Publicado por Chema Caballero en |
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En el año 2000, el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, impulsó una reforma de la tierra con el objetivo, según él, de corregir las injusticias cometidas durante el tiempo de la colonia. Zimbabue, uno de los últimos países de África en conseguir la independencia, en 1980, contaba con una gran minoría blanca, de origen británico en su mayoría, que era dueña de las mejores tierras del país, y lo siguió siendo hasta la reforma de Mugabe cuando casi en su totalidad, los agricultores blancos, que llevaban décadas cultivando esas tierras, fueron expulsados de ellas.
El Gobierno de Harare asentó en las explotaciones confiscadas a sus propios seguidores, la gran mayoría de los cuales carecía de los conocimientos agrícolas para sacar adelante aquellas explotaciones. Todas ellas producen ahora mismo menos de una cuarta parte de lo que producían hace 16 años, incluso gran parte de las mismas se han convertido en pastos por la falta de explotación. Esto se debe, además de a la falta de experiencia, a un conjunto de factores que han impedido a los nuevos campesinos llevar sus granjas a su máximo nivel.
Por ejemplo, en la actualidad, estos nuevos agricultores se están enfrentando a la mayor sequía experimentada en la zona en el último cuarto de siglo, como consecuencia del fenómeno conocido como El Niño, y a un estancamiento de la economía de Zimbabue que está provocando que los bancos se nieguen a conceder créditos a los agricultores; a esto hay que sumar que los campesinos carecen de títulos de propiedad de las tierras ocupadas lo que les impide acceder también a esos préstamos. Además, las importaciones de productos alimentarios desde algunos países vecinos, principalmente Sudáfrica y Zambia, que resultan más económicos que los producidos en el propio país, igualmente están afectando grandemente a estos empresarios agrícolas, muchos de los cuales no pueden hacer frente a los recibos del agua o la luz de sus explotaciones, por ejemplo, por falta de fondos.
Lo cierto es que por una razón u otra las tierras expropiadas a los agricultores blancos no han producido ni mucho menos lo esperado y, en algunas ocasiones, se han convertido en una carga para los nuevos campesinos. Muchos de ellos eran antiguos combatientes de la guerra de independencia o seguidores de Mugabe que, tras años de protestas y de espera de compensaciones por sus esfuerzos, lideraron, con el beneplácito del Gobierno del país, la ocupación de las tierras; campaña que comenzó a finales de los años 90 del siglo pasado. La gran mayoría de ellos no tenían ninguna experiencia como agricultores, como ya hemos señalado, y, mucho menos como empresarios agrícolas de grandes explotaciones que contaban, y necesitaban para producir, con grandes medios mecánicos y regadíos.
La ocupación de tierras junto a la reforma propulsada por el Gobierno de Mugabe ha llevado a la evicción de unos 5.000 granjeros blancos de las tierras que ocupaban durante los últimos 16 años, normalmente de manera violenta, lo que también ha tenido como consecuencia que más de una docena de ellos perdieran la vida. Se calcula que todavía quedan unos 300 agricultores blancos en Zimbabue, los cuales han sido amenazados recientemente cuando el presidente Mugbe, en un mitin con veteranos de guerra, declaró que pronto estas tierras serán expropiadas, al igual que algunas partes de los parques nacionales, para crear nuevas granjas. Esta nueva medida parece que solo tienen un objetivo recaudatorio por parte del gobierno con el fin de conseguir fondos que le permitan pagar compensaciones por las tierras expropiadas y así lavarse la cara frente a la comunidad internacional.
Las ocupaciones y expropiaciones de tierras, junto con alegaciones de fraude electoral y violaciones de derechos humanos, llevó a la imposición de sanciones por parte de Occidente, la cual estuvo liderada por Reino Unido, antiguo poder colonial y cuya nacionalidad todavía ostentaban muchos de los campesinos blancos expulsados de sus tierras. Esto significó el inicio de una fuerte crisis económica que, hasta el día de hoy, golpea a Zimbabue, país que vio como cualquier financiación proveniente del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Africano de Desarrollo, por ejemplo, se paralizaba al mismo tiempo que no era capaz de hacer frente a sus deudas.
Un problema que hasta ahora queda pendiente es el pago de compensaciones a los campesinos blancos expropiados, medida exigida por la comunidad internacional; tema que el Gobierno de Harare ha estado ignorando durante años, pero que en los últimos meses ha retomado, y parece que esta vez va en serio, ya que la solución de este problema posiblemente ayudaría a que se aflojasen las sanciones internacionales sobre Zimbabue. De hecho, las instituciones financieras occidentales están presionando al Gobierno de Mugabe para que pague con el argumento de que si lo hiciera podría volver a tener acceso a créditos tanto para el gobierno como para el sector privado.
Zimbabue tiene que pagar a los agricultores blancos 8.6 mil millones de dólares por los bienes inmuebles expropiados y 2.8 mil millones por las tierras.
El gobierno tiene que satisfacer parte de esa deuda y, como todos los indicadores señalan, se ha embarcado en la búsqueda de fondos internacionales para ello, sabiendo que muchas de las grandes instituciones financieras mundiales no le van a prestar ninguna ayuda, al menos que ponga fin a este problema.
Por su parte, los campesinos que recibieron las tierras tienen que pagar otra parte de estas compensaciones y ahora se encuentran con la imposibilidad de hacerlo. Después de años de intentar sacar adelante las granjas y vistas todas las dificultades y obstáculos a los que se enfrentan en la actualidad, no tienen la cantidad de dinero que se espera contribuya a poner fin a este problema. Por esta razón, los líderes campesinos piden al Gobierno de Mugabe que encuentre otros medios para conseguir esta cuota del dinero. Pero la administración se inclina más por imponer tasas de alquiler y presionar a los campesinos que por condonarles la deuda y buscar medidas alternativas.
Teniendo en mente todos estos factores, el ministro de economía, Patrick Chinamasa, anunció el pasado nueve de marzo un paquete de reformas que incluye la clasificación de las granjas por tamaño y la reducción de los sueldos de los funcionarios. Según él, el plan cuenta con el pleno apoyo del presidente Mugabe.
El nuevo proyecto también quiere reubicar a 300.000 nuevas familias en tierras tomadas a los últimos campesinos blancos y de los parques nacionales, a cambio de un alquiler que se fijaría en función del tamaño de la granja. Este dinero iría destinado al fondo de compensación para las personas desalojadas.
El Gobierno de Harare se enfrenta al dilema de indemnizar o verse abocado a seguir lidiando con una fuerte crisis económica. Parece que después de años de despreciar la primera opción, ahora se la está tomando en serio y para ello está poniendo toda la presión sobre los campesinos del país. Sin embargo, queda la duda de si los nuevos agricultores, que tendrán que afrontar los mismos problemas que los anteriores- falta de experiencia en el sector agrícola y escasez de créditos-, podrán hacer frente al pago de los alquileres, una vez que los antiguos ya han declarado públicamente que les es imposible.
Otro problema añadido es que toda la tierra agrícola de Zimbabue es propiedad del gobierno por lo que los agricultores carecen de títulos de propiedad que les permitan hipotecar sus fincas para conseguir créditos bancarios con el fin de mejorar las explotaciones y comprar semillas o abonos, por ejemplo, lo que les permitan mejorar la producción y aumentar sus beneficios.
Para hacer frente a esta situación, entre las últimas medidas anunciadas por el gobierno, se ha incluido la de que, en breve, se otorgarán títulos de arrendamientos por un período de 99 años a los nuevos campesinos, con el objetivo de que puedan obtener la financiación que necesitan.
Evidentemente, desde un primer momento, la reforma agraria de Mugabe ha sido un tema muy controvertido con opiniones en todos los sentido. Los partidarios de la misma alegan que ha permitido a la población negra del país acceder a las mejores tierras del mismo, revertiendo una injusticia histórica impuesta por los colonizadores, que en su tiempo se apoderaron de las mismas a la fuerza, desplazando a pueblos enteros u obligándoles a trabajos forzados. Los opositores la ven como una medida populista, que solo ha beneficiado a los partidarios de Mugabe y que ha alejado al país de la seguridad alimentaria de la que hace solo una década disfrutaba.
Lo que es cierto es que la reforma agraria era una necesidad en Zimbabue y que las cosas hubieran funcionado mucho mejor, y posiblemente los nuevos agricultores serían capaces de pagar su parte de las compensaciones, si la comunidad internacional no hubiera impuesto unas sanciones motivadas por la necesidad de vengar a unos campesinos blancos, de origen británico, que se habían apoderado de las mejores tierras del país gracias al poder colonial y a costa del sufrimiento de muchos nativos del mismo.
Pero tampoco podemos negar la realidad. Desde que se produjo la expropiación de tierras a los campesinos blancos, la producción agrícola del país se ha desplomado. Esto ha llevado al presidente Mugabe a reconocer, a mediados de marzo pasado, las habilidades de los agricultores blancos, muchos de los cuales se asentaron en países vecinos (principalmente Zambia, Malaui y Mozambique) y que han ayudado a aumentar la producción agrícola de los mismos, los cuales exportan productos agrarios a Zimbabue en la actualidad.
Tanto el presidente Mugabe como su ministro de finanzas han acusado a los campesinos negros de producir muy poco. Curiosamente estas declaraciones, junto al anuncio de las nuevas expropiaciones y de las nuevas tasas a los campesinos, se producen en el momento en que el Gobierno de Harare necesita ganar de nuevo el favor del Fondo Monetario Internacional para conseguir préstamos que le ayuden a salir de la difícil situación financiera en la que se encuentra.
Toda la carga de esta intentona cae, una vez más, sobre los sectores de la población más pobres, los cuales no tienen ningún margen de maniobra para conseguir nuevos ingresos o acceder a créditos que les permitan aumentar su producción.
Se trata de un intento de lavado de imagen del régimen de Mugabe a costa de los sectores más pobres de la población.
Fotografía: Government ZA
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