Carrera electoral en RCA

Los centroafricanos eligen presidente

Por Issa Ben Rodri desde Bangui (RCA)

Termina una legislatura en República Centroafricana en la que no había demasiadas expectativas. Con un acuerdo de paz con los grupos rebeldes como principal logro, el presidente y dos expresidentes optan a dirigir el Ejecutivo.

Para ser un país donde numerosos grupos armados aún están presentes en grandes zonas de su territorio, hasta ahora las cosas han ido mejor de lo previsto. A medianoche del 10 de noviembre terminó el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones presidenciales y legislativas que tendrán lugar en República Centroafricana (RCA) el próximo 27 de diciembre. Se presentaron 22 aspirantes a la presidencia, y otras 1.527 personas competirán por ocupar los 140 escaños de la Asamblea Nacional. Unas semanas antes de esa fecha terminó el plazo para que los electores se registraran en los más de 1.000 centros establecidos por la Autoridad Electoral Nacional. A pesar de la inseguridad en algunas zonas del país, sobre todo en el noroeste, se inscribieron algo más de 1,7 millones de centroafricanos que deberían recibir en breve sus tarjetas electorales. Las cifras, eso sí, fueron algo más bajas que hace cinco años, lo que ha hecho pensar en un cierto escepticismo por parte de la población. También hay que tener en cuenta que esta vez no podrán votar los refugiados. Según datos del ACNUR, 600.000 centroafricanos se encuentran fuera del país, de los que un tercio estarían en edad de votar. Y junto a esto, hay que agradecer que el país no ha sido de los más afectados por la COVID-19, con apenas 4.800 casos declarados y solo 62 muertes desde abril a mediados de noviembre.

Un pasado difícil

RCA, un país con más de cinco millones de habitantes y una extensión superior a la de Francia, ha figurado durante las últimas dos décadas entre los tres países más pobres del mundo, según datos de la ONU, a pesar de contar con enormes recursos naturales, incluidos yacimientos de oro y diamantes. Desde su independencia en 1960 ha conocido numerosos golpes de Estado, amotinamientos y rebeliones. Pero ninguno de estos eventos se puede comparar a la espiral de violencia que arrastró al país en 2013, cuando una rebelión de mayoría musulmana, conocida como la ­Seleka, derrocó al presidente François Bozizé y arrasó el país a sangre y fuego. El nuevo régimen apenas duró unos meses, de marzo de 2013 a enero de 2014, y su presidente, ­Michel Djotodia, fue obligado a dimitir bajo una fuerte presión internacional, abriendo un período de transición política que duró hasta marzo de 2016, y cuyo Gobierno presidió Catherine ­Samba-Panza. Las milicias antibalaka, que surgieron como reacción contra los abusos de la Seleka, pronto convirtieron su lucha en una caza al musulmán, haciendo que el conflicto se volviera intercomunitario. Tras abandonar el poder, la Seleka se fragmentó y hoy está dividida en, al ­menos, cinco grupos. Formados, sobre todo, por afinidades étnicas, luchan por controlar recursos importantes como minas de oro y de diamantes en el interior del país.

Con un fuerte apoyo de la Misión de Mantenimiento de la Paz de la ONU (MINUSCA), que tiene 12.000 cascos azules en el país, se organizaron elecciones democráticas a finales de 2015 y, en segunda vuelta, en febrero de 2016. Ganó el antiguo primer ministro, Faustin Archange Touadéra, que se presentó como candidato independiente, con dos tercios de los votos. Desde entonces, el país se ha dotado de instituciones estatales legítimas, ha reconstruido sus Fuerzas de Seguridad y ha realizado progresos hacia su estabilidad política, aunque con altibajos provocados por la violencia.

Las asignaturas pendientes abundan. Destacan dos: la reconciliación y la pobreza. El país tiene las tasas más altas de paro juvenil de África central, según datos de la CEEAC, el organismo que engloba a 11 países de la región, y los servicios básicos de educación y sanidad –de ínfima calidad– son de pago. En la capital, Bangui, el transporte público es prácticamente inexistente, la electricidad es un lujo al alcance de muy pocos y cada vez que llueve se inundan barrios enteros.

¿Misión imposible?

La reconciliación parece un sueño aún más lejano. Ninguno de los nueve presidentes que ha tenido el país desde su independencia ha trabajado por la unidad nacional, por lo que las tensiones étnicas han estado siempre en el origen de sus sobresaltos violentos. Una de las raíces del conflicto ha sido la percepción que la mayoría cristiana y animista tiene de la minoría musulmana, que representa casi un 15 % de la población. Todavía se oye mucho hablar de «nosotros, los centroafricanos, y ellos los musulmanes», incluso entre líderes políticos. Poquísimos son los musulmanes que se cuentan entre los funcionarios, la Policía, la Gendarmería y el Ejército. Un acuerdo de paz, firmado en febrero de 2019 entre el Gobierno y 14 grupos armados, intentó poner fin al conflicto y abrir la puerta a una mejor integración y al desarme. Los garantes de la Unión Africana (UA) y de la CEEAC han hecho grandes esfuerzos para ponerlo en práctica, acudiendo con prontitud cada vez que había una crisis en el terreno. Y en cada una de las 16 prefecturas en las que se divide el país existe un comité local en el que todas las partes están representadas. En sus reuniones mensuales, intentan resolver los problemas de inseguridad que se presentan.

Pero muchos de los puntos del citado acuerdo aún no se han cumplido. Este año se acogieron al programa de desarme y reinserción unos 2.500 combatientes, una pequeña parte de lo que estaba previsto. Aunque todas las prefecturas cuentan con su prefecto y se han desplegado las Fuerzas de Seguridad, a menudo tienen que convivir al lado de milicianos que se cruzan con ellos portando las armas. Lo peor es que los grupos armados han seguido enfrentándose entre ellos. Durante los primeros meses de este año, en las ciudades norteñas de Birao y Ndele hubo combates muy duros entre varias facciones de la antigua Seleka, sobre todo por tensiones entre las etnias kara, runga y gula. Apoyados por la MINUSCA y por el propio Gobierno, se pusieron en marcha procesos de diálogo que desembocaron en acuerdos locales de paz. El último fue firmado el 10 de noviembre en Bangui, tras dos días de una conferencia de reconciliación entre líderes locales de las prefecturas del norte. Pero otros grupos armados han seguido socavando el acuerdo de paz, sobre todo dos, formados por combatientes peúles: la Unidad por la Paz en Centroáfrica (UPC), de Ali Darass, que ha extendido su influencia en el este del país, y el 3R, de Abbas Sidiki, que durante buena parte de este año realizó nuevas incursiones en el noroeste.

A la conquista del poder

En Bangui, desde el pasado mes de julio, los partidos políticos se pusieron manos a la obra, celebrando sus congresos y eligiendo a sus candidatos. En RCA no hay formaciones políticas con base ideológica, puesto que todas ellas se han formado para apoyar a un líder indiscutible surgido en un golpe de Estado o tras acceder como candidato independiente. Este es el caso del Movimiento Corazones Unidos (MCU), formado para proporcionar a Touadéra una base política tras su elección.

Después de varios meses de quinielas sobre quién se presentaría y quien no, el pasado 10 de noviembre se conocieron los nombres de los 22 aspirantes a la Presidencia. El saliente, Faustin Archange Touadéra, de 63 años, parte con una indiscutible ventaja, aunque hay que tener en cuenta que en 2015-2016 tuvo los votos de la etnia mayoritaria del país, los gbayas. Una de las dudas que circulaban en el ambiente se despejó el pasado 15 de diciembre. Días después de que se conociera la anulación de su candidatura, el expresidente François Bozizé aceptó la decisión del Tribunal Constitucional y mostró explícitamente su apoyo la lista de la Unión para la Renovación de Centroáfrica, encabezada por el antiguo primer ministro Anicet-Georges Dologuélé. En la carrera electoral hay otros tres antiguos primeros ministros, los veteranos Martin Ziguélé y los que ocuparon este puesto durante la transición de 2013 a 2015, Nicolas Tiangaye y Mahamat Kamoun.

Bozizé ha sido, hasta la anulación de su candidatura, la gran incógnita. Fue presidente del país tras tomar el poder por un golpe de Estado en 2003. Diez años después fue derrocado por la Seleka y hasta el año pasado vivió exiliado en Uganda. Durante las elecciones de 2015-2016 no pudo presentarse al estar ausente. A pesar de tener una orden de detención internacional y de estar bajo sanciones de la ONU, volvió clandestinamente en diciembre de 2019 y desde entonces ha multiplicado sus apariciones públicas sin que nadie se atreva a ponerle la mano encima. Pero la ley establece que uno de los requisitos para presentarse pasa por justificar su presencia continua en el territorio nacional durante al menos un año antes de la fecha de presentación de los documentos acreditativos. Su partido, el Kwa Na Kwa, conocido por sus siglas KNK, anunció la presencia de su líder en el país el 16 de diciembre de 2019. Muchos temían que si se rechazaba su candidatura, las milicias antibalaka podrían ponerse de nuevo en pie de guerra, sobre todo en su región natal, Bossangoa –feudo de los gbayas–, y en algunos barrios de Bangui. La aceptación de la resolución y su apuesta por Dologuélé parece que han diluido ese temor.

Mujeres en política

Entre los 22 candidatos solo hay una mujer, la antigua presidenta de la transición, Catherine Samba-Panza. Su figura podría atraer el voto de las mujeres, aunque tiene en su contra el recuerdo de un asunto turbio sobre una donación de cinco millones de dólares que recibió de Angola en 2015, para sanear las arcas del Estado, y que nunca llegó a justificar. Su candidatura ha puesto sobre el tapete la cuestión de la ley de paridad, aprobada en 2017, y que exige un mínimo de un 35 % de participación de mujeres en todos los procesos políticos. La Asamblea Nacional actual, elegida en 2016, cuenta solo con 11 mujeres diputadas que representan el 7,8 % de los 140 parlamentarios. De un total de 1.527 candidatos a las legislativas, solo hay 245 mujeres y ninguna de las 27 formaciones que se presentan a las elecciones ha cumplido con el mínimo del 35 %. El Tribunal Constitucional falló el pasado octubre a favor de eximir de este requisito a todas las fuerzas políticas, estimando que su aplicación estricta habría tenido como resultado impedir la participación de todos los partidos, haciendo imposible las elecciones.

La incógnita de la actitud de los grupos armados se ha despejado pronto. A pocas semanas de las elecciones, ninguno de ellos se opone a los comicios. Algunos de ellos, incluso, han revelado sus simpatías: varios grupos de la Seleka, como el FPRC, el MPC y el MLCJ, han dicho de forma más o menos clara que apoyarán a Touadéra. La mayor parte de los antibalakas habrían hecho lo propio con Bozizé, pero al anularse su candidatura queda la duda de si apoyarán a Dologuélé u optarán por otra candidatura. Incluso uno de los señores de la guerra, Armel Sayo, se presenta como candidato, aunque está por ver si el Constitucional estima que cumple con los requisitos, entre los que se cuenta «ser una persona de buena moralidad».

Preocupan las noticias falsas que incitan al odio, que campan por sus fueros en las redes sociales y los periódicos digitales, a los que cada vez más centroafricanos tienen acceso. Si hace cinco años las elecciones estuvieron marcadas por un ambiente de paz y conciliación, este año las espadas están más en alto. Si, a pesar de todo, se repite el mismo escenario de calma de los comicios de hace una década, RCA habrá demostrado que hay momentos en los que puede exhibir que su resiliencia es mayor que la lista interminable de sus desgracias.