Liberia votó olvidando, una vez más, a las víctimas de su guerra

Durante muchos años, George Weah defendió la necesidad de un tribunal que juzgase los crímenes de guerra y económicos que se cometieron durante las dos contiendas fratricidas que asolaron Liberia entre 1989 y 2003. Así hacía suyas las reivindicaciones de diferentes grupos de la sociedad civil liberiana que llevan décadas reclamando este instrumento jurídico. Argumentan estos que el hecho de que las principales figuras detrás del conflicto no hayan aparecido delante de la justicia ha creado una cultura de impunidad en el país. Esta justificaría muchos de los atropellos de derechos y abusos de poder que a diario sufren los ciudadanos.

Cuando en 2018, Weah (leyenda del fútbol mundial, primer y único africano en conseguir el Balón de Oro) ganó las elecciones presidenciales en Liberia, olvidó aquella promesa y muchas otras. De hecho, nombró vicepresidenta a Jewel Taylor, exesposa del presidente Charles Taylor, condenado por crímenes de guerra por el Tribunal Especial para Sierra Leona. Ella fue la primera dama del país durante los años más duros del conflicto.

Esa no es la única promesa incumplida de Weah. También parece haberse olvidado de la creación de empleo y de la lucha contra la corrupción. El presidente disiente de sus críticos y alega que en 2018 un tribunal emitió órdenes de arresto para más de 30 exfuncionarios del Banco Central tras la desaparición de 104 millones de dólares. O que él mismo despidió a tres altos funcionarios, incluido su jefe de gabinete, después de que Estados Unidos los sancionara por corrupción. Sin embargo, muchos no olvidan que durante el reciente Mundial de Fútbol de Qatar, pasó nueve días en aquel país con la excusa de ver jugar a su hijo, Tim Weah, con la selección estadounidense. Para sufragar los gastos de su estancia se otorgó una dieta diaria de 2.000 dólares durante el tiempo que duró el viaje. Los que todavía guardaban la esperanza de que el presidente cumpliera la promesa de reducir el gasto público para destinar más dinero a la lucha contra la pobreza recibieron la noticia como un jarro de agua fría.

En cuanto a sus logros económicos, Weah exhibe las cifras del Banco Mundial que afirman que el año pasado la economía liberiana creció un 5%. Pero oculta que la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirma que un 52% de la población vive en la pobreza y otro 23% está en riesgo de caer en ella. Mientras, algunos hombres de negocios, políticos y antiguos señores de la guerra gozan de una gran riqueza. Para completar cifras, hay que señalar que el 60% de los liberianos tienen menos de 25 años. Y el paro juvenil afecta casi al 65% de los menores de 34 años.

Estas promesas incumplidas son la causa principal de que muchos de los que votaron por Weah en 2018, ahora le den la espalda. Joseph Boakai, antiguo vicepresidente con Ellen Johnson-Sirleaf (2006-2018), se perfila como la alternativa más solida en las elecciones celebradas el 10 de octubre. Los resultados tardarán dos semanas en ser conocidos. Bokari eligió como lema de campaña «Rescue» (Rescate) y argumentó que el país ha ido cuesta abajo durante los seis años que el exfutbolista ha estado en el poder. Es posible que a pesar de las promesas incumplidas y las críticas, Weah vuelva a ganar. Pero es muy probable que se vea forzado a una segunda vuelta donde las alianzas que consigan los dos candidatos más votados serán cruciales para determinar quien regirá los destinos de Liberia durante los próximos seis años.

Bokari, al igual que otros dos candidatos, el empresario Alexander Cummings y el abogado de derecho humanos Tiawan Gongloe, ha prometido que establecerá el tribunal que la sociedad civil reclama. Ello a pesar de que durante el tiempo que estuvo como vicepresidente de Johnson-Sirleaf no hizo ningún esfuerzo al respecto.

Dos décadas después del fin de la guerra, las víctimas siguen buscando justicia. Sus peticiones han sido rechazadas por los tribunales ordinarios y por el Parlamento. A inicios de la última legislatura, asociaciones de la sociedad civil y de derechos humanos presentaron ante este una propuesta para crear un Tribunal Especial. Tenían claro (y lo siguen teniendo) que hasta que los instigadores de la guerra y los perpetradores de las atrocidades cometidas durante ella no se enfrenten a la justicia, no se podrá hablar de reconciliación verdadera entre liberianos.

La guerra de Liberia fue muy atroz. Registró más de 250.000 muertos, miles de heridos, desplazados y refugiados; cientos de niñas y niños fueron utilizados como soldados y toda la infraestructura del país resultó destruida. Pero la mayoría de los responsables de estos crímenes nunca pasaron por los tribunales, se reintegraron directamente en la vida civil, llegando a ocupar cargos relevantes en el Parlamento y en la sociedad.

A diferencia de su vecino Sierra Leona, los acuerdos de paz de Liberia no contemplaron la creación de un tribunal para juzgar los crímenes de guerra. Solo una Comisión de la Verdad y la Reconciliación que presentó un informe sobre las causas y consecuencias del conflicto al Parlamento en junio de 2009 y cuyas recomendaciones nunca han sido tenidas en cuenta.

La iniciativa presentada ante el Legislativo liberiano pedía que también se juzguen aquellos casos documentados de individuos que se apropiaron de propiedades públicas durante el conflicto o después de él. Un intento de lanzar un aviso a los funcionarios y gobernantes que se aprovechan de lo público en beneficio propio.

A pesar de las muchas promesas que se hacen durante las campañas electorales, la realidad demuestra que los políticos no quieren remover el pasado, quizás porque muchos de ellos se beneficiaron del conflicto.

Pero los grupos de la sociedad civil no cejan en su empeño y han recurrido a la justicia internacional. Gracia a ello, algunos tribunales europeos y estadounidenses ya han condenado a antiguos señores de la guerra que habían buscado refugio fuera del país. Es el caso de Gibril Massaquoi en Finlandia, Mohammed Jabbateh en Estados Unidos, Alieu Kosia en Suiza y Kunti Kamara en Francia. Los activistas usan estos casos para demostrar que las víctimas buscan justicia y tienen ganas de hablar y contar sus historias. Sin embargo, lamentan que estas condenas se produzcan fuera del país. Su deseo es que los crímenes de guerra y económicos sean juzgados en Liberia, para que todas las víctimas encuentren la rreparación que buscan.

Si Weah es reelegido presidente, saben que el Tribunal Especial nunca se constituirá. Si Bokari resulta ganador, es muy seguro que pronto se olvide de su promesa. Las víctimas del conflicto liberiano seguirán esperando mientras los señores de la guerra y otros verdugos continuaran pasando en sus grandes coches y disfrutando de la riqueza acumulada durante el conflicto, sabiéndose impunes.

En la imagen superior, el actual presidente de Liberia, George Weah, deposita su voto en un colegio electoral en Monrovia el 10 de octubre de 2023 durante la votación presidencial. Fotografía: Guy Peterson / Getty