¿Quién es cómplice de quién?

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Ruanda acogerá a solicitantes de asilo en Reino Unido y Dinamarca


Londres y Copenhague acuerdan enviar a Kigali a solicitantes de asilo. Esta nueva externalización de fronteras puede vulnerar la Convención de Ginebra.



El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) impidió el pasado 14 de junio, a última hora, la deportación a Ruanda del primer grupo de refugiados que habían entrado de forma irregular en territorio británico. Se truncó de este modo, de manera provisional, la puesta en marcha efectiva del Acuerdo de Asociación para la Migración y el Desarrollo Económico rubricado en Kigali el pasado 14 de abril. Este documento, suscrito por el ministro de Asuntos Exteriores ruandés, Vincent Biruta, y la ministra del Interior británica, Priti Patel, pretende «promover un nuevo sistema de asilo justo y humano (…) y crear rutas seguras y legales para quienes huyen de la persecución». Sin embargo, detrás de la parafernalia verbal, lo que el documento explicita es que Londres enviará al país centroafricano, durante los próximos cinco años, a un número indeterminado de migrantes y refugiados «cuyas solicitudes no estén siendo examinadas por el Reino Unido». Una vez en territorio africano, será Ruanda la que «tramitará sus solicitudes y asentará o expulsará (según proceda) a las personas una vez que se haya decidido su solicitud, de conformidad con la legislación nacional de Ruanda, la Convención sobre los Refugiados y las normas internacionales vigentes», reza el documento. A pesar del varapalo judicial, el primer ministro británico, Boris Johnson, manifestó que «hemos establecido una asociación adecuada con Ruanda. Y sí, quizás lleve un tiempo el que funcione adecuadamente, pero eso no significa que no vaya continuar». En este sentido, un portavoz de la embajada británica en Madrid ha señalado a MN que «existe una sólida base legal tanto en el derecho nacional como internacional y estamos listos para responder a cualquier reclamación legal». 

Un día después de que Reino Unido y Ruanda firmaran el acuerdo, un miembro del Regimiento de Húsares Reales de la Reina ayudaba a desembarcar a un grupo de migrantes en el puerto de Dover. Habían intentado entrar al país por el Canal de la Mancha. Fotografía: Daniel Leal / Getty. En la imagen superior, la ministra del Interior británica, Priti Patel, y el ministro de Asuntos Exteriores ruandés, Vincent Biruta, después de la firma del acuerdo en Kigali. Fotografía: Cyril Ndegeya / Getty

Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) o Refugee Action han calificado el acuerdo, por este orden, de «infamia» y «una manera cobarde, bárbara e inhumana de tratar a las personas que huyen». La Iglesia anglicana, a través del arzobispo de Canterbury, Justin Welby, también ha sido contundente en su respuesta: «Un país como el Reino Unido, conformado sobre la base de valores cristianos, no puede “subcontratar” sus responsabilidades».

En esta línea, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ha denunciado que «los que huyen de la pobreza y de los conflictos no deben ser tratados como mercancías». Porque no se debe obviar la compensación económica que Londres va a transferir a Kigali por los servicios prestados, que el progubernamental diario ruandés The New Times fijaba el pasado 15 de abril en algo más de 140 millones de euros. Sobre este aspecto, el director del área de Investigación de la Fundación porCausa, Gonzalo Fanjul, ha indicado a MN que «hay muchos analistas que cuestionan que esta cantidad sirva para cubrir los gastos de una operación de asilo y refugio razonable y digna».



Contrario a la ley

El acuerdo, según los expertos, puede colisionar con el derecho internacional, en concreto con los artículos 31 y 33 de la Convención de Ginebra, suscrita y ratificada por Reino Unido. Amaya Valcárcel, responsable de Incidencia Internacional del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), reconoce a MN que «todo el mundo está aludiendo a que entran ilegalmente o de forma irregular. Pero esto, según el derecho internacional, no tiene que penalizarse. Eso es lo que dice el artículo 31 [de la Convención], y la lógica es clara: las personas que escapan de su país a causa de la persecución que sufren no tienen un visado o un pasaporte de su país, que es el que les persigue». En cuanto al artículo 33, Valcárcel recuerda que «no se puede devolver a una persona a un país donde puede sufrir torturas. Por ejemplo, Ruanda no es un país especialmente favorable a las personas homosexuales, y ahí tenemos un posible problema. Si envían a personas homosexuales, pueden terminar en la cárcel».

Pero no solo Londres enviará a solicitantes de asilo a terceros países. El Gobierno danés presentó el 29 de abril de 2021 un proyecto de modificación de la Ley de Extranjería en el que se contempla esta práctica. El portavoz en materia de Inmigración e Integración de los socialdemócratas en el Parlamento danés, Kasper Sand Kjær, ha reconocido a MN que todavía no se ha rubricado ningún acuerdo bilateral, aunque «tenemos conversaciones en curso con Ruanda para crear un acuerdo similar al que el Reino Unido ha firmado con ellos». Sobre la colisión con el derecho internacional de asilo y refugio, ha añadido que «nuestras autoridades han considerado que crear un centro de acogida en un país fuera de Europa y trasladar a los solicitantes de asilo a dicho centro se ajusta al derecho internacional».

Manifestación en Copenhague el 13 de noviembre de 2021 contra la deportación de refugiados sirios. Fotografía: Thibault Savary / Getty
Inmigración irregular

Tanto Dinamarca como Reino Unido esgrimen que estos acuerdos pretenden contribuir «a la prevención y a la lucha contra la migración transfronteriza ilegal». El ministro de Inmigración e Integración danés, Kaare Dybvad, en una declaración remitida a MN a través de su gabinete, señala que «nuestra propuesta no debe verse como un resquicio para que Dinamarca se desentienda de sus responsabilidades internacionales» y que «la protección en Dinamarca debe llegar a través de medios legales y ordenados, no a través de contrabandistas de personas». Repreguntado por correo electrónico por la elección de Ruanda como destino de los solicitantes de asilo y por la posible vulneración de la Convención de Ginebra, Dybvad no ha respondido. 

El argumento del ministro ha sido desmontado por Larry Bottinick, abogado de ACNUR en Londres, en declaraciones recogidas por RFI: «Si los mandan a Ruanda y no encuentran una situación sostenible porque no hablan inglés o francés, porque no hay otras personas de su origen o no tienen familia allí, se marcharán. Volverán a salir rumbo a Europa a través de Uganda, Sudán o Libia para volver a cruzar el Mediterráneo en barco. Eso supondrá más tráfico de personas, y además será un tráfico más arriesgado». Además del desarraigo, Fanjul apunta otro motivo por el cual los solicitantes de asilo trasladados a Kigali presumiblemente van a intentar salir del país: «Están trasladando la responsabilidad de la protección a un país que claramente no tiene ningún interés en proteger a sus propios ciudadanos, por lo que no hay ningún indicio de que lo vayan a hacer con ciudadanos de terceros».

Aunque hay poca claridad sobre los datos, una parte significativa de los refugiados que Israel envió a Ruanda entre los años 2014 y 2017 acabaron saliendo del país. Un experto en Ruanda consultado por MN que prefiere mantenerse en el anonimato recuerda este hecho: «No es el primer caso de externalización del control de refugiados y migrantes. Ruanda ya había aceptado, por un acuerdo con Israel, la acogida de eritreos y sudaneses, operación que fue un fracaso, ya que la mayoría huyó a países vecinos e Israel, ante el bochorno, abandonó el proyecto». Este posible «efecto rebote» tendrá otras consecuencias que apunta Fanjul: «Cuando la gente abandone Ruanda porque no quiera quedarse allí, lo que hará será sobrecargar las ya sobrecargadas capacidades de acogida de países como Kenia, Etiopía, RDC o Uganda. Reino Unido está endosando la factura de su insolidaridad a otros países que ya tienen una situación complicada».

Diversos especialistas consultados por esta revista insisten en que los acuerdos de Reino Unido y Dinamarca con el Gobierno de Kagamé no son más que la culminación de una política europea reacia a abrir las puertas a migrantes y refugiados. Gonzalo Fanjul duda que la política migratoria británica «sea más dura o cruel que la que está aplicando la Unión Europea (UE) en su conjunto, que la que está aplicando España, por ejemplo. Lo que sí es cierto es que el discurso político se está volviendo más impúdico, más explícito. Y el discurso político no es inocuo, no es mera retórica, porque eso luego se traduce en las leyes que vas a aprobar». En esto ahonda, desde el anonimato, la fuente consultada por MN: «Hay un contexto general de aceptación silenciosa de prácticas de exclusión, racismo o xenofobia. En estos sectores, por muy indecentes que puedan ser acuerdos como el de Londres-Kigali, “arreglos” como esos son bien recibidos». Virginia Álvarez, responsable de Investigación y Política Interior de la sección española de AI reconoce a MN que «Dinamarca está desarrollando una serie de políticas muy duras que me atrevería a calificar de racistas» y añade que «esto es también una manifestación de la crisis humanitaria que hay en Europa». En España esto se ha manifestado con las repetidas expulsiones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla o «con expulsiones ilegales, donde las personas no están accediendo al procedimiento de asilo», según Álvarez.

Impacto en Ruanda

El acuerdo suscrito por Londres y Kigali explicita que «Ruanda ha acogido y dado cobijo voluntariamente a cientos de miles de refugiados, ofreciendo sistemas adecuados de protección a los refugiados, en consonancia con los principios de solidaridad internacional», una imagen que, sin embargo, han puesto en duda los autores del informe Defendiendo la democracia en el exilio, elaborado por Freedom House. Una de sus autoras, Isabel Linzer, señaló, en declaraciones recogidas por The Guardian, que «la gente a menudo se enfoca en Arabia Saudí, Irán, China o Rusia, pero Ruanda es uno de los perpetradores más prolíficos de la represión transnacional», y añadió que «el acuerdo de asilo entre el Reino Unido y Ruanda es bastante impactante dada la frecuencia con la que el Gobierno de Ruanda ha perseguido a los ruandeses en el Reino Unido. Y el Gobierno británico es muy consciente de eso». En este sentido, Fanjul ha recordado un artículo de la periodista Michela Wrong «en el que dice que el Gobierno de Kagamé ya ha enviado una carta con una lista de ruandeses que están viviendo en Reino Unido, tutsis y hutus moderados, a los que Kagamé quiere ver extraditados a cambio de la colaboración». Desde la embajada británica en Madrid, preguntados por este asunto, han respondido de forma escueta que «no» se ha producido tal petición. Nicola Palmer apuntaba en Afrique XXI que «en su primer discurso público después de la firma del acuerdo con Reino Unido, el presidente ruandés ha establecido un vínculo directo entre esos potenciales traslados hacia Ruanda y la petición de extradición de cinco sospechosos que viven en Reino Unido de haber participado en el genocidio» de 1994. La fuente anónima consultada por MN añade que «no es nada extraño que una de las peticiones de Ruanda haya sido esa». En el Informe 2021/22 de AI se indica que «dos presuntos genocidas fueron extraditados desde EE. UU. a Ruanda para ser juzgados, y otro sospechoso de genocidio también fue extraditado desde Países Bajos». ¿Incluirá Dinamarca una cláusula de este tipo? Kasper Sand Kjær señala que «no podemos entrar en detalles sobre nuestras conversaciones con Ruanda». 

El portal Rwanda Bridge Builders, espacio de la sociedad civil y de los partidos de oposición ruandeses, advertía el pasado 18 de abril que «los refugiados que llegan a Ruanda son inmediatamente enrolados en el Ejército, son llevados a bases militares donde reciben entrenamiento militar y son reclutados para combatir en otros países como Mozambique [Ruanda tiene una misión de pacificación en Cabo Delgado], RCA y RDC».

31 de julio de 2017. El presidente ruandés, Paul Kagamé, es aclamado en Gakenke, donde participó en un mitin durante la campaña electoral de las presidenciales en el país. Fotografía: Marco Longari / Getty
Operación publicitaria

Para un régimen como el de Kagamé, la operación de acogida de solicitantes de asilo no es más que otro lavado de cara ante la comunidad internacional. La fuente anónima citada con anterioridad nos indica que «por parte de Londres es un “blanqueo” de un régimen, el de Kigali, autoritario dictatorial en crisis, cuya pregonada –y falsa– imagen de modelo comienza a resquebrajarse seriamente en el ámbito internacional», mientras que por parte de Ruanda, añade, «es un “blanqueo” del Gobierno de Boris Johnson, xenófobo y racista». En esta idea abunda Fanjul, quien reconoce que esto «va a tener consecuencias que van mucho más allá de la acogida de refugiados. Estos acuerdos son, de facto, una validación de los peores regímenes autocráticos de muchas regiones del mundo».

A pesar de la rapidez con la que estos países han estudiado y puesto en marcha el mecanismo de traslado de estas personas, hay que aguardar a que la Justicia dictamine sobre su legalidad. Mientras que Álvarez –con la que MN habló antes de la resolución del TEDH–, no espera buenas noticias de los jueces –«no soy muy optimista por la deriva de los tribunales internacionales, pero lo cierto es que entramos en una situación muy preocupante de deshumanización del otro»–, Amaya Valcárcel quiere ver luz al final del proceso: «Confío en que la Justicia se base en el derecho internacional, que este vuelva a ser central. Si hacemos las cosas bien, como se ha hecho con los ucranianos, si hay buena voluntad y ganas en la política, se pueden hacer bien las cosas».  




Para saber más

Por Alfonso Armada

Hay muchas formas de adentrarse en un territorio tan sórdido como la decisión de Londres y Copenhague de lidiar (a la australiana) con lo que llaman «crisis migratoria». Pocas tan insólitas como el Cuarteto estacional (Nórdica) de la británica Ali Smith. Emigración y racismo no son los únicos temas, pero si quiere una tetralogía para alumbrar este verano de perplejidades, Otoño, Invierno, Primavera y Verano son sus libros. En Primavera advierte: «Queremos que aquellos a quienes llamamos extranjeros se sientan extranjeros necesitamos que les quede claro que no pueden tener derechos a menos que nosotros lo digamos». En Verano se lee: «Todo el mundo dijo: ¿y? Como en ¿y qué? Como en encogerse de hombros, o ¿y qué esperas que haga al respecto?, o me importa una mierda, o lo apruebo, me parece bien». (Y unas líneas más abajo): «Que un continente ardía y otro se derretía: ¿y?
Pero no. Es verdad. No todo el mundo lo dijo.
Ni por asomo.
Millones de personas no lo dijeron».

Libros a los que hay que sumar series como Years and years, y una película recomendada por Wiriko, A United Kingdom, de la directora negra Amma Asante –basada en Barra de colores–, de Susan Williams. Y dos filmes combativos de Ken Loach con la inmigración como espina dorsal: En un mundo libre y These Times.

En julio de 2021, Regin Winther Poulsen firmaba en Foreign Policy «How the Danish Left Adopted a Far Right Immigration Policy» (Cómo la izquierda danesa adoptó una política migratoria de extrema derecha). «En la periferia del país más feliz del mundo. Lo que los daneses no quieren saber de sí mismos» fue un esclarecedor reportaje de Cristina Gironés en la revista digital fronterad, donde desnuda los mitos y la buena conciencia danesa y se anuncia la política de deportaciones a África de la premier socialdemócrata. Recomendaba el libro Gente casi perfecta. El mito de la utopía escandinava, de Michael Booth (Capitán Swing). No olvidar una película: Shorta. El peso de la ley, de Frederik Louis Hviid y Anders ­Ølholm, una violenta jornada policial en un gueto de inmigrantes árabes de Copenhague.

Del lado ruandés es urgente traducir al castellano el más documentado y demoledor libro sobre la Ruanda de Paul Kagamé, Do not disturb, de la periodista Michela Wrong, y una serie de la BBC sobre el genocidio: Black Earth Rising, de Hugo Blick, con denuncias a los dos lados y la hipocresía occidental hacia sus antiguas colonias.

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