Rechazo popular a las urnas

Dos ex primeros ministros entre los cinco candidatos a las primeras presidenciales tras Buteflika

[En la imagen superior manifestación contra el Gobierno en las calles de Argel el 12 de noviembre. «No iremos a votar. Iros», se lee en el cartel que sostiene una jóven envuelta en una bandera argelina. Fotografía: Getty]

Los argelinos no se oponen a unas elecciones «libres y honestas», apuntan los analistas después del comienzo, el 17 de noviembre, de la campaña electoral, después de la cual se eligirá al sucesor del expresidente Abdellaziz Buteflika. Las ya habituales manifestaciones de los martes y viernes, que acabaron provocando el pasado 2 de abril la anulación de un posible quinto mandato del candidato del Ejército, no han cesado durante los últimos nueve meses. Algunas han reunido a cientos de miles de personas que desde varios puntos del país, de forma transversal, han demostrado la unidad del hirak, el movimiento que exige de forma clara y sin concesiones la extinción del antiguo régimen. Pero quizás lo más grave es que ni siquiera se ha planteado un proceso u hoja de ruta que motive a los más de 20 millones de electores para que acudan a las urnas. Desconfían de que el viejo régimen vaya a facilitar la transición hacia el cambio.

Que el régimen militar de los generales argelinos sigue «cocinando» el futuro político de Argelia lo demuestran los tres procesos electorales por los que ha tenido que pasar el país este año hasta anunciar la fecha del 12 de diciembre para la celebración de los comicios, después de que el 1 de junio el Consejo Constitucional aplazase las elecciones sine die. La gente volvió a percibir que el sistema perpetuaba la situación sin ofrecer alternativas para terminar con la tutela de los ­generales.

«Un estado civil, no militar», «Basta de generales», o directamente «Iros, iros, iros» son los gritos que de forma contundente siguen escuchándose en las calles del país. Rechazan participar en «las elecciones de los gánsteres», a la vez que piden la revisión de los juicios a cientos de políticos, activistas y periodistas detenidos durante los últimos meses, algunos de los cuales han sido condenados hasta a 10 años de prisión.

A finales de septiembre Dalia Ghanem, analista del centro Carnegie Oriente Próximo, reconocía que «los líderes militares parecen haber tomado el control de la transición política porque el Ejército Nacional del Pueblo (PNA, por sus siglas en inglés) es el garante de mantener el orden establecido tras la independencia, en 1962». De esta forma habrían «capitalizado la situación actual y la nueva configuración del poder para retomar el papel perdido bajo el antiguo presidente».

El enrevesado juego político-militar que existe en Argelia, en el que se habla de constitucionalismo y pluralismo sin que apenas se permitan cambios, hace que incluso la Constitución garantice ese estatus especial del PNA por ser «responsable de la salvaguarda de la independencia nacional» y de la «defensa nacional de la soberanía, la unidad y la integridad territorial». Ghanem considera que el general Ahmad Gaïd ­Salah, viceministro de Defensa y desde abril al mando de los servicios secretos, podría ser sacrificado «para que los militares no paguen el precio de su impopularidad». A finales de septiembre, Gaïd Salah aseguró que el Ejército «no tiene candidato», que «la gente lo elegirá en las urnas, en un proceso transparente» y acusó a los que digan lo contrario de «difundir propaganda».

Cuatro exministros en liza

De los originales 23 candidatos que se presentaron a las elecciones, el Consejo Constitucional eligió a cinco que cumplían con el requisito de haber reunido un aval de 50.000 firmas de ciudadanos de todo el país.

Ali Benflis, ex primer ministro y antiguo ministro de Justica; Abdelmadjid Tebboune, ex primer ministro; Azzedine Mihoubi, actual ministro de Cultura; y Abdelkader Bengrina, exministro de Turismo, son caras conocidas –y algunas muy cuestionadas– por la población, que venció el miedo a la represión y las secuelas de la guerra civil de los años 90 –que se saldó con más de 150.000 muertos– y tomó las calles en febrero. El quinto candidato es Abdelaziz Belaïd, ­exdiputado del Frente de Liberación Nacional (FLN) y presidente del partido Frente El Mostakbal, una pequeña formación que se considera cercana al poder y que en 2014 consiguió un puesto en el Consejo de la Nación. Belaïd concurrió a las últimas elecciones presidenciales quedando tercero y acusando a Buteflika de fraude al ser elegido con más del 80 % de los sufragios.

A finales de septiembre, 110 municipios anunciaron que boicotearán la votación: muchos de los alcaldes de las regiones de Bejaïa y Tizi Ouzou confirmaron que no participarán y se unieron al llamamiento de anulación, que fue consolidándose con la dimisión de varios miembros de la Comisión Electoral de esas mismas regiones. En octubre, el activista y periodista Saïd Boudour, arrestado en Orán «por incitación al boicot», fue puesto en libertad a la espera de juicio, y varias personalidades de la política y la cultura pidieron que se haga «una nueva lectura de la realidad», que incluya una apertura democrática real y la dimisión de mandatarios del antiguo régimen, para que las elecciones se celebren tras un diálogo real.

Los partidos islamistas se unen al rechazo de las elecciones de diciembre alegando que en lugar de primar la unidad nacional, se defienden los intereses propios, aunque siguen manteniendo un perfil bajo en las movilizaciones por el rechazo espontáneo de la calle.
El desempleo, la corrupción y el desfase generacional con la élite que domina el país son las principales preocupaciones de un hirak que «cuestiona de forma pacífica el ejercicio del poder opaco», como apunta Miguel Hernando de Larramendi, doctor en Estudios Árabes e Islámicos y coautor de Argelia. En transición hacia una segunda república. El hirak, al no haber llegado a transformarse en una plataforma política, «tendrá dificultades en una posible interlocución con el sistema», según Hernando de Larramendi.