Madera liberiana

en |

Chema Caballero     Por Chema Caballero

 

Liberia cuenta con grandes recursos naturales entre los que se incluyen enormes extensiones de selva tropical, numerosos depósitos de minerales, de los que cabe destacar los de baritina, bauxita, mineral de hierro, manganeso o fosfatos y petróleo en sus aguas territoriales, que comenzará a ser extraído a finales de este año, sin olvidar que también es un gran productor de caucho. Los liberianos llevan mucho tiempo esperando que estas riquezas impulsen el desarrollo del país, como prometen continuamente sus gobernantes, pero todavía estamos lejos de que esto sea una realidad. Hasta ahora, lo normal ha sido la mala administración y el uso privado, para enriquecimiento personal, de estos recursos.

Durante los 14 años que duró la guerra que asoló al país (1989-2003), los contratos de explotación de las materias primas fueron concedidos a amigos del entonces presidente Charles Taylor. Fue así como los ingresos obtenidos por el tráfico de diamantes y de madera, principalmente, pagaron las armas que prolongaron por tanto tiempo un conflicto que generó más de 250.000 muertos y decenas de víctimas que todavía no han encontrado una reparación.

Tras el final de la contienda y la llegada al poder de la presidenta Ellen Johnson Sirlef, en 2006, su gobierno, presionado por sus patrocinadores internacionales Estados Unidos, Unión Europea, el Banco Mundial y Reino Unido, se ha esforzado en revertir esta situación otorgando cientos de nuevos contratos de explotación de los recursos naturales con la intención de generar fondos que permitan la reconstrucción del país y la creación de empleo. Este último es uno de los grandes retos a los que se enfrenta Liberia en la actualidad: garantizar trabajo sobre todo a los jóvenes, la gran mayoría de los cuales está condenada a dedicarse a la llamada economía informal para sobrevivir por no encontrar otras oportunidades.

Paralelamente, el Gobierno liberiano está llevando a cabo reformas en su ordenamiento jurídico que incluyen nuevas leyes forestales, mineras y petroleras. Al  mismo tiempo, los socios internacionales del país patrocinan programas destinados a mejorar la gobernanza y crear capacidad.

La organización internacional Global Witness (GW) ha estado investigando la eficacia de estas reformas y esfuerzos. El resultado es un informe que lleva por título Holding the line.

La primera conclusión del mismo es que en el sector forestal de Liberia estas reformas todavía no han tenido éxito. Todos los grandes contratos existentes en este área son fundamentalmente ilegales. Si no se pone pronto fin a esta situación de nada servirán los esfuerzos que el Gobierno de Monrovia y sus socios internacionales están haciendo para asegurar que las selvas liberianas no vuelvan a financiar conflictos y corrupción.

Global Witness presenta pruebas que demuestran que muchas de las empresas madereras son propiedad o están controladas ilegalmente por diputados de la Cámara de representantes, como Alex Tyler, Moses Kollie y Ricks Toweh.

El primero de ellos ha sido presidente de la Cámara y desde hace tiempo se oían voces pidiendo su dimisión por este tipo de actividades o por haber aceptado, supuestamente, sobornos para cambiar leyes que favorecieran a las empresas extranjeras que quieren operar en el sector de los recursos naturales liberianos. Las presiones finalmente han tenido éxito, terminando también, con sus aspiraciones a ser candidato a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 10 de octubre.

Tyler y Kollie serían los dueños de International Consultants Capital (ICC). Los dos han negado tal acusación a pesar de las pruebas presentadas por GW que muestran que el primero posee un 15 por ciento de las acciones y el segundo un 6 por ciento. Igualmente, prueban que otra compañía, Liberian Tree and Trading Co., está controlada por la esposa del diputado Ricks Toweh.

También hay evidencias de que las empresas están empleando a madereros que operaron durante la guerra, como es el caso de Gabriel Doe, han manipulado el sistema de rastreo de registro diseñado para ayudar a las comunidades a explotar de forma sostenible los bosques y han ocultado información al LEITI, entre ella la de los nombres de los verdaderos dueños o beneficiarios de las mismas.

Liberia Extractive Industries Transparency Initiative (LEITI) está formada por representantes del Gobierno, de las compañías y de la sociedad civil y tiene como objetivo mejorar la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los beneficios de los recursos naturales.

En 2015, el Gobierno de Monrovia requirió una serie de datos de todas las madereras operando en el país para mejorar su control. Seis de ellas, que están detrás de la explotación de la mitad de los recursos forestales del país, entre las que se hallan las dos mencionadas anteriormente, ignoraron el requerimiento u ofrecieron información incorrecta.

Hay empresas que están dejando de pagar sus impuestos. En la actualidad deben 25 millones de dólares al Gobierno liberiano, lo que supone casi un 5 por ciento del presupuesto total del país.

También han manipulado su información sobre el número de árboles que cada una de ellas corta.

Todo esto está provocando protestas de los miembros de las comunidades afectadas, que incluso muchas veces no reciben información de las concesiones ya que estas se otorgan saltándose alguno de los trámites para evitar alegaciones precisamente por parte de los miembros de las poblaciones cercanas a ellas.

Liberia acoge el 40 por ciento de las mejores selvas de África occidental. Estas son parte del llamado Bosque de Guinea de África occidental (o Selva alta de Guinea) que posee una enorme biodiversidad y es hogar para una importante población de chimpancés que están en crítico peligro de extinción. El territorio concedido a las empresas madereras abarca un 10 por ciento del país.

Los datos aportados por Global Witness demuestran que de poco sirve el esfuerzo que el Gobierno y sus socios están haciendo, ya que la población no recibe los beneficios de la explotación maderera.

La responsabilidad última para revertir esta situación cae fundamentalmente sobre el Gobierno que en enero anunció un plan para poner en marcha una investigación independiente sobre la tala ilegal. Estamos a la espera de ver sus resultados pero es verdad que no deja de ser una noticia alentadora, aunque habrá que estar pendientes de si realmente se hace a fondo y trae como consecuencia la cancelación de los contratos ilegales, lo que ayudaría a restablecer el estado de derecho en el sector, como pide Global Witness.

La organización internacional va un poco más allá y demanda una mayor implicación de los socios internacionales que financian al Gobierno de Monrovia. A la Unión Europea, que en 2012 firmó un tratado para promover el comercio de madera legal con Liberia (Acuerdo de Asociación voluntaria entre la UE y Liberia sobre la aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de productos de  la madera con destino a la UE), le pide que deje claro que no permitirá que la madera de estas grandes empresas entre en Europa.

A Noruega, que ha firmado un acuerdo de 150 millones de dólares con Liberia para promover la silvicultura y la conservación comunitaria de los bosques, que garantice que el Gobierno de Liberia investigue y cancele los contratos ilegales como prometió en el mismo.

Finalmente pide a la LEITI, que requiera que las empresas que explotan recursos naturales declaren sus verdaderos propietarios reales o “que se benefician de ella” y que penalice a las empresas que no han aportado información o lo han hecho de forma incorrecta.

Colabora con Mundo Negro

Estamos comprometidos con la información sobre África

Si te gusta lo que hacemos, suscríbete a nuestra revista o colabora con nuestro proyecto