Tras los pasos del vecino magrebí

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El discurso xenófobo del presidente desata el racismo en Túnez


No fue una cuestión de números –20.000 migrantes subsaharianos, según cifras oficiales– sino una salida de tono de Kais Saied con la que Túnez impone una política migratoria, financiada por la UE, que antepone la seguridad a los derechos humanos. Marruecos, convertido en gendarme de la UE desde hace 20 años, avala un modus operandi que Italia ya ha comprado. 



En un lustro, la ciudad de Sfax –situada 300 kilómetros al sur de la capital tunecina– ha pasado de tener cerca de 1.000 (estudiantes incluidos) a 8.000 migrantes subsaharianos. Una cifra que desde finales de febrero –cuando el presidente Kais Saied aseguró ante el Consejo de Seguridad Nacional que existía un «plan criminal» para cambiar «la composición demográfica de Túnez»– no ha dejado de menguar.

«El bum migratorio se produjo después de la COVID-19 porque la gente vino para trabajar y la ciudad se metamorfoseó. La dinámica local es anterior al discurso del presidente, había una presencia importante de mujeres que vendían cosas en la medina, y esa presencia se tomó como argumento xenófobo por parte de los grupos fascistas o radicales que decían que [los migrantes] eran muchos. Lanzaron la idea de que había más de un millón, algo completamente falso. Luego llegaron el aumento progresivo del odio en redes sociales y el discurso del presidente, y entre el 25 de febrero y el 10 de marzo se multiplicaron las agresiones por la calle, las expulsiones de los inquilinos y los despidos», explica Franck Yotedje, director de la organización Afrique Intelligence. Yotedje coordina también en Sfax el número de emergencia que la sociedad civil tunecina habilitó pocas horas después del discurso de Saied para atender a las personas migrantes que estaban siendo agredidas. Solo en esta localidad prestaron asistencia (sanitaria, legal y de alojamiento) a más de 1.000 personas y se coordinaron con las embajadas para facilitar el retorno voluntario de otros 2.000 migrantes de Malí, Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Camerún y Níger. «Se multiplicaron las salidas por el mar, Lampedusa –a 180 kilómetros de Sfax– se saturó y hubo muchos muertos en los naufragios: el mar devolvió más de 60 en una semana», añade.

A esta situación de tensión, nueva en el país magrebí, siguió una calma relativa impuesta por el mes de Ramadán, en el que el país cambia de horario –al privarse de comer y beber hasta que desaparece el sol– y la población adopta una actitud más sosegada y caritativa. «Los migrantes estaban traumatizados y no querían salir de casa, los heridos se negaban a acudir al hospital por miedo a ser atacados y los estudiantes abandonaron sus cursos», confirma Yotedje.

Franck Yotedje, director de Afrique Intelligence. Fotografía: Carla Fibla García-Sala



El aumento del «sentimiento nacionalista y patriótico» por parte de la figura política más importante del país desató un odio que parecía reprimido. La comunicadora y activista Ghofrane Binous, que en 2021 intentó dar el salto a la política, pertenece al 15 % de población tunecina negra y también sufrió la ola racista. «No estamos acostumbrados a ver a una persona negra que haga política, hable de economía, de lo social, que ofrezca su opinión y analice lo que pasa en Túnez… A los tunecinos les sorprende que una mujer negra en la televisión hable de tabús. Somos un país que normaliza y acepta el paternalismo, que busca víctimas y no a gente que triunfa, piensa libremente y dice las cosas como son».

Binous asegura haber sido la primera que dijo públicamente que «el presidente es un fascista, un racista» y que confundiría a los negros tunecinos con los subsaharianos. «Empecé a hacer campaña contra el presidente y a tener problemas, a recibir amenazas… Había páginas de Internet en las que pedían al presidente que me expulsara junto a los subsaharianos… En la radio hice lo que pude y en casa creció el sentimiento de miedo. Busqué un abogado y denuncié», explica pocos días después de haber cogido una baja laboral voluntaria para tomar la decisión de seguir combatiendo a los racistas o dejar el país. 



Racismo institucional

«Fue el discurso y la reacción de la gente, el hecho de asumir que somos un país racista. Hace años que decimos que existe una discriminación sistemática por parte del Estado. Saied ha dicho que no es racista, que tiene a una familiar casada con un subsahariano… Es absurdo, ridículo, debería haberse referido a los negros tunecinos y decir que cómo va a ser racista si una parte de la población del país es negra. Pero su problema es que no reconoce que hay negros en Túnez, él cree que no somos como ellos», concluye Binous.

La burocracia administrativa permite que personas que entran de forma legal en el país superen el plazo de la estancia turística –tres meses– y se conviertan en migrantes en situación irregular. Esta situación es habitual tanto entre estudiantes subsaharianos que reciben la renovación de su permiso de residencia a pocos meses de que caduque, como entre trabajadores europeos que tienen la facilidad de hacer una pequeña escapada fuera del país para poner el «contador a cero» de su estancia en el país. Todos ellos deben pagar una tasa de 20 dinares (cerca de seis euros) por día en situación irregular al abandonar Túnez. «Un número importante de los migrantes en el país está en situación irregular, lo que genera un punto de conexión con el aumento de la precariedad. Desde una perspectiva socioeconómica está la narrativa negativa de muertes, naufragios, la necesidad de la asistencia de organizaciones internacionales, del migrante asistido… Pero el deber del Estado es ocuparse de ellos. Y luego está la narrativa del miedo, del indigente, una imagen que aterroriza a la población y que hace que al migrante se le vea más como una carga que como una oportunidad. Pero los migrantes trabajan para el desarrollo local, en las industrias, tienen un valor», apunta Yotedje destacando sectores como la hostelería, el servicio doméstico, el cuidado de personas mayores y niños o la construcción, que han sufrido un parón importante desde que en marzo miles de ellos decidieron abandonar el país.


Africanos detectados por la Guardia Costera Tunecina cuando intentaban alcanzar Europa. Fotografía: Hasan Mrad / Getty



«El contexto ha sido el catalizador del discurso, la situación socioeconómica, la crisis… La población tunecina ha llegado a un estado en el que todo lo que quiere es aumentar su nivel de vida, su poder adquisitivo. La población ha dado un cheque en blanco al presidente a cambio de que mantenga la estabilidad económica sin importarle la imagen o las relaciones diplomáticas. Muchas personas se dejaron embaucar y luego se dieron cuenta de que no se puede justificar que, a pesar de sufrir y no estar bien económicamente, se comporten así con los extranjeros o se caiga en un discurso populista en el que los migrantes son los responsables de la situación del país».


¿Fin de la excepción?

Entre la situación en Libia –-frontera sureste– en relación al flujo migratorio, que ha llegado a ser calificada como de esclavitud por la venta de personas retenidas por traficantes y grupos radicales, y la represión policial de Argelia –al oeste–, Túnez era hasta el discurso de Saied y las olas xenófobas de marzo y julio de este año un país moderado en el que se podía trabajar para ahorrar y continuar el proyecto migratorio. Yotedje está «inquieto respecto al futuro. Administrativamente, las cosas van de mal en peor, consideran irregulares a estudiantes, trabajadores que no tienen la residencia porque dan la provisional –“La mía está caducada desde febrero”, enfatiza–, y la definitiva hay que renovarla cada año. En el banco no podemos hacer nada con la residencia provisional, y para alquilar una casa también piden la definitiva. Los estudiantes no pueden recibir dinero con el pasaporte. Hemos retrocedido y la gente está desesperada, entre la psicosis y el miedo».

Varias organizaciones consultadas en la capital tunecina y en Sfax -señalan que existe un vínculo directo entre la migración, la trata o tráfico de personas y la discriminación racial, algo que le ocurre tanto al que entra de forma regular por el aeropuerto, la mayoría, como al que lo hace clandestinamente por la frontera terrestre. Los estudiantes subsaharianos pagan diez veces más que los tunecinos por estudiar en la universidad pública y peligra la existencia de centros privados de enseñanza que solo acogían a alumnos con recursos procedentes de otros países africanos. «Los estudiantes se han trasladado a Marruecos o Turquía, y los que tienen más medios lo hacen a Canadá», concluye Yotedje.


La comunicadora y activista tunecina Ghofrane Binous. Fotografía: Carla Fibla García-Sala



Baraa Bahri trabaja en We Youth, una organización que en 2013 organizó un primer club de debate para que los jóvenes aprendieran a argumentar y se involucrasen en la vida pública. Una década después, con presencia en todo el país y más de 70 miembros, forma parte de un movimiento civil reivindicativo ante injusticias como las que están sufriendo las personas migrantes en Túnez. «Creemos que los jóvenes podemos provocar el cambio porque somos el futuro del país, pero para lograrlo necesitamos acceder todos a las mismas oportunidades», explica Bahri en un perfecto inglés, lejos del colonialismo lingüístico francés.

Durante la ola xenófoba de marzo, We Youth participó en la protección y reparto de productos básicos para los que estaban siendo perseguidos por su color de piel. «Movilizamos a los jóvenes para ayudar, como en una emergencia, a los subsaharianos en los momentos de mayor tensión», añade Bahri, portavoz de los que en la revolución de 2011 eran adolescentes y para los que el autoritarismo de Ben Ali queda muy lejos. 

Malik Kadi, periodista y miembro de la Instancia de Lucha contra la Trata de Personas, cree que a pesar de que hay casi un millón de desempleados en el país, la mano de obra extranjera es necesaria. «El problema es que hay migrantes que vienen desde Costa de Marfil –los nacionales de este país no necesitan visado y pueden estar en Túnez como los europeos–. Es una ruta migratoria conocida por los traficantes, por lo que caen en una situación precaria, irregular, exponiéndose a la explotación. Es fácil encontrarlos como camareros en restaurantes y cafés, limpiando en las casas o en empresas en las que carecen de contrato. La migración irregular abre la puerta a otros crímenes, como la venta de hijos autorizada por padres migrantes para superar algún momento crítico. Hay que hacer sonar la alarma», argumenta al recordar que no hay una ley de migración, refugio y asilo en el país. «Túnez ya es un agente de policía de la UE, para Italia en concreto», concluye.

El Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales realiza un trabajo minucioso a partir de varias fuentes oficiales para que quede constancia de la situación migratoria del país. Son contundentes en la denuncia de los efectos del giro racista en su territorio y plantean las consecuencias socioeconómicas del mismo. En los seis primeros meses de 2023 se han multiplicado por cinco las salidas desde Túnez: 34.761 migrantes –20.000 solo en julio– llegaron a Lampedusa desde el país norteafricano.

Manifestación xenófoba en Sfax. Fotografía: Houssem Zouari / Getty



Italia recibe el 65 % de los migrantes que han cruzado de forma irregular a Europa. Segmentados por su origen, de los que partieron de las costas tunecinas, el 22 % eran de Guinea, el 11 % de Costa de Marfil, el 8 % de Egipto y el 7 % tunecinos.

Durante la primera ola xenófoba, las organizaciones calculan que abandonaron el país casi la mitad de los migrantes que se encontraban en Túnez. La segunda ola, consecuencia de la visita del presidente a principios de julio a Sfax y de la muerte de un joven tunecino en un enfrentamiento, provocó que en los siguientes días más de 1.500 personas fueran abandonadas en las fronteras de Libia y Argelia sin agua ni comida y bajo temperaturas que alcanzaron los 50 grados. Al menos 20 de ellas fallecieron por inanición.

Esta realidad no impidió que una delegación europea compuesta por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y los primeros ministros de Italia y Países Bajos, alcanzasen un acuerdo de «partenariado estratégico» que incluye, entre otros, el pago de 105 millones de euros a Túnez para impulsar la cooperación en el control de los flujos migratorios.



Sueños rotos

Désiré, un joven de 31 años de Costa de Marfil, llegó engañado a Túnez el 14 de junio de 2017. Cayó en una red que le prometió que al llegar al país magrebí le esperaba un contrato para jugar como profesional al fútbol mientras seguía sus estudios de Informática. «Un señor en Túnez me contactó y me hizo creer que era el mánager de un equipo de Sfax. Me envió fotos y una carta de invitación». En sus primeras horas en Túnez hubo detalles que le llamaron la atención, pero siguió confiando hasta que apenas 24 horas después se vio en una gran casa en la que el dueño le explicó cuáles serían sus labores de jardinería, cuidado del perro y mantenimiento. «En marzo fue terrible ver a un ser humano que apuñala a otro, que le quita la vida, las detenciones. Iban puerta por puerta. Si hubiese sido un alcalde el que habló de racismo, pero fue el presidente de la República, y la gente le siguió», explica Désiré, convencido de que se arrepentirán, porque los tunecinos necesitan la mano obrera migrante en su vida cotidiana.   




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