Ordena y manda
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El presidente Kaïs Saied nombra un nuevo primer ministro como respuesta al descontento social
La combinación «extremismo-división» se está imponiendo en la vida tunecina. A la grave crisis económica, marcada por una escasez de suministros inédita en el país, le acompañan las medidas populistas que el presidente Kaïs Saied sigue aplicando de forma unilateral.
El 17 de marzo, el mandatario ordenó la publicación de dos decretos, uno para cesar al ministro del Interior, Taoufik Charfeddine, que autorizó una manifestación convocada por el Frente de Salvación Nacional (FSN, por sus siglas en francés), la coalición de la oposición que defiende a los «presos políticos» ante la ola de arrestos de opositores, activistas y periodistas críticos con Saied practicados durante las últimas semanas, y otro para nombrar como sucesor de Charfeddine a Kamal Feki, exgobernador de la capital y uno de sus principales aliados en la política de mano dura que se está aplicando desde hace un año en el país.
Ahmed Neyib Chebi, líder del FSN, pidió a finales de enero la dimisión del presidente tunecino tras el «fiasco» de las elecciones legislativas en las que se registró la mayor abstención de la historia del país (ver MN 688, p. 8). Boicoteadas por la oposición, dejaron a Saied en una situación de debilidad política que, sin embargo, no acaba de afectar al mandatario. Chebi habló de «desautorización popular» a las iniciativas emprendidas por el presidente desde julio de 2021, cuando disolvió el Gobierno y suspendió y disolvió también el Parlamento.
En esta deriva autoritaria fue clave el referéndum constitucional –también boicoteado por la oposición– que reforzó las competencias de la Presidencia.
Segregación racial
A finales de febrero, el presidente tunecino pronunció un discurso tras la reunión del Consejo Nacional de Seguridad para anunciar «medidas urgentes» contra la inmigración clandestina de africanos de otros países del continente por haberse convertido en fuente de «violencia, crímenes y actos inaceptables». Estas palabras provocaron la reacción tanto de la población aludida –unas 21.000 personas–, la mayoría de la cual está estudiando o trabajando en Túnez desde hace tiempo y se encuentra perfectamente asentada en el país, como de la población autóctona, que organizó manifestaciones de apoyo al colectivo migrante y pidió al Gobierno que se replantee las medidas. Saied, con su discurso, los había criminalizado al vincularlos con las redes de tráfico de personas. Además, el presidente siguió alimentando el rechazo generalizado por la supuesta «desnaturalización» del territorio, al asegurar que esta inmigración irregular está transformando Túnez «en un país únicamente africano», perdiendo su conexión con las «naciones árabes musulmanas».
La comunidad internacional también reaccionó a los comentarios racistas de Saied, siendo el Banco Mundial (BM) el primero en anunciar, a mediados de marzo, la suspensión de los trabajos en trámite con Túnez para intentar aliviar la grave situación económica por la que pasa el país. «La seguridad y la inclusión de los migrantes y las minorías forman parte de los valores fundamentales de nuestra institución en materia de inclusión, respeto y antirracismo en todas sus formas. (…) Los comentarios públicos que avivan la discriminación, la agresión y la violencia racista son completamente inaceptables», explicó en un comunicado David Malpass, presidente del BM, para justificar la suspensión del Marco de Asociación con Túnez.
Tutelaje absoluto
Un año después del autogolpe de Estado que protagonizó el presidente Saied, el Parlamento tunecino retomó su trabajo con un hemiciclo en el que solo 25 de los 154 asientos que ya han sido asignados son ocupados por mujeres, y planteando la necesidad de que la Cámara Baja se someta al «tutelaje» del presidente tunecino, al más puro estilo del exdictador Zinedine Ben Ali. De hecho, fue esa reducción de poderes del Parlamento lo que marcó el sistema autoritario que terminó provocando en 2011 la revuelta popular que terminó con la caída del régimen anterior.
El 13 de marzo, 20 meses después de la disolución del Parlamento y de la instauración de un sistema hiperpresidencialista, una Cámara Baja «inofensiva» para Saied retomó su trabajo, tal y como mostró la retransmisión en directo de una sesión a la que solo se permitió asistir a medios oficiales. «Lo que está ocurriendo es peligroso y refleja una desconfianza injustificada por parte de las autoridades hacia los medios», apuntó Amira Mohamed, vicepresidenta del Sindicato de Periodistas Tunecinos a la agencia France Press.
Con la detención de altos cargos del partido islamista Ennahda y de figuras carismáticas como Yauar ben Mbarek –líder del movimiento Ciudadanos contra el Golpe de Estado–, el régimen que lidera Saied sale reforzado en una forma de hacer política que silencia a la sociedad civil y reduce su capacidad de debate y movilización.
Hassan Zargouni, politólogo y director de estudios de Sigma Conseil, presentó el 4 de febrero el resultado de un sondeo de cara a las elecciones presidenciales de 2024 en el que el presidente Saied alcanzaría el 40,9 % de los votos, muy por delante de sus contrincantes, que no llegarían a obtener ni dos dígitos en su resultado. «Las reacciones a la última encuesta de Sigma Conseil –apunta Jeune Afrique– parecen ser el resultado de una toma de contacto brutal con la realidad. Las cifras desvelan una historia, y el problema es que esta no se corresponde con la idea que tienen de sí mismos los tunecinos, la de un pueblo informado que sabe lo que quiere y no se deja engañar», apunta la revista.
