Fiscalía considera miembros de la organización. Allí habría recibido 45.000 dólares. Posteriormente, según la acusación, habría recibido otros 75.000 dólares para una fundación vinculada a ella y 15.000 dólares adicionales en agosto de este año. En total, 135.000 dólares.

Todo esto forma parte de la versión de los investigadores y deberá ser probado ante los tribunales. Pero hay un elemento que hace especialmente relevante el caso: la acusación no describe a Howard-Taylor como una simple beneficiaria ocasional de una organización criminal, sino como alguien cuyo principal valor para la red habría sido precisamente su acceso al poder.

Eso convierte el caso en algo más profundo que un supuesto episodio de corrupción individual. Si las acusaciones fueran demostradas, significaría que una organización internacional dedicada al narcotráfico habría intentado penetrar en las instituciones de un Estado que todavía está consolidando su democracia. Y aquí es donde la historia vuelve a encontrarse con el pasado.

Liberia ha hecho enormes esfuerzos para dejar atrás la época de Charles Taylor. La transición democrática de 2017 fue uno de los grandes hitos de ese proceso. Pero las instituciones no cambian al mismo ritmo que las personas. Las élites políticas sobreviven a los regímenes. Las relaciones personales sobreviven a los cambios de Gobierno. Las redes de poder atraviesan las fronteras entre partidos y administraciones. Howard-Taylor es quizá el ejemplo más evidente de esa continuidad. Primera dama de Charles Taylor; alta funcionaria durante su presidencia; senadora durante doce años; vicepresidenta durante seis. Su trayectoria muestra hasta qué punto una persona puede pasar de un régimen a otro y conservar una posición central en la política nacional. Y esto puede cuestionar la salud democrática del país.

Liberia ha celebrado elecciones y ha protagonizado transferencias pacíficas de poder. En 2024, George Weah aceptó su derrota frente a Joseph Boakai y abandonó la presidencia. Fue otro paso importante para un país acostumbrado durante décadas a que los cambios de poder fueran traumáticos. El problema es que una democracia necesita algo más que presidentes que acepten los resultados electorales. Necesita instituciones capaces de investigar al poderoso, juzgarlo con garantías y resistir las presiones políticas. Y precisamente por eso el caso Howard-Taylor resulta tan delicado.

George Weah ha salido públicamente en defensa de su antigua vicepresidenta. Después de regresar a Liberia a principios de septiembre, calificó las acusaciones de falsas y denunció que el Gobierno de Joseph Boakai estaba manipulando la justicia. Posteriormente visitó a Howard-Taylor en la prisión de Monrovia, acompañando su visita de una demostración de apoyo político.

El momento tampoco podía ser más delicado. El 2 de septiembre, el presidente Boakai destituyó al ministro de Justicia, Oswald Tweh, y al procurador general Augustine Fayiah, en plena investigación del caso de narcotráfico. El Gobierno presentó los cambios como parte de un proceso de fortalecimiento institucional, pero no explicó públicamente por qué había decidido sustituir a los responsables de la investigación en plena causa. La coincidencia temporal alimenta inevitablemente las sospechas.

Los partidarios de Howard-Taylor pueden preguntarse si el proceso no está siendo utilizado para apartar políticamente a una figura vinculada al antiguo Gobierno. Quienes apoyan al Ejecutivo pueden responder que precisamente una democracia demuestra su fortaleza cuando es capaz de investigar incluso a una antigua vicepresidenta. Ambas posibilidades merecen ser examinadas. Lo que no debería hacerse es convertir ninguna de ellas en una certeza antes de que existan pruebas.

El 4 de septiembre, durante la vista preliminar, un investigador de la Policía Nacional liberiana introdujo una acusación todavía más explosiva: afirmó que la red habría buscado la protección de Howard-Taylor y que en sus conversaciones se habría discutido un supuesto plan para asesinar al entonces presidente George Weah. El investigador aseguró haber examinado una grabación de audio relacionada con esas conversaciones. Pero, por ahora, no ha sido demostrada su veracidad y Howard-Taylor niega las acusaciones.

La prudencia aquí es imprescindible. En un país con una historia tan marcada por la violencia política, afirmar que una antigua vicepresidenta participó en un complot para asesinar a un expresidente sin que un tribunal haya establecido los hechos sería irresponsable. Pero el simple hecho de que esa acusación haya aparecido en una investigación judicial demuestra hasta qué punto el caso ha dejado de ser una cuestión menor.

Howard-Taylor fue trasladada el 25 de agosto a la prisión central de Monrovia. El viernes 4 de septiembre, sin embargo, un tribunal ordenó su traslado a arresto domiciliario por razones médicas, bajo estrictas condiciones: vigilancia policial permanente, entrega de sus documentos de viaje y prohibición de abandonar su domicilio salvo autorización judicial o para recibir atención médica.

En 2018, la pregunta era cómo podía una mujer vinculada de manera tan estrecha a uno de los periodos más sangrientos de Liberia convertirse en vicepresidenta del país que intentaba precisamente cerrar aquella etapa. La respuesta, en buena medida, estaba en la propia democracia: los ciudadanos de Bong County habían votado por ella; después, millones de liberianos votaron por la candidatura que compartía con George Weah. Su pasado no anulaba su derecho a participar en política.

Eso sigue siendo cierto. También sigue siendo cierto que el pasado de un político no deja de importar porque haya ganado unas elecciones. Ahora Liberia tiene que afrontar una prueba diferente. No se trata de decidir si Jewel Howard-Taylor merece políticamente una segunda oportunidad. Tampoco de juzgarla por haber estado casada con Charles Taylor. Se trata de determinar si las acusaciones actuales son ciertas. Y esa diferencia es esencial.

Si no se prueban las acusaciones, Howard-Taylor deberá ser absuelta y el Gobierno tendrá que responder por un proceso que habrá causado un daño enorme a su reputación. Si, por el contrario, las acusaciones se demuestran, Liberia habrá descubierto algo todavía más preocupante: que las redes internacionales del narcotráfico no necesitan conquistar un Estado para penetrarlo. Les basta con encontrar personas dispuestas a abrirles las puertas. En ambos casos, el asunto va mucho más allá de Jewel Howard-Taylor.

Liberia lleva más de veinte años intentando construir instituciones capaces de sobrevivir a sus dirigentes. La llegada de Ellen Johnson Sirleaf en 2006, la transferencia pacífica del poder a George Weah en 2018 y la posterior alternancia con Joseph Boakai fueron pasos importantes en esa dirección. Pero una democracia no se consolida cuando cambia el presidente. Se consolida cuando las reglas son capaces de imponerse también a quienes han ocupado los puestos más altos del Estado.

Hace ocho años, las sombras del pasado seguían acompañando a Jewel Howard-Taylor. Hoy no se sabe todavía si esas sombras tienen alguna relación con las acusaciones que pesan sobre ella. Lo que sí se sabe es que Liberia vuelve a encontrarse ante la misma prueba de siempre: demostrar que el poder ya no está por encima de las instituciones.



En la imagen superior, la exvicepresidenta de Liberia, Jewel Howard-Taylor, camina escoltada por personal de seguridad tras ser puesta en prisión preventiva. Fotografía: Matthew Jacobs / Getty