Un régimen agrietado

El terremoto de septiembre confirma la desprotección que sufren los marroquíes

No hay una disidencia oficial ni un movimiento que, desde el exilio, sea capaz de hacer tambalearse a la monarquía alauí. Aún así, Khadija Ryadi, expresidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, explica a MUNDO NEGRO que el mahzen –o entramado del poder– está cada día más lejos de las necesidades del pueblo.

uy cerca de Bab el Had, la puerta principal de la medina de Rabat, el modesto local de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) apenas ha cambiado en las últimas décadas, desde que a finales del siglo pasado el actual monarca, Mohamed VI –hijo de Hasán II, nieto de Mohamed V y padre del que se convertirá en Hasán III– accedió al trono aportando unos aires de supuesto cambio y apertura por los que llegó a ser apodado, durante un breve tiempo, Rey de los Pobres.

Fue una ilusión, una utopía que muchos quisieron creer, un impasse algo desconcertante que se disolvió con rapidez, al imponerse la férrea maquinaria de un entramado del poder conocido como el mahzen, compuesto por consejeros reales, personas de confianza, ministros de soberanía y personalidades influyentes al mando de la seguridad y la economía del país, que velan para que la relación de «deidad» –imposible de cuestionar e intocable– con la que la monarquía marroquí se vincula con la plebe permanezca invariable.

Khadija Ryadi, presidenta de la AMDH entre 2008 y 2014 y una de las militantes de derecho humanos más reconocidas del país, trabajó en la conciencia política de los que, según el régimen, condujeron a la creación del Movimiento 20 de Febrero (en 2011). Esta ha sido la única revuelta que, hasta la fecha, ha cuestionado de forma abierta y multitudinaria al sistema de poder marroquí. Su magnitud hizo que Mohamed VI ordenase un cambio de Constitución y aceptara dejar de nombrar a dedo al primer ministro y, por lo tanto, respetar el resultado de las legislativas.

«Son momentos específicos en los que la presión externa ha hecho que el antiguo rey o el actual cambiasen un poco su política, pero después vuelven a sus costumbres porque la represión y la precariedad están en su ADN, igual que la prevaricación, la corrupción y el robo de riquezas. Es su naturaleza, no pueden vivir sin eso. Nuestro cuerpo político se sostiene sobre la corrupción, lo que implica que no se puede avanzar porque, además, la Justicia se convierte en un instrumento del Estado. No hemos tenido nunca una Justicia independiente, hay algunos jueces que sí lo son, pero el sistema no les permite jugar su papel de magistrados. La Justicia siempre ha sido instrumentalizada por los más fuertes: el Estado, las personas influyentes, los que tienen poder económico, los patronos, los empleadores…, y no hay forma de que se apliquen las leyes, de garantizar derechos básicos. El país está dominado por una minoría de personas con medios enormes que tienen el poder en sus manos y no rinden cuentas a nadie. Pero no son solo ellos los responsables, al otro lado tampoco hay una verdadera oposición que les obligue a rendir cuentas, a ser controlados respecto a la forma en la que se enriquecen». El caso del supuesto lobby que controlaba el precio de los carburantes en el país fue sintomático, explica Ryadi: «Cuando el Consejo de la Competencia hizo su informe, el rey ordenó la retirada de dicho documento y cambió al presidente [del Consejo] para que el lobby no fuera sancionado, no varió la política ni devolvió el dinero robado, que son miles de millones».

El enriquecimiento de los que forman parte del mahzen o se sitúan cerca del régimen se ilustra en los últimos años en figuras como las del multimillonario Aziz Ajnouch, primer ministro desde 2021, que se convirtió en el centro de las críticas por su nula gestión en las zonas más pobres del país, como demostró el devastador terremoto del 8 de septiembre en la zona del Atlas, que se cobró la vida de 2.900 personas (ver MN 695, p. 6). 

La prueba: un terremoto

«La gestión oficial del terremoto fue mediocre, por no calificarla como algo peor que eso. Refleja, una vez más, la incompetencia de nuestros dirigentes, su incapacidad para reaccionar y las medidas que exigían la urgencia de la situación», apunta, categórica, Ryadi. En el otro extremo, califica la respuesta de la sociedad civil como «rápida, eficaz y humana».

El rechazo del régimen -marroquí a la ayuda ofrecida por la ONU o por algunos países, como Francia, al conocerse la catástrofe, también es incomprensible para -Ryadi, quien señala tanto la «hipocresía» [del organismo global y de París], como la «arrogancia y el tono colonial» [del Elíseo], o la «retórica oficial» [de Rabat] al considerar «a todas las partes cómplices durante décadas de las políticas que contribuyeron a la depauperización de la región del siniestro y a mantener a un régimen despótico en el país».

«Cuando se le dé realmente la palabra al pueblo marroquí sabremos lo que opina sobre lo que ocurrió en el terremoto y la situación del país. No hay una nación en el mundo que quiera vivir en la pobreza. ¿Por qué se cree que el pueblo marroquí sí? Ocurre desde esa visión de superioridad y desprecio de un pueblo que ha luchado durante décadas contra un régimen autoritario y represivo que le mantiene en la precariedad y se apropia de sus riquezas. La lucha del pueblo marroquí contra la precariedad y por su dignidad es, en efecto, una batalla contra el –mahzen y contra el imperialismo occidental que lo apoya y se aprovecha de las riquezas del país con su complicidad», añade Ryadi.

De Hasán II a Mohamed VI

«No hay diferencias entre Hasán II y Mohamed VI, aunque quizás sí en las formas, las prioridades y la manera en la que ejecutan la represión. Creo que el actual monarca está más interesado en la acumulación de riqueza. Hasán II tenía una oposición a su poder y se preocupaba por contener la represión para asegurar la continuidad de la monarquía y estaba más presente en el país. Mohamed VI, en cambio, se centra en su vida privada, su riqueza, porque es el servicio de seguridad el que domina y gestiona Marruecos», asegura Ryadi.

Queda lejos ese comienzo de siglo en el que el recién estrenado monarca disfrutó de cierta licencias para demostrar a su pueblo que se preocupaba por el futuro de la plebe. Algo más de 20 años después, el panorama de la prensa marroquí independiente es devastador, tal y como recuerda Ryadi: «Ha sido asesinada porque los periodistas serios, los que investigan y analizan, están en al cárcel, y otros se han exiliado en Europa».

La pírrica manifestación ante el Parlamento marroquí en Rabat para celebrar el aniversario de la revuelta en la que nació el Movimiento 20F, apenas congregó a unas pocas decenas de personas y es la muestra de la represión y la desilusión de una sociedad civil cansada. «Los canales de comunicación con la población han sido bloqueados, es inimaginable ver a alguno de los representantes de las organizaciones que estaban en la manifestación en la televisión. Un militante de la AMDH que trabaja en la televisión nos ha confirmado que existe una lista de las personas a las que está prohibido invitar. Los jóvenes en las redes sociales intentan tomar el relevo, crear una alternativa para reconectar con la población, pero incluso ahí si alguien se atreve a animar a participar en las manifestaciones pacíficas se arriesga a ser perseguido en los tribunales. Es imposible esperar que las personas salgan a la calle para exigir nada porque carecemos de un canal para contactarlas. Por ejemplo, nosotros, como AMDH, no podemos alquilar o reservar una sala pública para hacer una actividad, un debate, para dirigirnos a la gente. Es ilegal lo que llegan a prohibirnos. Pero lo hacen porque nadie les juzga».

La AMDH tiene secciones por todo el territorio y usa Facebook midiendo mucho sus palabras para que no se les vincule con ninguna crítica a la seguridad o al sistema por la que puedan ser detenidos y juzgados. La sección de Nador destaca por su labor de denuncia de la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes que intentan llegar a Europa a través del perímetro fronterizo de Melilla, y han llevado a cabo investigaciones y labores de asistencia humanitaria. «Hay muchas líneas rojas en Marruecos, ya no son solo la monarquía o el Sahara, las nuevas son los servicios secretos y el cuestionamiento de la seguridad frente a derechos básicos de las personas», añade Ryadi y confirma que suelen recibir vídeos de manifestaciones espontáneas «porque la gente está cabreada de ir al mercado y no poder ni comprar un kilo de tomates, porque en los hospitales no tienen medios para atenderlos… Hay gente que ha caminado muchos kilómetros para denunciar que les han quitado sus tierras y justo antes de llegar a la ciudad, les dan una paliza o los detienen». 

Ryadi considera que hay una «efervescencia social» cuya evolución nadie conoce pero que es consecuencia de lo que se logró en las manifestaciones de 2011. «Nadie pensó que fuera a ser posible un movimiento como el 20F, nadie lo predijo y llegó. Es cierto que el contexto regional ayudó, pero no sabemos a dónde llevará la situación de represión actual».

La AMDH –con unos 12.000 miembros y sin ayuda oficial– concentra su trabajo en los derechos económicos, sociales y culturales junto a los sindicatos y otras organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores. Se personan en juicios y trabajan en la defensa de los derechos de migrantes y presos de opinión –«son 20 personas reconocidas por nosotros, porque el régimen asegura que no hay. Entre ellos se encuentran cinco miembros de la AMDH»–. Junto a otras oenegés hacen informes, apoyan a familias e involucran a organismos de la ONU. También colaboran con organizaciones internacionales relacionadas con Marruecos, integradas por marroquíes en la diáspora en Europa y EE. UU., y su red de abogados defiende los derechos de las mujeres y denuncia las violaciones que les llegan.

Acusada de «ensuciar la imagen de Marruecos» con sus informes, la AMDH no ha podido realizar un acto público desde 2014. «Es la venganza del régimen al considerar que el Movimiento 20F fue formado por la AMDH. Contactaron con las familias para decirles que si sus hijos se involucraban con la Asociación serían vetados, no recibirían becas ni podrían acceder a la universidad ni presentarse a oposiciones ni tener un trabajo. Podrían, incluso, acabar en la cárcel. Esa presión sobre las familias recayó después sobre sus hijos, que sintieron miedo por su futuro. Es una verdadera guerra contra la juventud del país».