La maldición de los recursos

Texto y fotos: Elena Sánchez Novoa

La presentación del estudio “Explotación de fosfatos en Koudiadiène (Senegal). Una ley sin debate” arroja luz sobre la adquisición de tierras por parte de multinacionales de la industria extractiva y ejemplifica el impacto negativo sobre la población local.

Trazos rectilíneos, huellas de la época colonial, configuran el mapa actual del continente africano. Son líneas arbitrarias, rectas invisibles que recuerdan los abusos de tiempos pretéritos. Sin embargo, también perviven vestigios tangibles de las décadas de dominación. A diferencia de los trazos, la dependencia económica de los países occidentales es muy real, la presencia de las multinacionales es totalmente perceptible, así como la inestabilidad política y social, la violación de derechos fundamentales, el endeudamiento de las arcas africanas o el gobierno autocrático de muchas élites locales.

Estas circunstancias confluyen en una corriente actual de neocolonialismo. Se suceden las dinámicas de explotación de recursos minerales e hidrocarburos a la vez que se acaparan las rentas generadas por estas prácticas, en detrimento de la población local, legítima propietaria de sus riquezas naturales. La inserción de África en el comercio mundial sigue estando basada en la exportación de materias primas sin procesar, obteniendo, de esta manera, una parte ínfima del valor potencial final de la materia prima.

En esta situación se encuentra Senegal, país idóneo para entablar relaciones comerciales dada su posición estratégica, su relativa estabilidad política y social, y su condición de socio prioritario de países como Francia o España. La economía senegalesa se sustenta sobre tres pilares básicos: los servicios, la industria extractiva y las telecomunicaciones. Estas tres áreas están en manos de multinacionales que llevan a cabo su actividad sin que los beneficios reviertan en el país africano. El único sector que podría favorecer un desarrollo económico inclusivo es la agricultura, ya que cerca del 70 % de la población es agrícola.

El estudio, encargado por REDES y por la Red Fe y Justicia África Europa (AEFJN) y realizado por Amadou Kanoutè se centra en el caso concreto de Koudiadiène, un pueblo de 2000 habitantes de etnia sérère y cuya religión mayoritaria es la católica. Su población vive de la tierra, de la producción artesanal de productos agrícolas autóctonos y de artesanías de bienes naturales, configurando una economía fundamentalmente de subsistencia. Koudiadiène forma parte de un conjunto de aldeas rurales de África del Oeste, una región rica en minerales, donde cobra especial relevancia el fosfato, un derivado de la roca que se utiliza en la producción de fertilizantes químicos para la agricultura industrial o tecnificada. Multinacionales europeas se han establecido en la zona y han monopolizado el sector extractivo: por un lado está Sephos, filial del grupo español Térvalis y presente desde 2009, y, por otro, la empresa polaca African Investment Group (AIG), asentada en 2012.

Las mujeres de Koudiadiène fueron las primeras en percibir la alteración producida por estas corporaciones, al darse cuenta de que los niños volvían blancos de la escuela, cubiertos de los polvos de los fosfatos. Después de un profundo análisis, el estudio expone que las consecuencias de la explotación de este mineral, considerado estratégico por la UE y los países de la OCDE, son diversas. En primer lugar, se produce un acaparamiento de tierras en perjuicio de los aldeanos, ya que se pierden tierras de cultivo y se provocan conflictos por el terreno restante. En segundo lugar, al no cumplir la regulación ambiental, se genera polución. La contaminación incide sobre los humanos provocando enfermedades de tipo respiratorio y deteriorando, aún más, la atención sanitaria (la región cuenta con un único dispensario que atiende, de media, unos 100 pacientes al día); y repercute en los cultivos, mermando su productividad. En tercer lugar, se deriva un trastorno económico al imposibilitar el ejercicio de la actividad tradicional. Por si fuera poco, ningún joven de Koudiadiène está contratado por las multinacionales. Tan solo se han dado casos de trabajos precarios de duración determinada y salario de 4,6€/día, sin ningún tipo de declaración a los servicios fiscales o sociales.

Una vez agotadas las fuentes de los recursos, se supone que han de volver a cultivarse esas tierras, sin embargo, la rehabilitación del terreno no ha sido prevista en ningún momento. Hay pueblos afectados que no han percibido ningún tipo de compensación económica en estos 6 años. Cuando las empresas han concedido indemnizaciones, estas han sido ridículas y, en todos los casos, han llegado con mucho retraso. Las empresas pagan 22€ por cada palmera rônier que es destruida como consecuencia de la actividad minera. La economía de la región de Koudiadiène reposa sobre esta palmera, principal fuente de ingresos de la zona y cuyo aprovechamiento es integral. Si se exporta el vino producido con una palmera rônier se pueden obtener 800€ de beneficios.

Los estados ricos en minerales e hidrocarburos adolecen de la denominada “maldición de los recursos”. A nivel político, la “maldición” se traduce en altos niveles de corrupción, ausencia de democracia, posiciones muy bajas en los indicadores de desarrollo humano, déficits en desigualdad y cohesión social, y una vulneración sistemática de derechos y libertades fundamentales. Numerosos estudios demuestran que la existencia de abundantes recursos naturales trae consigo, en un alto porcentaje de casos, un deterioro de los indicadores referidos, altas tasas de población por debajo del umbral de la pobreza y deficiencias tanto educativas como sanitarias (alta mortalidad infantil).

Muchos países subsaharianos han superado con creces la crisis económica mundial y presentan tasas de crecimiento envidiables (Senegal creció al 3,9% durante 2014 según datos del Banco Mundial). No obstante, este crecimiento no ha venido acompañado de una mejora de las condiciones de vida de las capas sociales más pobres ni de una prestación de servicios sociales básicos. De hecho, pese a estos sorprendentes datos económicos, los países que han protagonizado un crecimiento más rápido gracias a los hidrocarburos y minerales presentan tasas peores de reducción de pobreza; en algunos casos, como Angola y Gabón, se ha observado un aumento de la pobreza extrema.

Las reivindicaciones de los estudios como el realizado por Amadou Kanoutè se centran, en primer lugar, en la difusión. Es fundamental la divulgación de casos como el de Koudiadiène, que ejemplifiquen las consecuencias de esta “fiebre extractiva”. Igualmente, se reclama una revisión de los marcos normativos tanto nacionales como internacionales: es imprescindible pasar de la voluntariedad vigente en las leyes europeas a la vinculación legal. Tampoco se puede obviar la necesidad de fortalecer la sociedad civil, de abogar por la transparencia y la creación de autoridades independientes que garanticen un control y seguimiento de la situación. En definitiva, se trata de una llamada a la coherencia y a la responsabilidad, ya que el motor que subyace a esta situación de expolio de facto es nuestro sistema de consumo, insostenible a largo plazo. Probablemente, un cambio en nuestros patrones de demanda sería capaz de transformar el modelo de producción. Después de todo, solo se está pidiendo que la riqueza de África revierta en los africanos.