Liberia privatiza la educación

      por Chema Caballero

Hace casi un año que en estas mismas páginas advertíamos de que el fracaso de muchos estados africanos a la hora de proporcionar un sistema educación decente para sus ciudadanos estaba originando el florecimiento de instituciones educativas privadas de bajo coste a lo largo y ancho de todo el continente, incluso en los barrios más marginales que carecen de todo tipo de servicios.

Ahora nos llega la noticia de que la primera mujer elegida como presidenta de un país africano, elogiada por muchos como una gran estadista, la liberiana Ellen Johnson-Sirleaf, ha decidido privatizar toda la educación de su país entregándola a compañías internacionales que hacen negocio con la educación low-cost en países en desarrollo.

En 2013, la mandataria tildó el sistema educativo liberiano de “desastre”, que solo podría ser solucionado revisándolo por completo. Esta afirmación llegó justo después de que ninguno de los 25.000 estudiantes del último curso de secundaria que se habían presentado a la prueba de acceso a la universidad, ese año, hubiera aprobado. Las autoridades universitarias confirmaron tras los exámenes que ni uno solo de los aspirantes había obtenido la nota mínima requerida. Esta noticia ponía de relieve uno de los principales problemas a los que tenía que enfrentarse el país 10 años después del final de la guerra que lo devastó entre 1989 y 2003.

Aquel suspenso masivo, también acontecía pocos meses antes de que, en 2014, la epidemia de ébola cerrase las escuelas durante un curso académico completo. Esta última crisis ha expulsado a muchas niñas de la educación, al quedarse embarazadas o tener que convertirse en cabezas de familia al cuidado sus hermanos por la muerte de los padres a causa de la enfermedad.

Hoy día se estima que el 60 % de las niñas y niños en edad de atender la escuela primaria, están fuera de ella y que en las nóminas del Ministerio de Educación hay, al menos, 5.000 profesores “fantasmas”; lo que significa que aunque no se presentan en su puesto de trabajo alguien está recogiendo su salario, lo que equivale al 15 % de presupuesto anual de educación del país, según explica Foreign Policy.

Todos estos datos explican que la mayoría de la población liberiana estuviera de acuerdo en la necesidad de reformar el sistema educativo del país; sin embargo, pocos esperaban que la decisión tomada por el gobierno fuera la privatización del sector.

El pasado mes de abril, la cadena Voice of America (VOA) anunciaba que el Ejecutivo liberiano había firmado un acuerdo con Bridge International Academies, una cadena de escuelas infantiles y primarias de bajo coste que dice utilizar un enfoque basado en la tecnología para proporcionar educación estandarizada a estudiantes de países en desarrollo. Según anuncia en su propia página, la compañía estadounidense tiene en la actualidad 100.000 alumnos en sus más de 400 escuelas, la mayoría de las cuales están en Kenia y Uganda. Pero su intención es llegar a los 10 millones de estudiantes en una docena de países en África y Asia para 2025 trabajando, principalmente, con familias de bajos ingresos. Siempre según la información que la compañía ofrece en su página, entre sus inversores se encuentran Bill Gates o Mark Zuckerburg.

La diferencia con el problema que denunciábamos en aquella entrada anterior, es que allí se hablaba de escuelas privadas low-cost que surgían como hongos alimentadas por la imposibilidad de muchos gobiernos de garantizar la educación de todas las niñas y los niños de sus países, y de la baja calidad de la enseñanza que ofrecían. Ahora, es el propio Ejecutivo el que entrega directamente el sistema público de educación a compañías privadas.

Ante las críticas llovidas, el Ministro de Educación, George Werner, se apresuró a declarar que el gobierno no estaba privatizando la educación, sino que se estaba poniendo en marcha un plan de asociación público-privada. Este podría llevar a que toda la educación primaria del país estuviese subcontratada a compañías privadas extranjeras, que evidentemente entienden la educación como un negocio del que sacar beneficios y no como un servicio básico y fundamental.

Se trataría de un sistema similar, sobre el papel, al de las escuelas concertadas españolas, con muchos matices: la compañía dirige la escuela y el gobierno paga el sueldo de los maestros.

Evidentemente, el plan tiene defensores que opinan que estamos ante una buena noticia que pone fin a un sistema fallido y abre las puertas a la tecnología y a la investigación, elementos que mejoraran considerablemente la educación de los más jóvenes. Por su parte, los detractores acusan al gobierno de abdicar de una de sus responsabilidades más fundamentales.

The Mail and Guardian Africa desvela que por el acuerdo firmado, Bridge International Academies implementará un programa piloto en 50 escuelas públicas (3% del total) durante el curso académico 2016-17, al mismo tiempo que diseñará un nuevo plan educativo para el país. Otros 20 colegios, para llegar a un total de 70, serán entregados a otras empresas privadas. Si el programa piloto resulta satisfactorio, el siguiente año se añadirán otras 300 escuelas. Según los plazos establecidos por el propio gobierno, la idea es que para el año 2020 esta “alianza público-privada” cubra todo el sistema educativo liberiano.

Según cuenta Foreign Policy, el año pasado, el Ministro de Educación asistió a una reunión en Estado Unidos donde le presentaron a Shannon May, uno de los cofundadores de Bridge International y hablaron sobre la posibilidad de que la empresa se estableciera en Liberia. Uno de los donantes privados que apoya a la compañía se ofreció a facilitar a Werner la posibilidad de volar a Kenia para visitar las escuelas que tienen allí. El ministro dijo estar impresionado con lo que vio y, tras discutir con la presidenta, decidió invitar a Bridge International a Liberia para asumir gradualmente las responsabilidades de gestión de las escuelas primarias. Este proceso deja muchas dudas y cuestiones abiertas.

Las reacciones a este plan no se han hecho esperar. Muchas organizaciones de la sociedad civil están organizándose y parecen muy irritadas. Acusan al gobierno de haber violado las leyes de contratación pública al tomar una decisión unilateral al contratar a Bridge International como único operador de las escuelas. Por su parte la Asociación de Maestros de Liberia, el mayor sindicato de educadores del país, ha amenazado con una huelga nacional.

Hay quien mantiene que el plan estaba preparado desde antes pero que el Ejecutivo ha esperado hasta el último año de su mandato para implementarlo (en 2017 habrá elecciones presidenciales en Liberia y Ellen Johnson-Sirleaf tiene que abandonar el cargo). También se especula que debido a las protestas, el gobierno decidió otorgar 20 escuelas a otras compañías que no fueran Bridge International para camuflar el acuerdo firmado.

Los opositores al plan, además de criticar la privatización de un servicio que es propio del gobierno, tienen miedo de la calidad de la enseñanza que estas escuelas ofrecerán. Bridge International usa un modelo de escuelas low-cost que no necesita profesores formados ya que todo el material necesario está en las tabletas que utilizan los alumnos y basta con seguir, palabra por palabra, lo allí establecido. Las tabletas también sirven para controlar al profesorado y su actuación y rendimiento.

Además, la compañía tiene su propio plan de estudios, que es distinto al que se sigue en Liberia, y que está orientado más a recortar gastos que a proporcionar a los alumnos un entorno apropiado para el aprendizaje.

Poco a poco, las recomendaciones del Banco Mundial y sus organismos afines se van imponiendo por todo el continente y se privatizan servicios básicos. Aprovechando que cada vez más familias ven una prioridad la educación de sus hijas e hijos, empresas que no tienen otro fin que el lucro intentan apropiarse de este sector. Liberia es el primer país que sucumbe, de modo total, a este tipo de medidas, pero no será el último, en los próximos años veremos como otros más se serán obligados a sumarse a ellas.

Fotografía: Dominic Chavez/World Bank