No hay paz en las fronteras: militarización y cuerpos racializados

Por Marizol González Romero



Desde 1982, cada 24 de mayo se celebra el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Esta fecha invita a recordar y analizar la realidad acerca de los conflictos bélicos, atendiendo a cuestiones relacionadas con las estructuras militares, bombardeos, el uso de armas y la destrucción territorial. Mientras se liga la violencia bélica a un territorio físico se perpetúa la invisibilización de otras violencias y vulneraciones de los derechos humanos.

La guerra también se refleja en las políticas migratorias, en los sistemas de vigilancia y en los controles raciales que convierten a determinadas poblaciones en amenazas constantes, hasta el punto de negarles su libertad, encerrándolas en cárceles destinadas específicamente a la población migrante, lo que vulnera el derecho a la libre movilidad.

Ahora la militarización hace uso de tecnologías de control, discursos de seguridad y políticas institucionales mediante las cuales se legitiman las violencias contra personas negras, racializadas y migrantes, o juzgadas como tal.

La mujer migrante racializada sufre esta violencia tanto corporal como simbólicamente. Sus cuerpos son hipervigilados, explotados y maltratados mediante el uso de múltiples prácticas violentas. Además, mediante la violencia simbólica se ha creado una narrativa paternalista y aniñada de las mujeres migrantes, obviando que, a pesar de ser víctimas del sistema colonial y patriarcal, las mujeres migrantes negras y racializadas también son seres sociales y políticos que resisten, crean comunidades y desafían cotidianamente las narrativas que las oprimen día a día, llegando a liderar movimientos de gran envergadura.

Es imprescindible aproximarse al debate sobre la paz y el desarme desde una mirada afrofeminista, antirracista y decolonial. Es necesario preguntarse quiénes tienen derecho a vivir sin miedo; quiénes pueden cruzar una frontera sin ser tratados como el enemigo, quién merece protección institucional y quién merece reparación y justicia. Cabe preguntarse cómo es posible que la paz exista en un Estado cuando hay poblaciones enteras viviendo bajo una situación de sospecha constante.

Las fronteras como espacios de guerra racial

El modelo político migratorio europeo ha sido construido sobre una lógica estrictamente militar, colonial y basado en la racialización. Los mismos Estados que históricamente han dominado y saqueado los territorios africanos, caribeños, latinoamericanos y asiáticos se dedican a levantar muros para impedir la llegada de personas desplazas por guerras, pobreza o crisis climáticas en las que Occidente tiene un papel y una responsabilidad directa.

Por este motivo, la jornada del pasado 24 de mayo precisa ser abarcada con una mirada decolonial, mediante la cual desmontar la idea de Europa como una fortaleza inocente guardiana de los derechos humanos universales amenazada por una inmigración invasora. Hablar de «invasión migratoria» es profundamente hipócrita, ya que muchas personas migrantes llegan desde territorios que históricamente han sido explotados y empobrecidos por el expolio colonial, la esclavitud y la destrucción económica, con el fin de sostener el bienestar del Norte global.

Las fronteras contemporáneas funcionan como una continuidad del orden colonial, clasificando y definiendo las vidas merecedoras de protección –así como el cumplimiento de sus derechos– y cuáles pueden ser sacrificadas. Esto se observa constantemente en el Mediterráneo, donde a miles de personas se les niegan derechos básicos e incluso son asesinadas en su intento de llegar a territorio europeo, como sucedió en la masacre de Melilla el 24 de junio de 2022. En esta fecha trágica, según informa CEAR, 37 personas fueron asesinadas, 70 personas se encuentran desaparecidas y 470 fueron devueltas a territorio marroquí.

El negocio en torno a las fronteras es una extensión de la industria militar, que mueve millones de euros. Entre 2018 y 2025, España (miembro del Fondo Europeo para la Seguridad Interior, FESI)  ha destinado, al menos, 541 millones de euros en herramientas de control fronterizo. Esto implica gastos ingentes en armamento y en nuevas herramientas tecnológicas utilizadas en prácticas militares y policiales, como son los sistemas biométricos, drones y herramientas de reconocimiento facial, destinados a la identificación y control de poblaciones migrantes.

La agencia europea Frontex, creada en 2004 y con sede en Varsovia (Polonia), supuestamente para coordinar las fronteras exteriores, se ha convertido en uno de los símbolos más evidentes de esta militarización. Sus presupuestos han aumentado de forma desproporcional durante la última década. Los Estados europeos invierten grandes sumas económicas en el refuerzo de sistemas de vigilancia marítimos y terrestres, llegando a desdibujar las fronteras mediante la externalización de estas y financiando acuerdos con países donde los derechos humanos son sistemáticamente vulnerados. En octubre de 2025 se inauguraron dos centro de detención de migrantes en Mauritania, uno en la capital, Nuakchot y otro en Nuadibú, bajo la excusa de detectar y frenar la trata de personas, pero lo cierto es que Mauritania es conocido por la vulneración de los derechos de las personas migrantes, quienes han reportado torturas y condiciones infrahumanas. Además, una peculiaridad de estos dos centros de detención de migrantes es que también se consiente el internamiento de niños y bebés.

La militarización no solo se expresa en las fronteras, también está presente en territorio europeo, mediante la vigilancia cotidiana y el racismo institucional mediante controles policiales mediante perfiles raciales, practicados en las ciudades europeas de manera cotidiana y naturalizada. El uso de herramientas tecnológicas de identificación se encuentra mayoritariamente en los barrios con mayoría de población migrante, comunidades marginadas y áreas fronterizas, creando fronteras digitales que criminalizan a las personas migrantes y vulneran sus derechos básicos. Se ha demostrado que estas herramientas cometen graves errores en la identificación de las personas racializadas y que, al tener sesgos raciales, aumentan el riesgo de persecución y de violencia institucional contra las personas racializadas y/o migrantes.

Además, se han creado espacios de privación física de la libertad destinados exclusivamente a las poblaciones migrantes como los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en los que organizaciones de derechos humanos han denunciado situaciones de abusos, negligencias médicas y violencia institucional. Igualmente, las devoluciones en caliente, sin ningún control judicial, vulneran irreversiblemente los derechos de las personas afectadas.

El cuerpo de las mujeres migrantes como territorio colonial de control

Las fronteras son dispositivos coloniales que determinan la movilidad en función de jerarquías raciales, de género, clase y origen. En las fronteras se ejercen todo tipo de violencias físicas, económicas, simbólicas, raciales, misóginas, LGTBfóbicas, etc. Cuando los cuerpos identificados como femeninos atraviesan las rutas migratorias se ejercen sobre ellos violencias específicas, donde la violencia sexual, la trata o la extorsión y explotación laboral se convierten en las principales estrategias. El 63% de las mujeres migrantes han sufrido algún tipo de violencia sexual (Oberaxe, 2025). Además, se ha registrado que en la frontera entre España y Marruecos también han sido víctimas de violencia física y psicológica tanto en el lado marroquí como en el español.

Las mujeres negras, racializadas y migrantes han vivido sus cuerpos como espacios de regulación política, de explotación y de control colonial. Esto tiene origen en las empresas colonialistas de las potencias europeas. Mediante el colonialismo se controló la reproducción, la sexualidad y la movilidad de las mujeres racializadas sometidas al sistema opresor colonial. En la actualidad el colonialismo ha adoptado nuevas formas, como en las políticas migratorias, que se formulan sobre la idea de que ciertos cuerpos deben ser, especialmente administrados, vigilados y disciplinados.

Las mujeres migrantes, negras y racializadas se encuentran en una situación especialmente vulnerable, ya que son las principales víctimas de la trata y de violencia machista. La violencia institucional experimentada por las mujeres las arrastra a una constante precariedad económica, ya que el sistema migratorio europeo precisa de mano de obra barata y vulnerable, relegándolas a empleos escasamente regularizados, como el trabajo doméstico, los cuidados o en el área agrícola en condiciones de explotación laboral y abusos que no serían aceptadas para otras poblaciones.

Los discursos referidos a las mujeres migrantes racializadas son contradictorios. Por un lado, son consideradas esenciales para sostener la vida de la población del país receptor, mientras que por otro lado, son criminalizadas y victimizadas. A la vez que se condena la victimización de la mujer racializada y/o migrante, haciendo un llamamiento a su salvación mediante la imposición de los «valores occidentales» se les niega el derecho a la protección y el acceso a la justicia, dejando libres a sus abusadores, como es el caso de las temporeras agrícolas, que quedan completamente desprotegidas una vez que sus casos son archivados sin ninguna pena para su abusador o cuando se imponen penas irrisorias; a lo que se le suma que cuando reclaman sus derechos pasan a ser prescindibles y motivo de preocupación por la seguridad ciudadana y estatal.

Las mujeres migrantes no son solo víctimas

Existe una tendencia mediática y política de representar a las mujeres migrantes desde el dolor o desde la hipersexualización. Se hace hincapié en su rescate, despolitizando sus experiencias y reproduciendo la lógica paternalista de salvar a las mujeres racializadas sin escuchar sus voces.

Es preciso recordar que las mujeres racializadas y migrantes no son sujetos pasivos que deban ser convertidos en símbolos de sufrimiento para que sus vidas importen. Han destacado por ser organizadoras comunitarias, sindicalistas, activistas y líderes políticas que han sostenido y sostienen redes de apoyo frente a la violencia institucional, construyendo formas de resistencia cotidianas rara vez visibilizadas y reconocidas a la par que arrastran una serie de responsabilidades de gran peso como el sostén económico y vital de grupos familiares propios y ajenos.

En España, existen numerosas organizaciones fundadas por mujeres migrantes y racializadas, como SEDOAC, una asociación de mujeres migrantes trabajadoras del hogar que en el año 2022 logró, junto a otros colectivos, la ratificación en el Congreso del Convenio 189 de la OIT, que reconoce los derechos laborales fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Además, existen asociaciones antirracistas feministas que denuncian las redadas raciales, los CIE y la violencia fronteriza.

Hablar desde una perspectiva feminista interseccional decolonial implica hablar de la vulnerabilidad de las mujeres sin negar su capacidad y actividad política. Conlleva reconocer que las violencias estructurales afectan de manera desigual según la raza, el género, la clase social o el estatus migratorio. Pero siempre considerando que, incluso en contextos hostiles, las mujeres negras, racializadas y/o migrantes crean estrategias de protección, para vivir y transformar sus realidades.

Pensar la paz desde la justicia racial

El Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme debe ir más allá de discursos abstractos que condenan la violencia y la guerra, también se debe atender a las fronteras, entendiéndolas como espacios violentos y armados. Es necesario reconocer que no existe una paz posible mientras miles de personas mueren en rutas migratorias que cada vez se tornan más violentas y peligrosas; cuando las mujeres migrantes son criminalizadas por el mero hecho de ejercer su derecho a migrar o cuando la seguridad de unos es construida sobre la deshumanización y vulneración de otros en base a su control, vigilancia y exclusión.

Pensar la paz con una perspectiva afrofeminista, feminista interseccional y decolonial conlleva entender que el desarme también pasa por desmotar las políticas racistas, patriarcales y coloniales que convierte la movilidad en un privilegio y no en un derecho pleno.

La desmilitarización no es solo reducir la inversión en armas o en ejércitos, también conlleva desmontar las violencias estructurales que atraviesan las vidas de las personas racializadas: racismo institucional, misoginia, leyes migratorias excluyentes, explotación laboral, hipervigilancia policial y constante deshumanización. También implica el reconocimiento del papel de las mujeres en la construcción de una paz ligada al cuidado colectivo, a la defensa de la dignidad y la justicia.

Mientras las fronteras y el sistema migratorio se mantengan militarizados y ciertos cuerpos sigan siendo tratados como amenazas, la paz seguirá siendo un privilegio racial, y, por ende, los cuerpos negros, racializados y/ o migrantes seguirán siendo observados como un campo de batalla permanente.

En la imagen superior, una mujer migrante subsahariana desembarca de un barco de rescate a su llegada al puerto de Málaga. Fotografía: Jesús Mérida / Getty