Bemba libre y sus víctimas sin reparación

Por: Chema Caballero - 15/06/2018

El exvicepresidente congoleño y líder del Movimiento de Liberación del Congo (MLC), Jean-Pierre Bemba, ha visto revocada su condena por crímenes de guerra y contra la humanidad. La cámara de apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) reunida en La Haya el pasado 8 de junio decidió absolver al expolítico. Queda la incógnita de saber qué sucederá con la compensación que el tribunal había otorgado a las víctimas del MLC.

El 21 de marzo de 2016, la sección tercera de la CPI declaró a Bemba culpable de dos crímenes contra la humanidad (asesinato y violación) y tres crímenes de guerra (asesinato, violación y saqueo). Quedaba probado que estos delitos fueron cometidos en República Centroafricana entre octubre de 2002 y marzo de 2003 por las tropas del MLC comandadas por Bemba y que habían entrado en el país para apoyar al presidente Ange-Félix Patassé, que finalmente fue derrocado. Tres meses después, el 21 de junio, se publicó la sentencia que le condenaba a 18 años de prisión.

Esta sentencia fue muy alabada porque en ella, por primera vez, la CPI se centraba en la violación como arma de guerra. También era la primera vez que una persona era condenada no por crímenes cometidos por ella misma, sino por los individuos que estaban bajo su control.

Durante el primer juicio, los abogados defensores de Bemba insistieron en que él no tenía control sobre los 1.500 soldados del MLC. «No hay una sola prueba documental de las órdenes que Bemba pasaba a sus tropas en República Centroafricana», expuso Kate Gibson en sus conclusiones finales en aquel momento.

Este argumento parece haber calado en la mayoría de los jueces de la sala de apelación ya que en la sentencia, respaldada por tres de los cinco, se afirma que el tribunal de primera instancia «condenó erróneamente a Bemba por actos criminales específicos que estaban fuera del alcance de los hechos probados». La resolución agrega que, como «comandante remoto», Bemba tendría dificultad en conocer qué hacían los miembros de su milicia y, consecuentemente, no podría investigar ni frenar ningún crimen.

Esta decisión no cuestiona que las atrocidades realmente fueron cometidas por una milicia fundada y financiada por Bemba para ayudar a su aliado, el entonces presidente de República Centroafricana.

Esta sentencia ha caído como un cubo de agua fría sobre los fiscales y otros funcionarios judiciales que tanto trabajaron durante 10 años para conseguir la condena de Bemba. De hecho, la fiscal jefe de la CPI ha calificado la absolución de «lamentable y preocupante» y ha señalado que los jueces no habían negado que las tropas de Bemba habían cometido atrocidades «que resultaron en un gran sufrimiento en República Centroafricana».

El voto particular de los dos jueces disidentes explica que los otros tres habrían utilizado estándares incorrectos para la revisión y que sus conclusiones son, por lo tanto, profundamente erróneas.

El pasado martes, Bemba recibía la libertad provisional a la espera de que se celebre el juicio que le aguarda por soborno de testigos durante su propio proceso. Esta medida se ha tomado al comprobar que Bemba ha cumplido ya más del 80% de la posible condena a la que pudiera ser condenado en el nuevo caso.

Estas noticias han sido muy bien recibidas por los familiares y seguidores del político, muchos de los cuales auguran que su retorno al Congo supondrá un gran beneficio para el país, después de llevar ausente desde 2008, cuando fue encarcelado en La Haya.

La decisión de la sala de apelaciones de la CPI es positiva en un aspecto muy importante ya que nos recuerda, una vez más, que la justicia internacional es solo posible si todos los sospechosos reciben un juicio justo garantizado por un sistema judicial independiente e imparcial.

Recuerdo una conversación con Courtenay Griffiths, abogado defensor de Charles Taylor, en enero de 2008 en La Haya, en la que le pregunté qué le llevaba a defender a un criminal de guerra. Él me corrigió insistiendo en que Taylor todavía no estaba condenado y por tanto no se le podía etiquetar por muy negativos que fueran nuestros sentimientos hacia él, ya que por encima de todo estaba la presunción de inocencia. A continuación, me explicó que si no hubiese un abogado defensor el juicio nunca podría ser considerado justo al haber estado el acusado en situación de indefensión. Así que él había asumido ese papel para que se pudiera hacer justicia.

Una vez más podemos decir que se ha hecho justicia, pero esto no deja de ser una mala noticia para muchas personas. Así lo reconoce Amnistía Internacional en un comunicado en el que dice que «la decisión será considerada como un duro golpe para las muchas víctimas de la “guerra contra las mujeres” librada en República Centroafricana a través de una terrorífica campaña de violación y violencia sexual». También afirma que la oficina del fiscal y las autoridades judiciales de República Centroafricana deben aprender de esta decisión y redoblar sus esfuerzos para investigar y enjuiciar a los presuntos autores de crímenes bajo la jurisdicción de la justicia universal, con pleno respeto a su derecho a un juicio justo.

La organización de derechos humanos llama la atención sobre los 5.229 sobrevivientes de las atrocidades del ejército de Bemba que participaron en todo el proceso que llevó a la condena del comandante supremo del MLC, y concluye: «Para estos individuos valientes, así como para miles de otras víctimas en República Centroafricana, la búsqueda de la verdad, la justicia y las reparaciones continuará». En noviembre de 2017, estas personas reclamaron a la CPI reparaciones individuadas. Ahora, con esta nueva decisión queda por ver si las víctimas conocerán la justicia que la primera sentencia parecía otorgarles, tras quince años de espera.

También queda por ver las posibles consecuencias que esta decisión pueda tener al crear jurisprudencia que sería aplicable a otros procesos judiciales. Otros tribunales de la ONU que han juzgado crímenes de guerra se han enfrentado a disputas similares sobre los límites de las responsabilidades de mando de los jefes militares y altos cargos políticos al mando de tropas que comenten violaciones masivas, homicidios y otros delitos. Se podría abrir la puerta a la liberación de criminales de guerra ya condenados, lo que supondría un duro golpe para sus víctimas.