Tormenta fiscal
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El mandato del presidente de Kenia, William Ruto, empezó bien. Su toma de posesión generó esperanza entre la mayoría de la gente. Sin embargo, las cosas se están poniendo difíciles ya que se enfrenta a la ardua tarea de enderezar la economía del país con medidas fiscales impopulares.
Ruto ganó las elecciones de 2022 con una narrativa clara: dijo que las elecciones eran para la gente corriente y no para los políticos, y prometió para los primeros una vida nueva y mejor mediante la creación de empleo.
Apenas un año después, la hoja de ruta del presidente es objeto de intensas críticas. La coalición opositora Azimio la Umoja, liderada por Raila Odinga, cuestiona la capacidad de Ruto para lograr que la economía mejore y beneficie al conjunto de la población.
No cabe duda de que la economía mundial después de la pandemia atraviesa dificultades, y las finanzas kenianas no son ajenas a ellas. El Gobierno de Ruto cree que la reducción de la deuda externa y el aumento de los impuestos previsto para 2023 son la panacea.
Una de las propuestas más debatidas prevé incrementar el IVA del petróleo del 8 % al 16 %. Si se aprueba esta medida, tendrá un efecto dominó y los precios de los productos básicos y los servicios aumentarán en un momento en el que la gente ya está lamentando los precios actuales. ¿Cómo reaccionará la sociedad si se aprueba?
La medida más controvertida prevé que los asalariados y empresarios paguen un impuesto de vivienda. En su formulación actual, esta tasa es obligatoria, pero el Gobierno le ha puesto un carga moral al señalar que los ricos deben ayudar a los pobres a construir sus casas. También argumenta que, además de crear puestos de trabajo en el sector manufacturero, mejorará la vida de los habitantes de los barrios marginales.
En el momento de redactar este texto, el proyecto de ley de presupuestos 2023 ha pasado por la fase de participación pública y se han presentado enmiendas al Comité de Finanzas y Planificación de la Asamblea Nacional. La siguiente fase será la votación en la Asamblea Nacional y, por último, la aprobación del proyecto por el presidente. Al tener mayoría parlamentaria, lo más probable es que la ley se apruebe. La mayoría de la gente cree que el proyecto debe ser enmendado. Como era de esperar, Azimio la Umoja se ha opuesto al proyecto de ley. Piensa que los kenianos ya tienen demasiados impuestos y ha amenazado con movilizar a la gente para que proteste en caso de que el proyecto salga adelante.
La situación de Kenia es un reflejo de lo que ocurre en la mayoría de los países africanos. ¿Por qué se negaría la sociedad a pagar una tasa que promete una vivienda digna? Creo que la gente no se resiste a los impuestos per se, sino que desconfía de los proyectos gubernamentales por lo que ha ocurrido en el pasado. Con frecuencia, las iniciativas financiadas con fondos públicos apestan a corrupción y, lamentablemente, no hay detenciones. Los informes anticorrupción sobre fondos públicos saqueados acumulan polvo en los escritorios de quienes deben tomar medidas. Los culpables quedan impunes y viven en la opulencia.
Aunque los gobiernos de muchos países africanos recaudan impuestos para saneamiento, carreteras o sanidad, la prestación de estos servicios suele ser irregular o inexistente. El agua corriente en la mayoría de las casas es un sueño, las carreteras están llenas de baches y los hospitales públicos carecen de medicamentos básicos. Es esta realidad la que hace que la gente se oponga a una mayor carga impositiva.
Los gobiernos tienen la responsabilidad de combatir la corrupción y rendir cuentas de los fondos públicos. Si la gente ve que se hace buen uso de su dinero, estará más que dispuesta a pagar impuestos.
En la imagen superior, un manifestante protestaba el pasado 12 de julio en Nairobi (Kenia) por la subida de impuestos. Fotografía: Gerald Anderson /Getty
