Los derechos humanos y el eslabón perdido

El historial de los derechos humanos en Zambia es desigual. A pesar de ello, recientemente, este país del África austral sin salida al mar ha elevado y mejorado su perfil en este campo en el que no siempre ha brindado buenas noticias.

El viernes 23 de diciembre de 2022, Hakainde Hichilema, séptimo presidente del país, abolió la pena de muerte y rechazó que la difamación al presidente sea considerada como una ofensa. Esta decisión, que se contraponía a un pasado reciente marcado por abusos de los derechos humanos en este rincón del sur continental, supone un gran logro. De hecho, es una hazaña en la búsqueda de la democracia y el respeto de los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, en Zambia.

Como era previsible, Amnistía Internacional (AI) ha aplaudido la decisión de abolir la pena capital. «La decisión de Zambia de prohibir la pena de muerte debe servir de ejemplo a los países de la región que aún la aplican y debe obligarlos a tomar medidas inmediatas para poner fin a esta cruel, inhumana y degradante forma de castigo», dijo Tigere Chagutah, director regional para el Este y Sur de África de la organización internacional. 

Igual que la pena de muerte, la ley que regulaba como delito la difamación de la figura del presidente fue redactada en la época colonial británica. Con este articulado, los antiguos colonos pretendían limitar la libertad de expresión entre la población zambiana. Por desgracia, tras la independencia –que tuvo lugar en el año 1964–, los sucesivos Gobiernos mantuvieron estas leyes draconianas. 

Por este motivo, la medida del presidente Hichilema –en el poder desde el año 2021– es encomiable. Sin embargo, su acertada decisión respecto a la pena de muerte será -inútil si no aborda los problemas económicos del país. Es indudable que los derechos a la vida y a la libertad de expresión consolidan el sistema democrático, pero la democracia con el estómago vacío no tiene ningún significado.

El país, con una población superior a los 20 millones de habitantes, se enfrenta a una grave crisis energética. El precio de los carburantes ha subido de forma severa y el suministro de electricidad para uso doméstico y comercial es errático. Desde mediados de diciembre de 2022, los hogares y negocios están sometidos a cortes de luz que llegan a las 12 horas diarias [Sudáfrica vive una grave crisis política a cuenta de los frecuentes cortes de energía, ver p. 12]. Esto ha tenido un impacto adverso en la economía y, como consecuencia de ello, ha elevado el coste de la vida. Lamentablemente, la mayoría de la población en Zambia está hoy simplemente sobreviviendo.

El suministro y la distribución de fertilizantes para los agricultores durante el período de la siembra ha sido irregular y caótico. En algunos casos, los agricultores han recibido fertilizantes no adecuados para sus producciones. Cuando se suponía que iban a recibir un fertilizante para impulsar la germinación, han obtenido el que se emplea para un momento posterior del desarrollo de las plantas, lo que ha comprometido la futura cosecha. Este cúmulo de errores significa que este año, para llegar a final de mes, la mayoría de los zambianos que dependen de la agricultura como medio de subsistencia deberán rascarse aún más el bolsillo.

El caso de Zambia no es, sin duda, único. La mayoría de los países africanos al sur del Sahara han dado pasos de gigante en materia de derechos humanos en los últimos tiempos. Por eso, sigue echándose de menos que el espectro de los derechos humanos no abarque también los derechos económicos de los ciudadanos.



Fotografía: Reuters Foundation (Creative Commons)