Cómo saquear un país

Zuma y los hermanos Gupta ejemplifican la corrupción endémica que padece Sudáfrica

Por Yeshiel Panchia desde Johannesburgo


La Comisión Zondo ha evidenciado una corrupción que permea toda la Administración y que perjudica severamente a los sudafricanos.

En la mañana del 30 de abril de 2013, un avión privado con 217 invitados a una exclusiva boda aterrizó en una base militar en Waterkloof, cerca de Pretoria. Se casaba la sobrina de Ajay, Atul y Rajesh, los tres hermanos Gupta, una poderosa e influyente familia muy relacionada con el presidente sudafricano Jacob Zuma. La utilización de una base militar para un vuelo privado, junto a la influencia de Zuma para conseguirlo, causó una gran indignación en la sociedad y los medios de comunicación. «Yo tenía la idea de que era un deseo del presidente», diría más adelante la teniente coronel Christine Anderson, al prestar declaración en la Comisión Zondo sobre la captura del Estado. El incidente fue bautizado como ­Guptagate, y la turbia relación entre la familia y políticos y organismos estatales empezó a aclararse.

Los tres hermanos llegaron al país desde India en 1993 con la idea de prosperar en los negocios. Consiguieron su primer éxito con una empresa tecnológica, Sahara Computers. ¿Cómo se convirtieron en una de las familias con mayor influencia política en el país? Todo comenzó por un encuentro circunstancial en India entre uno de ellos, Atul Gupta, y Essop Pahad, por entonces mano derecha del presidente Thabo ­Mbeki. Atul hizo un favor a Pahad al llevarle personalmente varias camisas que este se había dejado en India. Esta nimiedad dio pie a que los hermanos fueran poco a poco presentados en los círculos de influencia del Congreso Nacional Africano (CNA).

El inicio de la amistad permitió a los Gupta entrar en el terreno de los negocios ligados a los políticos ­posapartheid, entonces dominados principalmente por empresarios blancos que habían colaborado con la presidencia de Mandela: empresas como la minera Anglo o familias como los Oppenheimer, herederos de las fortunas mineras de De Beers.
Bajo la presidencia de Mbeki, el Estado quiso alejarse de esas influencias y fortalecer sus lazos con otro tipo de empresarios, chinos e indios, entre otros. Eso abrió las puertas a los Gupta y a su creciente conglomerado empresarial. Su cercanía con el CNA les permitió hacer una serie de compras beneficiosas a principios de los años 2000. Así, llegaron a conseguir tener la mayor compañía tecnológica del país, comprar una mina de uranio o fabricar acero, entres otros negocios. Su patrimonio neto se disparó a la par que su influencia, aunque pronto se verían envueltos en las luchas internas del CNA, lo que acabarían provocando su caída.

Luchas internas

La lucha por el poder en el CNA y, por consiguiente, por la presidencia del país, se avivó en 2008. Mbeki fue reemplazado por Jacob Zuma, que ya entonces estaba involucrado en escándalos de corrupción y pesaban sobre él cargos criminales. Para mantener su influencia, los Gupta necesitaban fortalecer sus relaciones con ambas facciones. Lo lograron, y fomentaron profundas conexiones con Zuma, con su hijo ­Duduzane y con muchos otros miembros de su entorno en el CNA, incluyendo al ex secretario general del partido Ace Magashule y su hijo, Tshepiso, implicados ambos en múltiples escándalos de corrupción.

Duduzane Zuma empezó a formar parte de los consejos de administración de varias empresas de los Gupta, lo que permitió a estos promocionar los intereses empresariales de los Zuma y generar una narrativa pública y política sobre ellos mismos y sobre la familia del presidente a través de su canal de televisión, ANN7, y su periódico, The New Age. Además, estos medios se beneficiaron de contratos de publicidad oficial.

La influencia que la familia tenía sobre la presidencia de Jacob Zuma fue tal que se dijo que los Gupta habían condicionado la designación de cargos ministeriales para favorecer sus negocios. «Parece que los Gupta tenían una enorme influencia que podían ejercer sobre los minitros. Hay un patrón en esto», dijo la analista política Judith February, del Instituto de Estudios de Seguridad.

Sin embargo, el –a priori– simple aterrizaje de un vuelo privado para una boda puso a la familia en el radar de los medios y la opinión pública. Fue la arrogancia en el ejercicio de sus influencias lo que generó el desmoronamiento del dominó que lideraban.

A última hora de la tarde del 9 de diciembre de 2015, Zuma sustituyó sin ­explicaciones al ministro de Finanzas, Nhlanhla Nene, por un diputado leal al presidente, Des Van Rooyen. El movimiento fue visto como un intento presidencial para controlar el Tesoro en beneficio propio y de sus aliados, incluyendo a los Gupta. Van Rooyen, ­relativamente desconocido en el Gobierno y sin experiencia financiera, sería el encargado de facilitar esa maniobra. Pero los mercados reaccionaron de forma negativa. El rand perdió más del 5 % de su valor frente al dólar en menos de un día. Aunque a los pocos días el veterano Pravin ­Gordhan asumió la cartera de Finanzas, el daño estaba hecho. Se calcula que 500.000 millones de rands (29.500 millones de euros) desaparecieron de la economía sudafricana. El inexplicable nombramiento atrajo más la atención hacia los Gupta y su relación con la familia del ­presidente. «Está controlado por los Gupta. Cuando tienes instituciones ­débiles como el CNA o el Gobierno, que está secuestrado institucionalmente, solo necesitas obtener el control de unos pocos individuos, como Jacob Zuma, para controlar todo», dijo Mmusi Mamane, exlíder de la opositora Alianza Democrática (AD).

El imperio se desmorona

Habían llegado demasiado lejos. Los bancos sudafricanos y las principales entidades financieras internacionales cortaron sus lazos con la familia y sus negocios. A los Gupta apenas les quedaba una oficina local del banco indio Baroda.

Los acontecimientos suscitaron una ola de protestas en todo el país y en las redes sociales que pedía –con la etiqueta ­#ZumaMustFall («Zuma debe caer»)– la dimisión del presidente. En 2016, la oficina del Defensor del Pueblo abrió una investigación sobre la captura del Estado, poniendo especial atención a la relación entre la familia Gupta y Zuma.
En un desesperado intento de salvar su reputación y sus contactos, los hermanos contrataron los servicios de la compañía Bell Pottinger, que organizó una campaña para defender a sus clientes. Junto a la difusión de bulos y a generar tensiones raciales en Twitter o Facebook, pusieron en marcha una campaña en medios convencionales que transmitía una imagen positiva de los Gupta y de su relación con el presidente.

A finales de 2017, la Defensora del Pueblo publicó el informe ­State ­capture (en inglés, captura del Estado) que implicaba a Zuma y a muchos otros, a los que acusaba de comportamientos inadecuados en sus relaciones con los Gupta. El documento recomendaba que se creara una comisión para investigar el secuestro del Estado. «La familia Gupta le controla a usted y, por consiguiente, a este país, a un nivel del que todavía no somos conscientes», escribió en una carta abierta a Zuma un empresario sudafricano y exmiembro del CNA, Kenny ­Kunene, en 2013.

El nudo se apretaba y Zuma perdía su estrella. En 2017 se decidió que el presidente dimitiera. La carrera sucesoria determinaría tanto su futuro político como su destino legal. Cyril Ramaphosa y la exmujer del presidente destituido, Nkosazana Dlamini-Zuma, fueron los principales candidatos a la presidencia del partido. Si esta última hubiera tenido éxito en el intento de acceso al partido es probable que los Gupta mantuvieran algún tipo de protección, y el propio Zuma se habría visto protegido de las consecuencias de sus actos.

Pero no sucedió así. David Mabuza, expartidario del político sudafricano, cambió su apoyo en el último momento a favor de Ramaphosa, que logró una ajustada victoria que le daba la presidencia del CNA y, por tanto, de la presidencia de la nación. El destino de los Gupta quedó visto para sentencia y no iba a existir piedad.

Sin voluntades políticas a su favor, la indignación en su punto más alto, los salvavidas financieros agotándose y con la Policía sudafricana y la Fiscalía siguiendo su rastro, los tres hermanos escaparon a Dubái días después de la caída de Zuma.

Los papeles de la familia

El 1 de junio de 2017, los periódicos sudafricanos empezaron a publicar una filtración de datos y correos electrónicos conocida como #­GuptaLeaks. El aluvión de información puso al descubierto las redes que permitieron a los Gupta influir en acuerdos y nombramientos políticos. No había organismo estatal que no se viera afectado: la energética nacional Eskom, el Servicio de Impuestos de Sudáfrica, el fabricante estatal de armas Denel…

La profundidad de la putrefacción quedó de manifiesto en un proceso minucioso que duró dos años. La Oficina del Defensor del Pueblo recomendó la creación de una comisión presidida por Raymond Zondo –desde el 1 de abril de 2022, presidente del Tribunal Supremo de Sudáfrica–, conocida popularmente como la Comisión Zondo o Comisión de la captura del Estado. De 2018 a principios de 2022, esta investigó un amplio abanico de acusaciones de corrupción que incluía a todos los brazos del Estado, publicó informes con escabrosos descubrimientos e hizo recomendaciones a la Fiscalía. Además de su implicación en numerosos delitos, afirmó que «el presidente Zuma era una marioneta de los hermanos Gupta».

Se calcula que el coste de las actividades de Ajay, Atul y Rajesh Gupta para las arcas del Estado supera los 50.000 millones de rands (2.950 millones de euros), y eso solo teniendo en cuenta el dinero que ha podido ser rastreado. El exministro de Finanzas, Pravin Gordhan, estimó que el impacto podría multiplicar por cinco esa cantidad. En el país más desigual del mundo, el daño es incalculable.

A primeros de 2022, Interpol emitió una alerta para el arresto de dos de los Gupta, Rajesh y Atul, que fueron detenidos en Dubái por fraude y lavado de dinero. La Autoridad Fiscal Nacional de Sudáfrica está trabajando para terminar su solicitud de extradición y que ambos respondan ante la Justicia.

Consecuencias para el pueblo

Sudáfrica tardará mucho tiempo en recuperarse de este robo sistemático y generalizado. La empresa estatal de energía Eskom, saqueada durante años entre otros por los Gupta, no es capaz de mantener un suministro estable en los hogares sudafricanos, que sufren cortes de luz recurrentes. Otras muchas infraestructuras públicas se han visto seriamente dañadas. El desempleo es altísimo, igual que el coste de la vida o la desafección hacia las instituciones, lo que genera numerosas protestas y un alto nivel de violencia.

Mientras la Justicia trabaja, las luchas internas y la manipulación ahondan el sufrimiento de los más vulnerables. La Comisión de la captura del Estado presentó cargos penales contra el expresidente Zuma por desacato al tribunal y la Policía sudafricana ordenó su arresto el 7 de julio de 2021 si no se entregaba. 40 minutos antes de la fecha límite, Zuma se presentó ante las autoridades y fue detenido. Dos días después, catalizada por la detención y espoleada por los altos niveles de pobreza, se produjo la mayor agitación popular desde que se instauró la democracia en el país, ante la que tuvo que movilizarse el Ejército. «Con el pretexto de los agravios políticos, quienes están detrás de estos actos han querido provocar una insurrección popular entre nuestra gente», dijo el presidente Cyril ­Ramaphosa.

Más de 350 personas murieron a lo largo de esa semana y el coste para la economía del país se calcula que superó los 50.000 millones de rands, cifra similar a lo que ha supuesto la acción de los Gupta para la economía sudafricana.
Las Fuerzas del Orden sudafricanas siguen trabajando para meter en prisión a los responsables de la captura del Estado y lograr así cierta apariencia de una justicia que no llega a la ciudadanía, que sufre las consecuencias de décadas de saqueos mientras el país se hunde en la oscuridad.