Sin miedo a Kagamé

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La oposición ruandesa se reivindica en un escenario político complicado 


«El régimen es débil», afirman sin fisuras desde la oposición no autorizada, convencidos de que si la comunidad internacional dejase de apoyarlo caería en un mes. Y apuntan que Kagamé se ha asegurado de que su ausencia signifique el caos en el país.



Lo han intentado todo, pero saben que no me podrán callar, que solo lo conseguirán si me detienen o me matan», sentencia Victoire Ingabire, expresidenta de las Fuerzas Democráticas Unidas –UDF, por sus siglas en inglés, es una coalición de grupos de oposición al régimen ruandés en el exilio– y actual líder del partido Desarrollo y Libertad para Todos. El nombre por el que se conoce a la formación, DALFA-Umurinzi, mezcla el acrónimo en inglés con el concepto en kinyaruanda que hace alusión al «guardián del patrimonio común». Sin dudarlo, desde su casa señala desafiante con el dedo a un edificio blanco desde el que, asegura, agentes de inteligencia la vigilan y registran sus movimientos las 24 horas del día. Con una determinación similar, Bernard Ntaganda, fundador y presidente del Partido Social Imberakiri (que significa «partidario de la verdad» en el idioma nacional), afirma: «No voy a dejar de levantar mi voz. No tengo miedo de que me maten. A veces, de noche, no confío en estar vivo por la mañana, pero voy a seguir adelante».

Ingabire y Ntaganda nos reciben en sus casas y, aunque atentos, se dejan ver incluso en la calle, comprobando que la presión y el control sobre sus vidas no han variado, que no hay ningún elemento que les haga mantenerse especialmente alertas. Ambos han entregado su vida, personal y profesional, a una misma causa: «La instauración de un sistema justo, libre y democrático en Ruanda». Para lograrlo, trabajan desde una clandestinidad consentida, pendientes del fino hilo que mantienen las autoridades ruandesas para mostrar a la comunidad internacional que las voces contrarias al régimen no son silenciadas, que existe una apertura. Ambas partes, la oposición en el interior –apoyada por la del exilio– y el régimen ruandés, mantienen un arriesgado juego de poder en el que la comunidad internacional y la diplomacia representan  un papel protagonista. Todos tienen mucho que perder.

DALFA-Umurinzi y el Partido Social Imberakiri no han recibido el beneplácito de las autoridades para registrarse y concurrir a las elecciones. Sus líderes, Ingabire y Ntaganda, que pasaron encarcelados ocho y cuatro años, respectivamente, siguen inhabilitados para presentar su candidatura a las presidenciales de 2024. Aún así, este último anunció en octubre que será candidato. Ingabire ha decidido no hacer públicas sus intenciones hasta que el Ejecutivo de Kagamé no reconozca la decisión de la Corte Africana de Derechos Humanos que rechazó su condena a 15 años de cárcel por «incitar a la revolución contra el Gobierno, formar grupos armados para desestabilizar el país y minimizar el genocidio de 1994». Su familia, a la que no ve desde hace más de una década, se exilió en Países Bajos antes de su condena. La sentencia insistía en su teoría del doble genocidio y en sus alusiones a la muertes de ciudadanos hutus. 


Bernard Ntaganda con una fotografía de su madre, a la que tuvo que esconder durante el genocidio. En la imagen superior, Victoire Ingabire, líder del partido Desarrollo y Libertad para Todos, en su casa de Kigali. Fotografías: Carla Fibla García-Sala


Los derechos de los ruandeses

«Mi fuerza está en el amor por mi país. Cuando veo el sufrimiento de mi pueblo pienso que hay que luchar, que el pueblo no debe pelear solo, que necesita un líder. En Ruanda hay pobreza. Ha habido algunos avances, pero queda mucho por hacer. El desarrollo comienza en el individuo, y la mayoría de los ruandeses viven en una pobreza extrema y humillante, tienen dificultades para alimentarse a diario, pagar la matrícula de la escuela de sus hijos o acceder a la sanidad. El desarrollo en Ruanda son casas bonitas y buenas carreteras, pero la gente vive en la pobreza», analiza Ingabire, que recuerda que el 64 % de la población son jóvenes sin esperanza en el futuro. Sobre la reconciliación entre hutus y tutsis también es categórica: «Hasta hoy, después de todo lo vivido en este país, no hemos alcanzado la verdadera reconciliación de forma efectiva. Y si no prestamos atención a los problemas actuales, es posible que veamos a la sociedad ruandesa explotar de nuevo. No se respetan los derechos humanos y la gente desaparece, es asesinada, sin que haya un seguimiento propio de un Estado de derecho, en el que la vida de un ser humano es respetada».

El miedo lo invade todo. No se puede hablar con libertad –más de 3.500 activistas, periodistas y políticos en Ruanda y el extranjero tienen sus teléfonos intervenidos y son espiados con el programa Pegasus, según Amnistía Internacional y el portal Forbidden Stories–, ni decir lo que se piensa por la desconfianza que existe sobre los que te escuchan, por si acabas siendo denunciado. «Existe una falta de confianza entre los ruandeses que hay que restablecer, para devolverles la esperanza. En la actualidad, la cifra de suicidios es enorme. Hemos vivido una historia oscura y sangrienta. Cada ruandés tiene una herida, y no todo el mundo puede referirse a ello. No podemos curarnos sin hablar de esas heridas», apunta Ingabire, que añade que «mientras no se hable de ellas, ni se permita a sus víctimas hacerlo, tendremos dificultades. Hay muchas familias que no saben dónde están los cuerpos de sus seres queridos y no pueden decirlo abiertamente». 

En cambio, cuando las familias se juntan sí hablan de los beneficios de los niños tutsis en la escuela (reciben becas), y de la discriminación que sufren los hutus por ser descendientes de los que cometieron el genocidio de 1994. Por este motivo, Ingabire incide en que «el problema no es que haya hutus y tutsis, sino la gestión del poder, cómo establecer instituciones que garanticen la seguridad a todas las capas de la sociedad ruandesa. Cada uno sabe dónde nació, a qué familia pertenece, nos conocemos, no necesito preguntártelo… El Frente Patriótico Ruandés (FPR, por sus siglas en francés) dice que son los blancos los que nos trajeron los problemas de identidad, diferenciando entre hutus y tutsis, pero las palabras hutu o tutsi no son francesas ni inglesas, sino ruandesas, y existían antes de la llegada de los colonos. Necesitamos un sistema de gobernanza en el que toda la sociedad se sienta segura, no se debe impedir que la gente hable. Si yo me siento hutu o tú te sientes tutsi, no hay problema. Pero nos respetamos y tenemos leyes que nos protegen».


Paul Kagamé, presidente de Ruanda. Fotografía: Boniface Muthoni / GETTY


La comunidad internacional y el control estatal

Para aplicar ese planteamiento, la oposición no reconocida se dirige a la comunidad internacional. El 70 % del presupuesto ruandés proviene de la ayuda exterior, de países que podrían presionar al régimen para que abra el diálogo nacional que plantea la oposición. «En el relato de nuestra historia parece como si lo anterior a 1994 no hubiese existido, como si Ruanda hubiera nacido en 1994. Los ruandeses debemos ponernos de acuerdo sobre nuestra historia. Debemos establecer una Comisión de Reconciliación, Verdad y Justicia como en Sudáfrica, porque aquí siempre se ha accedido al poder a través de la violencia, de asesinatos, refugiados… La historia que se repite de generación a generación. Hay que apostar por una justicia reconciliadora más que penalizadora, sin cultivar la venganza ni el odio», explica la opositora.

Ingabire y Ntaganda describen como una «manipulación» la imposición de convivir en las llamadas «aldeas de la reconciliación», viviendas cuya propiedad se alterna entre ciudadanos tutsis y hutus y que el Gobierno ha puesto en marcha en varios puntos del país. Aseguran que el perdón tiene que salir del corazón. «No puedo asimilar todo ese sufrimiento que he vivido como tutsi perseguida, pasando noches en el bosque… Necesito tiempo para comprender, aceptar y decidir si quiero hablar con el hutu que me causó ese dolor», apunta Ingabire.

La estrategia de la oposición no reconocida por el Ejecutivo pasa por evitar una confrontación directa con la Oficina de Investigación Ruandesa, encargada de recopilar la información que se convierte en la base de acusaciones de amenaza y desestabilización para la seguridad del Estado que pueden recaer sobre ellos. Este organismo oficial impide a Ingabire y Ntaganda reunirse públicamente con miembros de la sociedad civil. «Lo hacemos de forma clandestina. Desde 2020 no es en lugares públicos, nos reunimos en las casas. Aviso de mi llegada, invitan a gente para escucharme y debatir, ponemos una tarta en el centro y, si llega la policía, nos ponemos a cantar el cumpleaños feliz».

Entre los ejemplos que la oposición da para argumentar la debilidad del actual régimen, están las manifestaciones de rechazo a la autoridad que se están grabando y circulan en las redes sociales, las protestas de ciudadanos humildes que se niegan a aceptar el asesinato de un ciudadano que murió al ser golpeado, o que se oponen a la expropiación de sus viviendas para construir casas de lujo para la élite. «La población empieza a darse cuenta de que aunque el Gobierno les dice que hacen algo por su bien, están trabajando para ellos mismos. Se destruyen las chabolas sin tener en cuenta que hay una ley sobre la expropiación o les imponen lo que tienen que cultivar en sus campos», explica Ingabire. 


Frank Habiniza, presidente del DGRP. Fotografía: África González / MN


Oposición oficial

«En Ruanda no hay democracia, el Partido Verde Democrático de Ruanda (DGRP, por sus siglas en inglés) no es oposición porque cuando plantean el diálogo nacional reciben presiones del Gobierno, piden perdón y se retiran. Incluso en los medios se burlan de ellos porque el diálogo está en su programa», señala Ingabire, aunque reconoce que su labor en el Parlamento es compleja y deben mantener un equilibrio que les lleva a renunciar a demasiadas cosas.

Frank Habiniza es el presidente del DGRP. Aunque la formación se registró hace más de una década, no pudo presentarse a las elecciones hasta 2017. Con un 5 % de los votos, obtuvo dos escaños en el Parlamento y se convirtió en el primer partido de oposición al régimen en 24 años. En 2020 entraron en el Senado con un asiento más. «Somos el principal partido de la oposición porque somos los únicos registrados y oficiales. Cuando formas parte de la oposición no registrada eres libre de decir lo que quieras, las leyes no te conciernen tanto, y actúas como un activista, pero al estar registrado lo haces como un político y tu voz es importante porque el Gobierno la escucha y puede implementarla. Al entrar en el Parlamento eres parte del Estado», explica Habiniza mientras bebe un té con base de leche y un toque picante. 

A punto de acabar su primera legislatura, hace un balance duro por las críticas que han recibido tanto por parte del régimen como de los opositores en el exilio. Asegura que no han dejado de dar soluciones y plantear los problemas de la sociedad ruandesa, y defiende el manifiesto con el que se presentarán a las legislativas de este año y las presidenciales de 2024. Sobre el diálogo nacional, lo defienden pero no lo imponen: «Está en nuestro manifiesto, queremos paz y seguridad sostenible en Ruanda. El Gobierno tiene que hablar con los que no están de acuerdo con él, excepto con los que cometieron el genocidio», explica para justificar la postura del DGRP, que ha sido tachada por otros partidos con representación parlamentaria de «terrorista, progenocida y de combatir al Gobierno». El punto de inflexión que defienden es que hay millones de ruandeses viviendo en el exilio y no todos participaron en el genocidio, «les han invitado a volver pero no regresan, y es -importante saber qué les impide hacerlo. Esa gente sigue teniendo miedo a volver». Habiniza señala que su libertad tiene «límites respecto a seguridad y asuntos exteriores, y el genocidio es una línea roja absoluta. Si cuestionas o minimizas el genocidio la ley cae sobre ti». 

Ruanda es el país con mayor densidad de población del África continental, con 503 habitantes por kilómetro cuadrado, solo el 48 % de su tierra es cultivable y el paro supera el 20 %, datos que Habiniza apunta para centrar el trabajo de su partido en la economía. «Más del 30 % de la población vive con menos de un dólar al día, no hay empresas ni industria, y la agricultura es la principal fuente de ingresos pero depende de la lluvia porque no se ha invertido en regadío». 

El presidente del DGRP asegura que Ruanda está «en proceso hacia un sistema democrático», anteponiendo la estabilidad y la seguridad al ejercicio de la libertades. Y sobre la campaña estatal «Ndi Umunyarwanda» (Yo soy ruandés) considera que «el concepto es bueno porque no podemos promocionar nada que no sea unificar», e invita a los partidos de Ingabire y Ntaganda a que «sigan las normas para poder registrarse, porque si trabajas con grupos rebeldes no te permitirán presentarte a las elecciones».


El entonces Príncipe de Gales durante la apertura de la reunión de la Commonwealth celebrada en Kigali el pasado 24 de junio. Fotografía: Dan Kitwood / Getty


Kagamé o el caos

«No hay realmente un régimen, sino que están Kagamé y el sistema. Ha creado una situación para que cuando no esté sea el caos. Entre los militares que vinieron de Uganda y Burundi, que tuvieron sus desavenencias, la forma de evitar que haya un golpe de Estado contra él es que, si eres un general, haya un sargento que te controle e informe de lo que haces; y tú estás obligado a respetar a ese pequeño sargento para que no pase un mal informe sobre ti. Es la vigilancia sobre la vigilancia. Los oficiales no pueden visitarme por miedo a esos informes. También tienen prohibido encontrarse entre ellos, algo que se estableció en la rebelión –se refieren con este término a la entrada de las tropas de Kagamé en Kigali en 1994– y que continúa hoy», apunta Ingabire, para quien es fundamental «encontrar a alguien que puede unir a los militares sin que haya venganzas entre ellos, y que eso acabe llegando a los civiles».

Ntaganda protegió a su madre tutsi durante el genocidio. La escondió junto a otros compatriotas de la misma etnia. De padre hutu, pasó encarcelado varios años. «El régimen no acepta que haya un espacio político abierto. Soy un líder franco, no diplomático. La comunidad internacional tiene gran parte de responsabilidad sobre lo que está pasando en Ruanda porque sin el apoyo exterior Kagamé y su Gobierno no aguantarían ni un mes», asegura tras recordar que fue detenido de nuevo en 2010, acusado de manifestación ilegal, difundir rumores, amenazar la seguridad nacional y promover el divisionismo.

«En Ruanda tenemos un régimen dictatorial y si aquí hay un problema os llegará a Europa porque todo está vinculado. Sabemos que Ruanda apoya al M23 en República Democrática de Congo, y Ruanda recibe financiación de países europeos –Gran Bretaña, Francia, Alemania–. Los europeos nos enseñasteis que sois países modernos, con valores. Es lo que decís en publico, y luego flirteáis con regímenes dictatoriales como el ruandés. Es hipócrita», añade Ntaganda.

 

La solución 

«Hay cuatro opciones: el diálogo,  elecciones transparentes y libres, una revolución popular o un golpe de Estado. El régimen debe elegir porque ese momento va a llegar. Están pasando cosas, como los vídeos en los que se ve cómo la policía dispara sobre la población y la gente responde tirándoles piedras, diciendo que no tienen miedo a morir».

Ingabire trabaja en la sombra mientras espera su momento, y dice que «cuando caiga Kagamé, la gestión de los militares será lo más complejo», por lo que los servicios de seguridad deben estar convencidos de la necesidad de un cambio de régimen. Mientras que los civiles, asegura, esperan una señal suya para respaldarla en la calle y acompañarla en su lucha. 

Sin pasaporte y teniendo que presentarse una vez al mes ante el procurador, Ingabire vive en la inseguridad absoluta, consciente de que en cualquier momento la pueden detener, secuestrar o matar. Mientras, su partido trabaja en la clandestinidad, siguiendo su programa, movilizando a la población. «Me tienen miedo. Si les dijera que quiero reunirme con mi familia y que dejo la política, no me dejarían irme porque aquí me pueden controlar. Ocho miembros de mi partido han sido detenidos para intentar debilitarme y dejarme sola, pero no lo estoy».

2021 fue un año complejo para la oposición ruandesa. Según denuncian Ingabire y Ntaganda, «todos los periodistas independientes fueron encarcelados y el régimen creó su red de comunicadores para hacer críticas que ellos controlan, para que las embajadas digan que existe libertad de expresión». «El régimen ruandés es peor que el de Corea del Norte, más peligroso. El control económico –el 19 % del presupuesto está en manos del FPR–, político, social y psicológico es absoluto», añade Ntaganda. El político vive con su sobrina por temor a que le envenenen, una de sus hijas ha tenido que exiliarse al rechazar su matrícula en seis escuelas porque su padre es «un enemigo de Ruanda», y ha tenido que ocultar la identidad de su hija pequeña para que no corra la misma suerte.

Ntaganda describe Ruanda como «una fosa común con flores en la que la gente no tiene qué comer» y considera que hay que «limpiar la escena política» para poder implementar cambios sociales. Partidario de las cuotas basadas en porcentajes por etnia para el reparto del poder entre hutus y tutsis, como han hecho en Burundi o Tanzania, expresa que «solo en lo que concierne a la seguridad, el equilibro debe ser del 50 %, porque cada ruandés debe sentirse seguro».  


  • John Williams Ntwali, un veterano periodista ruandés, muy activo en la defensa de los derechos humanos a través de su canal de Youtube Pax Tv Ireme News, apareció muerto el pasado 19 de enero en la morgue del hospital King Faisal de Kigali, después de que sus familiares y amigos llevaran dos días buscándole. La Policía Nacional de Ruanda aseguró que falleció en un accidente de mototaxi en el que el conductor resultó herido pero sobrevivió. En cambio, desde el periódico independiente The Chronicles –del que Ntwali era editor– se aseguró que «las circunstancias de su muerte aún no se han esclarecido». Conocido por sus trabajos de investigación sobre la desaparición de miembros de la oposición o el desalojo de personas de barrios marginales, Ntwali había recibido amenazas de muerte y el equipo de MUNDO NEGRO que viajó a Ruanda en octubre pudo comprobar que era consciente de riesgo que corría al criticar la gestión del Gobierno de Kagamé.


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