La resistencia del bosque liberiano

El activista Silas Siakor es la imagen de la lucha social de muchas comunidades locales frente al abuso de las multinacionales y la connivencia con el poder político.

A veces hay que ser testarudo. Solo queda la perseverancia cuando las autoridades gubernamentales continúan ignorando a la población. Y Silas Siakor es una persona empecinada.

El activista liberiano lleva años defendiendo los recursos naturales de un país que durante la dictadura de Charles Taylor promovió las explotaciones madereras y de diamantes sin ningún control. Las multinacionales se aprovechaban de un país nublado por el capital extranjero. La dictadura finalizó en 2003 y Siakor confió en el Gobierno de Ellen -Johnson-Sirleaf para regenerar una situación inestable. Sus esperanzas se desquebrajaron pronto.

Durante su primer mandato, -Johnson-Sirleaf concedió más de un tercio del territorio de Liberia a inversores privados para la explotación maderera, minera y agroindustrial, según denunció el propio Siakor en una columna en el periódico de referencia The New York Times. La popularidad de Johnson-Sirleaf, laureada con el premio Nobel de la Paz en 2011, cegaba a la comunidad internacional mientras los negocios de su gobierno comprometían al medioambiente y a muchas comunidades locales.

Siakor se presentó entonces con la transparencia por delante. A la corrupción se le gana con información y datos contrastados. Unas premisas que han favorecido la participación activa de la población liberiana para que sus tierras no caigan en las manos de las multinacionales. Y si lo hacen, es bajo su consentimiento. «Ahora en Liberia toda empresa maderera tiene que sentarse a dialogar con las comunidades locales», subrayaba Siakor hace unos meses en Londres en una comparecencia.

«Nosotros somos los que tenemos que dictar las normas de cómo las empresas multinacionales se involucran en nuestra economía»

El activista ama a su país y lo demuestra en sus intervenciones. Quiere que sus gobernantes tengan más amor propio y dejen de embaucarse por los intereses foráneos. «Hay que conseguir mejores contratos para nuestros recursos. Necesitamos que los incentivos de las multinacionales que vienen a hacer negocios aquí sean mejores. Nosotros somos los que tenemos que dictar las normas de cómo se involucran en nuestra economía. Tenemos que ser los que decidimos», sentenciaba Siakor.

Su activismo se cimenta con la fundación en 2002 del Instituto de Desarrollo Sostenible (SDI, por sus siglas en inglés). La organización es un espacio donde las comunidades locales participan en la toma de decisiones sobre los recursos naturales. El SDI invita a las poblaciones afectadas a la mesa de negociación, se desmenuza la información y no hay cabida para las frases hechas como «desarrollo económico».

Siakor, quien explica que esta transformación no se produce en la práctica, apuesta por una colaboración desde el momento en el que se publican las licitaciones. «Nosotros nos involucramos al principio del proceso para conocer cómo las compañías madereras se introducen en el sector. Participamos en el desarrollo de las normas a cumplir durante sus operaciones y después monitorizamos que las actividades se ajusten a la ley».

Miembros de la sociedad civil y del SDI monitorizan a las empresas madereras. Fotografía: Festival de Cine HRW

Los deberes de Liberia

Se necesita gente como Silas Siakor para mantener a raya a los políticos. La pasividad a la hora de administrar los recursos naturales durante los mandatos de la presidenta Johnson-Sirleaf fue espoleada por el SDI. La organización ha publicado desde su creación numerosos informes para desvelar las irregulares de las empresas multinacionales que muestran la laxa actuación del Gobierno liberiano en materia medioambiental.

«Los fallos en la monitorización pueden derivarse de al menos dos razones. En primer lugar, en los países con menos recursos muchas veces no existe la capacidad adecuada para controlar las actividades sobre el medioambiente o las comunidades locales. Por otro lado, el otro problema es la presión que puede ejercer una multinacional que ofrece al gobierno la posibilidad de crear empleo. Si se hace efectiva la legislación nacional que regula ciertas actividades en relación al impacto ambiental, los gobiernos temen perder la inversión extranjera», explica Marcos Orellana, director de la división de Medioambiente y Derechos Humanos de la ONG Human Rights Watch.

Pero Silas Siakor se cansó de las excusas. «Me preocupa cuando las autoridades conocen las consecuencias –de las operaciones de una empresa transnacional– y se desentienden. Es una forma de corrupción porque evaden sus responsabilidades con el propio país».

Siakor fue testigo de cómo el Gobierno de Liberia proporcionó una barra libre de hectáreas a las multinacionales y no actuó acorde a la legislación. A cada revelación del SDI venía la justificación estatal a las corporaciones. «El Gobierno no está interesado en hacer responsable a las multinacionales», afirma el activista en una entrevista telefónica con MUNDO NEGRO.

El SDI exige una posición más estratégica a la hora de conceder las licitaciones. «Hay que negociar unas condiciones que sean favorables para el país», dice Siakor. Y, además, enseña el camino a otras naciones del continente: «Los gobiernos africanos se tienen que dar cuenta de que los recursos naturales se acabarán algún día si no se controlan adecuadamente. La dependencia a los donantes y a la ayuda occidental no es la solución a largo plazo. Hay que girar estas políticas hacia algo que sea más económicamente tangible y beneficioso para la población».

Silas Siakor, activista medioambiental liberiano y protagonista del documental Silas. Fotografía: Festival de Cine HRW

Datos contra especulaciones

«Es responsabilidad del Estado que haya canales efectivos para que la gente pueda participar de manera informada en los procesos de toma de decisiones en materia ambiental», explica Orellana.

Pero este marco legal fue ignorado por el Gobierno de Johnson-Sirleaf provocando conflictos entre concesionarios y líderes locales. Y ya se sabe que en este contexto casi siempre pierde el mismo. El SDI denunció que el departamento gubernamental responsable, la Autoridad de Desarrollo Forestal (FDA, por sus siglas en inglés), no contase con un sistema funcional y eficiente para acceder a la información. Se jugó con el vacio informativo.

Llegó la seguridad privada, se desalojó a la población, se delimitaron los terrenos y se iniciaron las operaciones de explotación. En muchos casos las comunidades vieron cómo sus líderes políticos se alineaban con los intereses corporativistas. Bajo la bandera del desarrollo económico se prometió empleabilidad y escolarización. Incluso algunas empresas madereras incentivaron con vacas, bebidas locales y bolsas de arroz a los afectados para cerrar sus propios acuerdos, como indica uno de los informes del SDI en 2010.

En otros casos las poblaciones afectadas vieron su subsistencia en peligro. Fueron forzadas a parar su actividad agrícola y no tuvieron compensación económica. Las infraestructuras sociales se derrumbaron mientras la clase política y empresarial en Monrovia se llenaba los bolsillos. Un ejemplo de una situación que no solo se produce en Liberia.

Johnson-Sirleaf concedió más de un tercio del territorio nacional a inversores privados para la explotación maderera, minera y agroindustrial

Ante la indolencia política el SDI tomó la iniciativa para informar a las comunidades, aunque no fue una tarea fácil. «Hay distintas posiciones; algunos admiten que la multinacional no les da un buen acuerdo pero que el Gobierno no va a intentar mejorarlo. Entonces se acepta porque es la mejor alternativa. Otros prefieren vivir en la pobreza antes que ser un esclavo en su propia tierra. Y por último, están los que les da lo mismo y solo quieren seguir con su vida». Y de estos hay muchos, reconoce Siakor.

El SDI se propuso que, por lo menos, todos tuvieran los datos para complementar la perspectiva empresarial y gubernamental. «Puede que se esté contento con un salario mensual de unos 100 euros trabajando para la compañía. Pero a esa cantidad hay que restarle los impuestos y hay que comprar toda la comida debido a que ya no pueden sembrar. Esto les afecta en términos nutricionales y dedican más gastos a los servicios sanitarios porque las familias no tienen una dieta adecuada», dice Siakor.

El móvil como arma de resistencia social

En el documental Silas el propio activista reconoce que tanto periodistas como oenegés exigían pruebas y evidencias a la hora de denunciar las irregularidades llevadas a cabo en las zonas concesionarias. Y se encogía de hombros.

El SDI impulsó entonces un sistema para la documentación de los abusos medioambientales donde el uso del teléfono móvil es esencial. De la mano de Anjali Nayar, una de las directoras de la cinta que protagoniza Silas Siakor, el SDI desarrolló una aplicación móvil que ayudó a denunciar la situación de muchos grupos locales.

TIMBY (acrónimo en inglés para «Este es mi patio trasero») facilita las coberturas desde el terreno gracias a la grabación de audio y video, la recopilación de informes o la verificación de localizaciones. Estas son algunas de las características de un sistema que usan los mismos afectados.

«Es una herramienta de empoderamiento y que reduce el poder y control de las oenegés para informar. En vez de enviar reporteros externos, TIMBY forma parte de la comunidad y son sus miembros los encargados de documentar qué ocurre», explica Siakor.

Además de favorecer el acceso a la información medioambiental de manera ordenada, TIMBY hace que la comunidad muestre «su realidad» en los sucesos. Los habitantes monitorizaron las operaciones sobre los recursos naturales que el Gobierno de Liberia no podía garantizar. O no quería.

El Gobierno de Johnson-Sirleaf fue acusado por su pasividad a la hora de administrar los recursos naturales de Liberia. Fotografía: Festival de Cine HRW

La responsabilidad de Occidente

«La gente comienza a darse cuenta de que lo que las corporaciones prometen no significa nada», dice Siakor. La opinión pública duda cada vez más de los compromisos sostenibles de las empresas multinacionales y se preocupa por el impacto medioambiental de los productos que consume.

Para Marcos Orellana, las campañas de sensibilización son fundamentales ya que estamos ante uno de los desafíos de la globalización corporativa. «La integración del mercado en el comercio internacional provoca que muchas veces los impactos asociados a los productos no se visibilicen», apunta Orellana.

Son los propios ciudadanos, según Siakor, los que tienen que presionar a los gobiernos de los países de origen de las corporaciones para que asuman sus responsabilidades. Además, apela por unas regulaciones más recias en Europa y en Estados Unidos que «faciliten enjuiciar a las compañías por los crímenes naturales que comenten en el extranjero».

«Esto es uno de los grandes desafíos de la globalización corporativa y la gente o no sabe, o no puede saber porque no hay acceso a esa información», explica el director de la división de Medioambiente y Derechos Humanos de Human Rights Watch.

Silas Siakor es un ejemplo de defensa de las políticas medioambientales. La determinación del SDI ha favorecido el derecho a la tierra y las formas de vida de las comunidades locales en Liberia. El trabajo de estos activistas desveló el escándalo de las talas ilegales bajo la legislación de Permisos de Uso Privado en 2013. Todas esas concesiones se cancelaron y más de dos millones de hectáreas de tierras forestales fueron recuperadas. Desde entonces, como afirma el activista liberiano, no se ha hecho ni una sola nueva asignación de territorios nacionales a ninguna corporación. 

LA VOZ DE LOS SIN VOZ

El documental Silas es un retrato del trabajo de este activista y del Instituto de Desarrollo Sostenible (SDI) en Liberia. Una actividad que viene de lejos y que hizo que Silas fuera galardonado en 2006 con el premio medioambiental Goldman.

«Cuando talan árboles y desmantelan nuestra tierra, nos arrancan a nuestra gente y nos quitan la vida. No habrá más negocios como de costumbre», sentenció Siakor.

La cinta, codirigida por la canadiense Anjali Nayar y la keniana Hawa Essuman, es la denuncia de la sociedad civil a los atropellos del Gobierno de la presidenta Ellen Johnson-Sirleaf en materia medioambiental.

El pulso entre la comunidad indígena Jogbahn y la empresa Equatorial Palm Oil (EPO) es el hilo conductor de una película que evidencia cómo las autoridades liberianas cedieron casi el 25 por ciento de su territorio a inversores extranjeros amenazando la existencia de un cuarto de la población.

La tenacidad de Silas desarboló las concesiones ilegales, el abuso de poder y la corrupción que se asentaba en Monrovia, la capital. Como parte vital de sus investigaciones, el SDI siguió el rastro del dinero y terminó apuntando a la propia Johnson-Sirleaf. Los escándalos medioambientales, unidos al brote de ébola que agrietó a Liberia son claves para entender la presidencia de la primera mujer en liderar un país africano.

El trabajo, que clausuró el festival de cine de derechos humanos organizado por Human Right Watch en Londres, es una defensa de la naturaleza, del derecho a la tierra y de las tradicionales formas de vida. Pero es también una invitación a que la sociedad sea parte informada y activa de las decisiones políticas de un país.

Silas es una película que canta a la resistencia y a la esperanza cuando las instituciones gubernamentales abandonan a los ciudadanos.