Europa se alía con dictadores africanos para frenar la migración

  Por Chema Caballero

Es posible que alguien se acuerde de que los días 11 y 12 de noviembre de 2015 se reunieron en La Valeta, Malta, los jefes de Estado y de Gobierno africanos y europeos. El objetivo principal de la Unión Europea (UE) era buscar soluciones a la llamada “crisis” de los refugiados, por eso quería que los que ella denomina migrantes económicos fueran aceptados de vuelta en sus países de origen. África, por su parte, buscaba más vías legales de entrada en Europa y una rebaja en los costes de envío de las remesas.

La declaración política publicada al final de la cumbre está llena de buenas palabras e intenciones y habla de la fuerte interdependencia que existe entre África y Europa. Sin embargo, el Plan de acción que también se aprobó en la misma reunión es otra cosa. Los líderes europeos ofrecieron a los africanos un fondo de 1.878 millones de euros, lo que no dejaba de ser un punto más dentro de una larga lista diseñada para enviar de vuelta a África a varios miles de migrantes que han entrado en Europa y prevenir la llegada de nuevos en el futuro.

Algunas de las propuestas contempladas allí respondían a las demandas de los líderes africanos: becas de estudio y de intercambio, reducción de las restricciones de viaje y más permisos de trabajo para trabajadores cualificados. A cambio, los países africanos tenían que reforzar sus centros de selección y campos de refugiados y readmitir a los migrantes que no consiguen el estatus de refugiado en Europa. El plan también contemplaba la construcción de más campos de refugiados en los países de tránsito de los migrantes. Todo con el objetivo claro que se expone en el párrafo cuarto del plan: la lucha contra “la migración irregular, el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos”.

Para ello, Europa ofrecía formación a las “autoridades policiales y judiciales” africanas en los nuevos métodos de investigación y en la creación de unidades de policía especializadas en combatir la trata y el tráfico. La fuerzas policiales europeas de Europol y las de frontera, Frontex, también ayudarían a las de policía africanas a luchar contra “la producción de documentos falsos y fraudulentos”.

Desde hace años, Europa está creado un cinturón de seguridad en su entorno para evitar el acceso de migrantes y refugiados a sus costas, delegando responsabilidades a terceros países, como bien se ve en el reciente acuerdo de la Unión Europea con Turquía, o con anterioridad con Marruecos.

La externalización de las fronteras europeas no es algo nuevo, viene de lejos. Solo por poner un ejemplo, al menos desde 2006 la Jefatura Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil española colabora con las fuerzas de seguridad de varios países africanos en la tarea de impedir el acceso de migrantes y refugiados. Tiene unidades desplegadas de forma casi permanente y con permiso para intervenir y patrullar por costas territoriales y marítimas de países vecinos como Marruecos, Mauritania, Senegal, Cabo Verde y realizar incursiones en Malí y Níger.

Pero esta vez, con el Plan de acción aprobado en la Cumbre de Malta, se daba una vuelta más de tuerca. En ese momento, algunos analistas pusieron de manifiesto los peligros que el documento entrañaba para los refugiados y migrantes ya que no solo se formaba y se apoyaba a fuerzas de países democráticos y que respetan los derechos humanos, como puede ser el caso de Ghana, sino también a muchos estados africanos notoriamente represivos y productores del mayor número de refugiados, como pueden ser Eritrea, Sudán o Somalia, por ejemplo.

Lo que hace unos meses era solo una premonición se ha hecho realidad y los políticos europeos, en su afán de reducir el éxodo de refugiados y migrantes africanos, están equipando y formando a las fuerzas de seguridad de dictadores africanos.

Así lo revelaba la revista alemana Der Spiegel el pasado 13 de mayo cuando escribía que un plan secreto ha sido preparado por la Comisión Europea según el cual “Europa enviaría cámaras, escáners y equipos para el registro de los refugiados al régimen de Sudán, además de formar a  su policía de fronteras y ayudar en la construcción de dos campos con salas de detención para migrantes”. Esta acción formaría parte de las primeras concreciones del Plan de acción salido de la Cumbre de La Valeta y que, en esta primera propuesta, se traduce en pagar 40 millones de euros a ocho países del Cuerno de África, entre los cuales están Sudán o Eritrea.

La razón de haber elegido a Sudán como un socio privilegiado en esta empresa es, según el medio alemán, que una de las rutas de tránsito de refugiados más importantes pasa por este país. En él confluyen personas huyendo de la guerra o de la dictadura de Eritrea, Somalia, República Centroafricana y la República Democrática de Congo, que quieren llegar a Libia vía Jartum desde donde intentan pasar a Europa. Según Naciones Unidas unos cuatro millones de personas están en la actualidad embarcados en esta ruta.

En el caso concreto de Sudán no podemos olvidar que la Corte Penal Internacional (CPI) tiene emitida una orden de arresto contra su presidente, Omar El-Beshir, y otros altos cargos políticos por presuntos crímenes de genocidio y contra la humanidad en el conflicto de Darfur. Amnistía Internacional lleva años denunciando que los servicios secretos del país detienen arbitrariamente y torturan a miembros de la oposición. Finalmente, Estados Unidos acusa al país de apoyar con financiación a terroristas, tal sería el caso del Ejercito de Resistencia del Señor (LRA), de Joseph Kony o a los rebeldes de Sursudán.

Además, desde hace tiempo, Human Right Watch denuncia que el régimen de El-Beshir apoya a las redes criminales de tráfico de personas. Según la organización, la policía y el ejército sudanés torturan y venden refugiados a estas mafias.

En el caso de Eritrea, cuyo gobierno también se beneficiará de este dinero, no hay que olvidar que en junio de 2015 un informe de la propia Comisión Europea decía claramente que “El Gobierno de Eritrea es responsable de violaciones sistemáticas, graves y generalizadas de derechos humanos, las cuales han creado un clima de terror en el que se reprime la disidencia, una gran proporción de la población está sometida a trabajos forzados o encarcelada y cientos de miles de refugiados tienen que huir del país”. Además resalta que muchas de estas violaciones pueden constituir crímenes contra la humanidad. A las mismas conclusiones llegan las Naciones Unidas.

Por tanto, cabría preguntarse hasta qué punto Sudán o Eritrea pueden ser aliados en la política migratoria europea. La impresión que Europa está dando es que no le importan las personas ni sus derechos; basta con ver la forma en la que está tratando a los refugiados y migrantes que llegan a sus costas, especialmente a Grecia, en los últimos meses. Por ello, no es de extrañarnos que se firmen acuerdos con dictadores y países que no respetan los derechos humanos, que incluso, como en el caso de Eritrea, estén provocando el éxodo de sus propios ciudadanos, con tal de que hagan el trabajo sucio de detener el flujo de refugiados y migrantes para que no lleguen a nuestras costas.

Imagen: Archivo Mundo Negro