¿Me siento acogida?

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Por Nicole Ndongala, directora de la Asociación Karibu

Acoger es recibir, admitir y aceptar. Para que una persona se sienta acogida, tienen que darse, como mínimo, estas tres actitudes. Es importante que todo individuo sea reconocido y valorado con dignidad, siendo esta la base para que pueda desarrollar sus ­potencialidades.
Cuando una persona decide abandonar su hogar –decisión que viene suscitada por un deseo de cambio y de una nueva vida– deja atrás todos los beneficios que presupone el entorno familiar y que podrían ser difíciles de recuperar. No obstante, la raíz está en buscar el lugar en el que, con libertad y apoyada en sus capacidades personales, pueda encontrar una vida mejor o una transformación a ciertas situaciones injustas que puede haber ­vivido.

Al llegar a destino, por el hecho de «ser ilegal», las dificultades para conseguir documentación se agravan, con el consiguiente miedo de ser retornada a su país de origen.
Por este motivo muchos migrantes entran en un círculo de dependencia del que es difícil salir, lo que no hace más que agudizar su vulnerabilidad y fragilidad, empujándolos en muchas ocasiones a caer en manos de mafias que atan y esclavizan.

La pandemia de la Covid-19 nos deja un mensaje muy claro: el mundo tiene que dejar de ver a los negros como eternos portadores de todos los males del planeta. Es necesario explicitar que los migrantes aportan a España más de lo que reciben. Un planteamiento de acogida digna es un derecho humano. Junto a esto, hay que denunciar el papel de los medios de comunicación social que, al manipular los datos, conforman una realidad distinta que no hace más que agravar la percepción negativa sobre la migración. Urge escuchar y conocer sus historias para construir nuevas narrativas.

También hay que buscar soluciones políticas y legislativas para que la acogida llegue a ser una realidad en el terreno social. La convivencia intercultural es otro reto en la lucha por la igualdad de trato y en la ausencia de discriminación.

Es inaceptable justificar la hostilidad de algunos partidos políticos. Se supone que estas formaciones son el espejo de la nación. Cada día se reproducen discursos de odio contra los inmigrantes que, paradójicamente, no constituyen un delito de odio. Algunos de ellos se aferran a esas leyes de la vergüenza que no respetan los derechos humanos, olvidando obligaciones legales e imperativos humanitarios que favorezcan la acogida y den respuesta a la inmigración.

Ha llegado el momento de coger un altavoz que permita que la sociedad conozca los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque para esto es importante que cada persona migrante se reconozca portadora de sus valores y con derecho a ser acogida. Si esto se logra, podremos sentirnos acogidos y ciudadanos del mundo.






¿Cómo acogemos?

Por Ana González-Páramo, Investigadora senior en Fundación porCausa

Un migrante irregular lo es desde que entra o permanece en España sin tener legitimación administrativa para ello. Los que cruzaron la frontera irregularmente tuvieron que superar las murallas físicas, legales y políticas de la «Europa fortaleza». Los que entraron legalmente, pero después perdieron su estatuto, se asomarán al vacío de la exclusión, a la que arrastrarán a sus familias.

La crisis de acogida en Canarias en los últimos meses era previsible en el contexto de la pandemia. Los cierres fronterizos no paran las migraciones. La destrucción de los medios de vida en los países de origen o tránsito, añadida a la negligencia intencionada de Marruecos en su papel de cancerbero –muy vinculada a la situación en Sahara Occidental– conducían a la reactivación de la ruta canaria. Aun siendo previsible, el sistema de acogida no ­reaccionó a tiempo. Entre las causas de la insuficiencia en la respuesta, el Defensor del Pueblo incluye la confusión de competencias entre niveles administrativos y políticos, la falta de instalaciones adecuadas y la improvisación por ausencia de protocolos adecuados de identificación y derivación de personas vulnerables. En 2020, de las 39.474 personas interceptadas cruzando irregularmente alguna frontera española, más de la mitad lo hicieron por Canarias.

A finales de 2020, el muelle de Arguineguín se sumó a Moria o Lampedusa en la vergonzosa lista europea de presidios a cielo abierto. Independientemente del debate acerca de si deben establecerse o no puntos críticos o hotspots, Canarias, Ceuta y Melilla son limbos en los que ni se gestiona de manera eficaz el flujo de entrada, ni se garantiza una retención rigurosa con los derechos básicos de los migrantes. Una evaluación conjunta del Ministerio de Inclusión y la Agencia Europea de Asilo ha señalado deficiencias como la falta de previsión y coordinación entre los actores en el terreno, la escasez de personal permanente o un déficit de capacitación y formación específica del personal interino en temas de protección internacional y personas vulnerables.

El actual marco legal de extranjería, con una obsolescencia de más de dos décadas, no refleja la realidad ni las necesidades actuales. El sistema español de extranjería es, en realidad, una fábrica de irregularidad. Son necesarias una urgente flexibilización y simplificación burocrática y una clara apuesta por las vías legales y la inclusión. Otra necesidad acuciante es una ley específica para proteger a los menores extranjeros que llegan solos: la situación de estos niños y niñas es a menudo catastrófica. La situación de los casi 147.000 niños y niñas extranjeros cuyos padres están en situación irregular en España no es mucho mejor según el informe Crecer sin papeles en ­España, de la Fundación porCausa y Save the Children. El desafío es enorme, pero sería más fácil encontrar un consenso político y social en la protección de la infancia y la juventud, en ofrecer un trato más digno y un horizonte algo más luminoso a las generaciones futuras. Al menos en esto urge un pacto de ­Estado.



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