Un segundo decenio

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alrededor de 200 millones de afrodescendientes viven en las Américas y muchos millones más en otros continentes. Ya sea como descendientes de víctimas de la esclavitud, migrantes más recientes o descendientes de personas migradas, se encuentran entre las comunidades más pobres y marginadas del mundo y presentan elevadas tasas de mortalidad.

Para poner fin a las injusticias a las que hacen frente a diario las personas de ascendencia africana, la Asamblea General de la ONU proclamó el período comprendido entre 2015 y 2024 como Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Con él también se aprobó un programa de actividades que permite concretar los compromisos de los Estados en la lucha contra el racismo a nivel global.

¿Pero son suficientes diez años para poner fin a la discriminación estructural contra las personas africanas y afrodescendientes? La realidad es que, pese al histórico proceso de una década de la ONU dedicado a revertir el flagelo del racismo, las comunidades negras siguen sufriendo desigualdades en todo el planeta debido al legado de la esclavitud y el colonialismo.

En efecto, el comercio transatlántico de personas esclavizadas perduró durante cuatro siglos y habría supuesto el tráfico de, al menos, 17 millones de personas secuestradas en África, sin contar a quienes murieron durante el transporte. A pesar de que los países europeos abolieron la esclavitud legal en el siglo XIX, las personas africanas fueron liberadas sin recursos financieros, sin tierras y sin acceso igualitario al empleo y a la educación formal. Así, el período posterior a la abolición de la esclavitud marcó la continuidad de sistemas jerárquicos y prácticas de deshumanización que, todavía hoy, mantienen a las personas afrodescendientes en la base de la pirámide social.

Asimismo, la ejecución pública del afroamericano George Floyd, el 25 de mayo de 2020, por parte de un agente de policía en Minneapolis, destapó la magnitud de la violencia policial contra los afrodescendientes en todo el mundo y dio lugar al reconocimiento, por parte de la comunidad internacional, de que la situación actual de los pueblos negros está relacionada con la violencia radical a la que fueron sometidos en el pasado.

Por ello, y con miras a buscar una justicia reparadora integral para las comunidades afrodescendientes de la región, varios países de América Latina y el Caribe instaron recientemente a la ONU a proclamar un segundo decenio internacional para los afrodescendientes. Esta nueva década centraría los esfuerzos no solo en promover que los países europeos reconozcan su responsabilidad en los crímenes de la esclavitud y el colonialismo, sino también en conseguir que tomen acciones concretas para reparar a los descendientes de las víctimas.

Algunas de estas acciones podrían ser la devolución de objetos robados y saqueados por los europeos en los períodos coloniales, la creación de museos que ayuden a visibilizar los daños ocasionados por la trata esclavista o la condonación de la deuda de los países que fueron colonizados, tal y como ya solicitó Francia Márquez Mina, vicepresidenta de Colombia.

No será tarea fácil que los países colonizadores reparen los efectos del genocidio que cometieron contra la población africana en el pasado. Pero bajo el paraguas de la ONU, el período comprendido entre 2025 y 2034 representará una oportunidad para la acción específica de los Estados hacia la justicia reparatoria y la lucha contra la discriminación racial estructural en los planos local, nacional, regional y mundial.



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