Una estabilidad inestable (o viceversa)

Dos años del Gobierno de Unidad en Sudán del Sur

El 22 de febrero de 2020, con siete meses de retraso, los eternos rivales Salva Kiir y Riek Machar formaban un Gobierno de unidad nacional que ponía fin a la guerra civil que comenzó en 2013. En dos años se ha avanzado poco hacia una paz duradera.

En la corta historia de Sudán del Sur como nación –obtuvo la independencia por referéndum en julio de 2011– las dificultades no han dejado de crecer: desde la falta de infraestructuras y de tecnócratas que organizaran y desarrollaran los pilares sobre los que debía construirse el nuevo país, a los enfrentamientos interétnicos y las dificultades de acceso a lugares remotos que, con facilidad, han caído en hambrunas o en situaciones extremas por inundaciones.

Apenas dos años después de la euforia desatada al alcanzar la independencia de Sudán, tras un enfrentamiento que duró décadas y que subyugó a los cristianos del sur del país, limitando tanto sus culto como las costumbres de los grupos étnicos, comenzó una guerra que aún no ha sido superada. 

Sobre una población de 11 millones de personas, se estima que 400.000 personas perdieron la vida, cuatro millones se vieron obligados a abandonar sus hogares, 4,5 millones se encuentran en situación de inseguridad alimentaria y 860.000 menores están malnutridos. «El nivel de hambre ha alcanzado su máximo desde que se declaró su independencia en 2011 (…), se enfrenta a una de las mayores crisis alimentarias del mundo, con el 82 % de su población en situación de pobreza extrema y el 60 % haciendo frente a una inseguridad alimentaria crítica. En tres estados del país, 108.000 personas viven en condiciones cercanas a la hambruna», apuntó Oxfam en un informe sobre el efecto de la -covid-19 publicado en julio de 2021.  

Entre agosto de 2015 y septiembre de 2018 los acuerdos de paz se sucedieron sin que las atrocidades dejaran de marcar la cotidianidad de pueblos que eran arrasados en un enfrentamiento desaforado y con una violencia brutal entre dinkas –son casi el 36 % de la población– y -nueres –el 15,6 % de los sursudaneses–, liderados los primeros por el presidente Salva Kiir y los segundos por el vicepresidente Riek Machar. Ambos dirigentes permitieron que el enfrentamiento personal por el poder estuviera por delante del desarrollo y la imprescindible colaboración de todos los grupos étnicos del país para crear un Estado sólido que fuera desprendiéndose paulatinamente de la dependencia de la ayuda exterior que sigue rondando el 80 % de su presupuesto.

Situación invariable

La organización Médicos sin Fronteras (MSF) trabaja desde hace casi 40 años en el territorio. En la actualidad lo hace en seis de los diez estados del país, dando apoyo médico a las comunidades y asistiendo en situaciones de emergencia como las recientes inundaciones sufridas en Bentiu (nordeste del país) que han dejado, al menos, a 152.000 personas sin hogar –en todo el país los damnificados se elevan a 800.000–. «La deplorable situación en el campamento de desplazados internos de Bentiu no es un fenómeno nuevo. Durante años hemos advertido de forma reiterada sobre las condiciones terribles, y de que otras organizaciones y agencias responsables de los servicios de agua y saneamiento en el campamento no hayan aumentado lo suficiente o no se hayan ajustado sus actividades a las necesidades», explicó a finales de noviembre Will Turner, director de operaciones de emergencia de MSF.

Desde Yuba, Kuol Mathew Aluong, jefe de la misión en Sudán del Sur de MSF asegura que «la población desplazada no se siente segura para regresar a sus casas» a pesar de que el actual Gobierno de unidad nacional ha logrado mantener una situación de no conflicto violento durante los últimos dos años. «En general es la misma situación, ha habido pequeños cambios en recursos humanos, pero la estabilidad no supera el 20 %, sobre todo en las zonas remotas del país», añade Aluong tras destacar que la relación con el Ministerio de Sanidad es fluida, lo que les ha permitido crear clínicas móviles y formar a miembros de la comunidad capaces de detectar y tratar enfermedades como la malaria, aunque insiste en la necesidad de descentralizar la atención sanitaria.

¿Un Estado unido?

«La formación de un Gobierno Transitorio Revitalizado de Unidad Nacional (TGoUN) fue un paso adelante importante en el camino hacia una paz sostenible en Sudán del Sur, pero no el último. La seguridad sigue siendo tenue en muchas partes del país», afirmó Oxfam en su análisis de los diez primeros años de independencia del país, haciendo alusión a la escasez de instituciones y mecanismos que a nivel local permitan mejorar la distribución de la imprescindible ayuda humanitaria.

Antes del actual TGoUN, que se ha convertido en el acuerdo de aparente paz más longevo registrado en el país por el momento, la Autoridad Gubernamental para el Desarrollo (IGAD) en África oriental fracasó en varias ocasiones por los apoyos externos a Kiir y Marchar desde Uganda y Sudán, respectivamente. El primer acuerdo, firmado en Adís Abeba, llegó en 2015, pero se frustró cuando Kiir planteó un decreto para que el país pasara de 10 a 28 estados y cuando otros grupos étnicos, como los shilluk, se alzaron contra el Gobierno. Con Kiir en la presidencia y Machar en la vicepresidencia –como candidato del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán-en la Oposición (SPLA-IO, por sus siglas en inglés)–, la fragilidad del pacto hizo que se rompiera pocos meses después, y Machar huyó del país tras acusar a Kiir de intentar asesinarle. En enero de 2017, este último amplió la división del país a 32 estados, mientras Sudán del Sur entraba oficialmente, según la Organización Mundial de la Salud, en una hambruna al sufrir inseguridad alimentaria el 45 % de la población. 

Un año y medio después se firmó el alto el fuego de -Jartum que puso fin a la guerra civil, aunque no llegó a consumarse hasta el 22 de febrero de 2020, con la vuelta al mismo Gobierno con el que comenzó el conflicto interno, es decir, Kiir en la presidencia y Machar en la vicepresidencia.

«La caída de los precios del petróleo –del que depende en casi su totalidad la economía sursudanesa– y las graves acusaciones por corrupción, incluyendo el robo de fondos de Naciones Unidas, suponen un obstáculo para la consolidación de la paz en el país», explica José Ignacio Contreras Valcárcel en un documento de análisis del Instituto de Estudios Estratégicos.

Con el acuerdo de paz actual se volvió a los diez estados originales, dando de nuevo mayor prevalencia a la comunidad dinka. Kiir cedió parte de su poder en altos cargos de la Presidencia y en el Parlamento, pero su poder en el Consejo de Ministros y en los gobiernos estatales ha crecido gracias a las sucesivas divisiones vividas en las filas de la oposición que dirige Machar.

El Acuerdo de Revitalización para Resolver el Conflicto de Sudán del Sur (R-ARCSS, por sus siglas en inglés) apuntó los objetivos prioritarios del nuevo Gobierno de transición: en un período de dos años, el TGoUN debía estabilizar la situación, abrir la vía para que accediera la ayuda humanitaria a todo el país, la vuelta y reasentamiento de las poblaciones desplazadas, implementar una amplia agenda de reformas y preparar al país para unas elecciones. 

Son objetivos, convertidos en buenos propósitos dos años después, que llevan a que nadie se atreva a poner la mano en el fuego por un acuerdo de paz que se ha cumplido más que otros, pero que no ha impedido que se hayan producido ataques esporádicos. Estas acciones diluyen la sensación de seguridad que deberían generar unos líderes que, lejos de esforzarse por recuperar credibilidad, siguen anteponiendo su permanencia en el poder al desarrollo del país. «Hay jugadores en paralelo al proceso de gestión del conflicto. Los garantes internacionales de la paz en Sudán del Sur deben tener en cuenta esta complejidad cuando deciden apoyar al nuevo Gobierno, mantener lazos diplomáticos y diseñar proyectos de estabilización y desarrollo. Traer paz al país requerirá un compromiso que está firmemente arraigado en las realidades cotidianas de la gente de Sudán del Sur», publicó el Instituto de Paz de EE. UU. 

La hoja de ruta para que, una vez controlada la violencia, Sudán del Sur sea capaz de liderar su futuro, pasa por la creación de estructuras de poder compartidas, en las que se mezclen las etnias del país teniendo en cuenta su representación en la población; una gestión transparente del petróleo; luchar contra la corrupción y el acuciante relevo generacional en el liderazgo político.

El antropólogo Jok Madut Jok, -experto en seguridad y gobernanza de Sudán del Sur, apuntaba unos días antes de concluir 2021 en su cuenta de Twitter: «Un consejo gratuito y no solicitado para los sursudaneses: ¡No vinculéis vuestro bienestar a los servicios de seguridad nacional, ni a los líderes tribales que prometen cumplir con sus obligaciones mientras están listos para sacrificar vuestro cuerpo por su victoria, ni a los políticos dispuestos a rendirse mientras solicitan vuestro apoyo!».