Racismo medioambiental: África, basurero de Occidente

Algunos países de África se han convertido en el vertedero donde termina la basura tóxica y electrónica de los países occidentales. La primera esta compuesta de desechos generados por industrias como la salud o los hidrocarburos; la segunda por artículos electrónicos usados que llegan al final de su vida útil y que deberían ser reciclados. Si este tipo de residuos no se elimina adecuadamente, puede causar graves daños a la salud humana y al medioambiente. Por eso, el tráfico de estas materias hacia África es visto como racismo ambiental.

La eliminación adecuada y el reciclaje de estos productos son procesos muy costosos. Por eso han surgido una gran gama de empresas que eluden las leyes y disfrazan los desechos tóxicos como inofensivos y los electrónicos como productos electrónicos reutilizables. Bajo estas nuevas etiquetas los exportan a África occidental y central donde terminan en vertederos que carecen de todo tipo de medidas para prevenir la contaminación.

El tráfico de estos productos entre Occidente (Europa y Estados Unidos, principalmente) y algunos de los países del Golfo de Guinea se ha convertido en algo habitual. Al menos así lo afirma Toxic waste dumping in the Global South as a form of environmental racism: Evidence from the Gulf of Guinea, un artículo de Ifesinachi Okafor-Yarwood e Ibukun Jacob Adewuni en la revista African Studies, que se centra en tres países: Nigeria, Ghana y Costa de Marfil. Ninguno de ellos cuenta con las instalaciones necesarias para la eliminación segura de los desechos tóxicos y peligrosos. Además, los exportadores etiquetan erróneamente los contenedores que los trasladan, lo que les permite eludir las leyes internacionales que prohíben el tráfico transfronterizo de estos materiales.

El documento sostiene que estas operaciones representan racismo ambiental, un término con el que los autores describen una «forma de racismo sistemático, manifestado a través de políticas o prácticas, por el cual las comunidades de color están desproporcionadamente cargadas con peligros para la salud a través de políticas y prácticas que las obligan a vivir cerca de fuentes de desechos tóxicos». Okafor-Yarwood y Adewuni también defienden que el vertido de residuos peligrosos debe ser reconocido por Naciones Unidas como una violación de los derechos humanos.

Al ocultar deliberadamente el contenido de los contenedores que exportan a estos países, las empresas demuestran que conocen que lo que hacen es éticamente incorrecto y que viola las convenciones de Basilea y Bamako, dos convenios que clasifican como ilegal el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos sin el consentimiento del estado receptor.

Nigeria y Ghana son señalados por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente como dos de los principales destinos mundiales de desechos electrónicos (ordenadores, televisores, móviles o microondas, entre otros). Cada mes, los dos reciben cientos de miles de toneladas de estos materiales procedentes de Europa y Estados Unidos en enormes contenedores.

Como estos productos no se reciclan adecuadamente, los desechos han provocado la contaminación del medioambiente. Las comunidades que viven cerca de los vertederos donde termina toda esta basura están expuestas a sustancias químicas como el mercurio y el plomo. La quema de los mismos aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias y de la piel, infecciones oculares y cáncer para quienes trabajan y viven cerca.

Los gobiernos de estos países no son ajenos a este negocio que les genera importantes cantidades de dinero. Ghana consigue alrededor de los cien millones de dólares cada año de los impuestos a los importadores de desechos electrónicos. También favorece que muchas personas que se mueven en la economía informal vivan. Por ejemplo, en Nigeria hasta 100.000 individuos trabajan en el sector informal de desechos electrónicos, procesando medio millón de toneladas de electrodomésticos desechados cada año.

Por su parte, Costa de Marfil sirve a los autores del artículo como ejemplo del secretismo inherente a la industria de los desechos tóxicos y el coste humano y medioambiental del vertido de este tipo de basura.

En 2006, Trafigura, una multinacional de comercio de petróleo con sede en los Países Bajos, no quiso pagar 500.000 euros para tratar y eliminar sus desechos tóxicos en su país de origen. Así que contrató a una empresa marfileña para ello. Al subcontratista marfileño le pagaron 18.500 euros. Los desechos se depositaron en más de 12 ubicaciones alrededor de Abiyán asegurando que el material no era tóxico por lo que no necesitaba ningún tratamiento.

El racismo ambiental se refleja en el hecho de que Trafigura sabía que los desechos eran tóxicos y mintió para llevarlos a Costa de Marfil, afirman los autores, que añaden que «su decisión es racista porque muestra un desprecio hacia la vida de los africanos».

A raíz del incidente, más de 100.000 personas enfermaron y 15 murieron, según una evaluación de 2018 que también mantiene que algunos sitios todavía están contaminados.

Hay muchos más ejemplos como estos en otros países de África occidental y central, principalmente. El uso de África como basurero de Occidente genera grandes beneficios para mucha gente tanto en el continente como en Europa y Estados Unidos, por lo que será muy difícil luchar contra él.