Una dictadura invisible

Umaro Sissoco Embaló acumula poder ante la indiferencia de la comunidad internacional

Por Alfonso Masoliver desde Bissau (Guinea-Bissau)

Políticos y activistas de derechos humanos denuncian que el presidente de Guinea-Bissau está sobrepasando los límites que marca la Constitución para asegurarse su permanencia en el poder. También apuntan al silencio del resto de países.

Umaro Sissoco Embaló es presidente de Guinea-Bissau desde febrero de 2020. Nunca tuvo una ceremonia de investidura oficial. Tras las elecciones de 2019, cuyos resultados fueron recurridos por la oposición ante el Tribunal Supremo del país, y a la espera de que los jueces anunciaran su veredicto, Embaló organizó una estrafalaria ceremonia en el Hotel Azalaï de la capital, Bissau, donde fue investido de forma no oficial antes de dirigirse al palacio presidencial acompañado de sus seguidores. El anterior presidente, José Mario Vaz, le entregó in situ las llaves de la residencia. Embaló fue primer ministro en el Gobierno de Vaz y recibió un fuerte apoyo por parte del expresidente durante la campaña electoral del año anterior.

De nada sirvió que la oposición acusara a Embaló de perpetrar un golpe de Estado. El Tribunal Supremo, además, no llegó a dictar una resolución. Desde este primer gesto hasta hoy, el presidente de Guinea-Bissau ha actuado al margen de la legalidad de manera continua y sin consecuencias. La Constitución del país se ha convertido en un documento inservible e incapaz de garantizar la libertad política de un pequeño y poco influyente país en el panorama internacional, por lo que no se ha levantado ninguna voz de alarma. 

Mientras sucede todo esto, personas de gran relevancia política en el país se encuentran encarceladas y otras, ante el riesgo de correr la misma suerte, se muestran reticentes a denunciar la situación del país. Algunas de ellas han mostrado reservas a ser citadas en este texto o han preferido hablar desde el anonimato. 

Nadie quiere acabar como Agnelo Regalla, un conocido político y poeta de 71 años que fue tiroteado por unos encapuchados en la puerta de su casa, mientras jugaba con su nieto. Regalla fue alcanzado en la pierna por una bala que, si bien no acabó con su vida, le silenció de forma definitiva. Nadie quiere que le peguen un tiro. Ni que le suceda lo que al periodista Adão Ramalho, a quien una decena de hombres con el rostro cubierto propinaron una paliza tras un intento de secuestro frustrado. Nadie quiere correr la misma suerte que Filinto Vaz Vieira, el activista político que fue arrestado por individuos supuestamente pertenecientes al Ministerio del Interior, acusado de denigrar la imagen del primer ministro. Fue torturado y violado por cinco hombres uniformados, según declaró tras su liberación. Nadie quiere que los temidos hombres encapuchados le apresen y torturen, como le sucedió a Queba Sané, activista civil, en octubre de 2020. 

Nadie quiere despertar la ira del presidente en el país. Umaro Sissoco Embaló ha disuelto la Asamblea Nacional Popular en dos ocasiones desde el inicio de la presente legislatura. La primera tuvo lugar el 16 de mayo de 2022, momento en que denunció la corrupción del organismo y una falta de entendimiento entre los partidos con representación en la cámara. Las elecciones legislativas se retrasaron más de un año, hasta junio de 2023, y devinieron en una contundente derrota del presidente (su coalición de partidos, Madem G-15–Bramia Camará, apenas consiguió el 28 % de los votos), en lo que fue considerado por los bissauguineanos como un signo de esperanza con vistas al futuro. Pero fue un reflejo y duró poco. El 5 de diciembre de 2023, tras denunciar un intento de golpe de Estado sucedido cuatro días antes, Embaló volvió a disolver la Asamblea Nacional Popular y todavía no se ha anunciado una fecha para celebrar las próximas legislativas. 

No importa que el artículo 94 de la Constitución de Guinea-Bissau especifique que «la Asamblea Nacional Popular no puede disolverse en los 12 meses siguientes a una elección, en los últimos seis meses de mandato presidencial, ni durante la ley marcial o el estado de excepción». Tampoco importa que el supuesto golpe de Estado fuera, en realidad, un asalto realizado por paramilitares contra las dependencias de la Policía Judicial de Alto Bandim y no contra cualquier institución del Gobierno. Es indiferente que dicho asalto fuera realmente un intento de liberación del ministro de Finanzas, Suleimane Seidi, y del secretario del Tesoro, António Monteiro, arrestados el 30 de noviembre de 2023 tras ser acusados de delito fiscal, corrupción y de no respetar los procedimientos en el pago a acreedores. Tampoco ha importado que ambos hayan sido detenidos de nuevo y que todavía no tengan fecha para el juicio. 

Un sistema judicial atrofiado

Ambos políticos fueron arrestados tras el pago, por el Banco Central de Guinea-Bissau, de nueve millones de euros a una serie de acreedores del Estado –el dinero nunca pasó por las manos de Seidi y Monteiro, sino que el Ministerio se limitó a realizar dichos pagos a través de un procedimiento habitual y normativo–. Las cuentas donde se depositó el dinero fueron bloqueadas en un primer momento por el Gobierno, aunque más tarde fueron liberadas para permitir a los acreedores la retirada del dinero, algo que demuestra que el desembolso fue correcto y acorde a la legalidad. 

El motivo de la detención de Suleimane Seidi y António Monteiro es claro para una fuente que prefiere mantener el anonimato: «Con este arresto, el presidente logró, aunque ilegal e inconstitucionalmente, derrocar a la Asamblea Nacional Popular y, de esta manera, suprimir a un Gobierno elegido en las urnas para formar uno ilegal por iniciativa propia, algo que siempre ha sido su objetivo. Con este pseudogobierno, compuesto esencialmente por sus aliados y con el que intenta hostigar a sus adversarios políticos, abre caminos en su lucha por un segundo mandato». El asalto efectuado a las dependencias policiales de Alto Bandim fue anunciado por los medios de comunicación internacionales como «un intento de golpe de Estado», tal y como proclamaba la versión oficial, la del presidente. La justificación que perseguía Embaló tras la debacle electoral de 2023 quedó servida para mostrarle como una víctima del sistema. 

Luis Vaz Martins, abogado y antiguo presidente de la Liga de Derechos Humanos de Guinea-Bissau, denuncia que «la libertad no existe» en el país y que «Embaló controla de forma efectiva los poderes judicial y militar en beneficio propio». Por ejemplo, el Tribunal Supremo no puede actuar dentro del marco legal en la actualidad porque fue disuelto por el presidente y nunca se llegaron a celebrar las votaciones pertinentes para seleccionar a sus nuevos miembros. En lugar de hacerlo el Consejo Superior de la Magistratura, fue Embaló quien eligió a los jueces, en un proceso tan confuso y poco regulado que ni siquiera se han publicado los nombres de los nuevos juristas en el Boletín Oficial del Estado. Incluso hay asientos que todavía están sin ocupar. Vaz Martins afirma que «el número dos del Supremo trabaja para Embaló desde que fue amenazado, después de un malentendido entre ambos».

El Tribunal Supremo puede tomar decisiones al estar conformado por un mínimo de miembros, pero en la práctica, y de acuerdo a la legislación bissauguineana, no puede hacerlo al no haberse oficializado los asientos. Esto explica que los arrestados en noviembre de 2023 y en una segunda ola de detenciones sucedida en febrero de 2024 no conozcan la fecha de sus respectivos juicios. Los detenidos del 1 de febrero –en torno a 100 militares y policías– todavía no saben de qué se les acusa. 

Al ser preguntada sobre su confianza en el sistema judicial actual del país, nuestra fuente anónima contesta que «desgraciadamente no [confío] porque, al parecer, el Poder Judicial está tomado como rehén del presidente de la República. Durante los últimos seis meses hemos sido testigos de abusos y violaciones de la ley impulsadas por las instrucciones y órdenes de esta persona. Los jueces no pueden decidir nada de forma consciente e independiente».

António Monteiro señala que varios de los acreedores que recibieron los pagos en noviembre de 2023 son militantes del PAIGC, partido opositor a Embaló y ganador de las legislativas de 2023. La cuestión es si Embaló se sintió incómodo por el hecho de que su ministro de Finanzas pagase, aunque fuera de forma legal, a empresarios locales y contrarios a sus intereses. Los abogados de Monteiro y Seidi no lo dudan: «Las autoridades ni siquiera han querido estudiar los documentos que acreditan la legalidad de lo pagos». 

Apoyo con intereses

Pero Sissoco Embaló se siente fuerte. Desde que se hizo con el poder en Guinea-Bissau, las relaciones con Rusia, Francia, Portugal y España se han estrechado en un contexto regional donde la pugna entre Rusia y Occidente por mantener su influencia en África occidental se ha intensificado como consecuencia de la deriva prorrusa de las juntas militares del Sahel. Embaló incluso fue condecorado en octubre de 2023 por su homólogo portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, con el Gran Collar de la Orden del Infante D. Henrique. En la ceremonia, el presidente bissauguineano declaró: «No tengo nada de dictador, soy una persona afable, soy como el presidente Marcelo, soy un hombre del pueblo, no puedo ser un dictador». Dicha condecoración tiene como objetivo distinguir la prestación de servicios relevantes a Portugal, a escala nacional o internacional, o premiar los servicios en la expansión de la cultura portuguesa, su historia y sus valores.

No deja de resultar relevante que, mientras Embaló cerraba acuerdos de cooperación castrense con Moscú para adiestrar a militares africanos en la Universidad Rusa de las Fuerzas Especiales, en Chechenia, y se mostraba ante Vladímir Putin como «un aliado permanente» de Rusia, Francia concedió en febrero de 2024 tres millones de euros para las prioridades de desarrollo del país. Guinea-Bissau representa una paradoja geopolítica con Occidente y Rusia reforzando, a la vez, la posición de Embaló, mientras que este tipo de cooperación a dos bandas ha sido imposible en Malí, Níger y Burkina Faso. En este sentido, un diplomático español, que también prefiere el anonimato, ha dado a entender a MUNDO NEGRO que «no hay aliado pequeño» en la situación que atraviesa Europa en sus relaciones con África. 

En mayo de 2022, una misión compuesta en su mayoría por soldados nigerianos y senegaleses se presentó en el país para «estabilizar» Guinea-Bissau y «garantizar la continuidad del Gobierno». Aunque la Constitución indica que ninguna fuerza extranjera puede actuar en el territorio nacional sin la aprobación de la Asamblea Nacional Popular, la misión no contó con el amparo del órgano legislativo. La presencia de estas tropas extranjeras se mantiene y todavía se pueden ver fácilmente en la capital a nigerianos y senegaleses. Sissoco Embaló ha sabido jugar sus cartas como gobernante fiel a la Comunidad de Estados de África Occidental (CEDEAO) en un contexto en el que la organización regional se encuentra gravemente debilitada como consecuencia de los golpes de Estado en el Sahel.  

Existe la creencia generalizada de que los países africanos que se encuentran en peor situación necesitan de una «mano dura» que los lleve por la senda de la rectitud. El propio Embaló dijo durante su reciente condecoración en Portugal que «muchas veces en África, cuando queremos restablecer el orden y la disciplina, la gente nos trata como si fuéramos dictadores».

Lo que olvidan quienes piensan así es que el ser humano, con independencia de su nacionalidad y su situación económica, ansía la libertad y que solo se presuponen dos finales posibles para los dictadores africanos: el primero consiste en vivir enriquecidos en el extranjero, dejando tras de sí una nación arruinada; el segundo es la revolución, la guerra civil, el alzamiento de un nuevo dictador que tome el relevo, la muerte y el dolor de los inocentes. Y Luis Vaz Martins ha sido categórico al afirmar que la única manera de expulsar a Embaló del poder exige «una revolución popular y que no pase por los militares». Pero duda que los bissauguineanos estén en condiciones de actuar. No cree que haya nadie dispuesto a arriesgarlo todo por la libertad de un país tan pequeño y olvidado.