Violencia en el Sahel y falta de empatía gubernamental

El Sahel ha experimentado un mayor aumento de las actividades de los grupos islamistas que el resto de África en los últimos años. Los ataques en los que están involucrados grupos extremistas en la región se han duplicado cada año desde 2015.

En 2019, ha habido más de 700 episodios violentos de este tipo. Las muertes relacionadas con ellos han aumentado de 225 a 2.000 durante el mismo período. Esto ha llevado a que más de 900.000 personas -de ellas 500.000 en Burkina Faso- se hayan visto obligadas a abandonar sus hogares en lo que va de año. Estos son algunos de los datos de los que parte Responding to the rise in violent extremism in the Sahel (En respuesta al aumento del extremismo violento en el Sahel) un informe del African Center for Strategic Studies.

Tres son los principales grupos que operan en la zona: el Frente de Liberación de Macina (FLM), el Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS) y Ansaroul Islam. Solo ellos son responsables de aproximadamente dos tercios de la violencia extremista en el centro del Sahel. Sus ataques se concentran, en gran medida, en el centro de Malí, en el norte y oeste de Burkina Faso y en el oeste de Níger.

Son múltiples las respuestas que se han ofrecido a esta crisis por parte de autoridades locales y la comunidad internacional y, aunque es posible que se hayan logrado algunos avances, la continua escalada de la violencia pone de manifiesto que todavía no se ha dado con la solución definitiva, o al menos que augure que el problema puede decrecer en los próximos años.

Cada grupo ha incorporado, hábilmente, las quejas y reivindicaciones de la población local para favorecer su causa y aumentar el reclutamiento de jóvenes y adeptos, afirma el documento. El sentimiento de marginación y abandono de los gobiernos centrales por parte de los habitantes del Sahel es grande y este elemento ha sido utilizado por los grupos armados para radicalizar a las personas. Muchos jóvenes pastores fulani o peul que viven una fuerte sensación de discriminación, injusticia y resentimiento, han respondido generosamente al llamado de los terroristas. Esto contrasta con el poco apoyo local con el que cuentan los milicianos, ya que la mayoría de las víctimas de los ataques yihadistas son civiles.

Muchos de los ataques han tenido como objetivo a maestros, funcionarios y miembros de la comunidad considerados colaboradores con los representantes del gobierno, en un claro esfuerzo por minar la escasa autoridad de los gobiernos centrales en la zona. Igualmente, y por el mismo motivo, las fuerzas de seguridad también sufren atentados frecuentes por parte de estos grupos. Es cierto que la presencia del Estado es mínima en estas regiones y eso ha ayudado a los islamistas a afianzarse. Las comunidades locales se encuentran atrapadas entre dos fuegos: acusadas de colaborar con los insurgentes por las tropas gubernamentales y de ser aliadas de ellas por los terroristas, son objeto de las represiones de ambos bandos.

El desencanto y la sensación de abandono de la población que habita estas regiones han dado, sin lugar a dudas, alas a los más radicales. A esta situación, los gobiernos han dado una respuesta predominantemente militar con el despliegue de tropas y la creación de grupos especiales, como el G5, para combatir a los insurgentes. Igualmente, la comunidad internacional se ha volcado con el envío de efectivos e inteligencia militar. Sin embargo, se ha puesto poco esfuerzo en buscar soluciones a los problemas sociales y políticos de la región. Todo esto ha favorecido un mayor desafecto de los ciudadanos, que al final no saben dónde cobijarse

La situación es muy compleja, no hay una sola causa, pero evidentemente la militar no es la respuesta que se necesita. Gobiernos locales y comunidad internacional deberían escuchar a los residentes de estas regiones y ver cómo pueden atender a sus reivindicaciones.

Fotografía: Oxfam Internacional